
Evo Morales Ayma presidente de la República de Bolivia
Hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, Europa fue un continente de emigrantes. Decenas de millones de Europeos partieron a las Américas para colonizar, escapar de las hambrunas, las crisis financieras, las guerras o de los totalitarismos europeos y de la persecución a minorías étnicas. Hoy, estoy siguiendo con preocupación el proceso de la llamada «directiva retorno». El texto, validado el pasado 5 de junio por los ministros del Interior de los 27 países de la Unión Europea, fue posteriormente aprobado el 18 de junio en el Parlamento Europeo. Siento que endurece de manera drástica las condiciones de detención y expulsión a los migrantes indocumentados, cualquiera sea su tiempo de permanencia en los países europeos, su situación laboral, sus lazos familiares, su voluntad y sus logros de integración.
A los países de América Latina y Norteamérica llegaron los europeos, masivamente, sin visas ni condiciones impuestas por las autoridades. Fueron siempre bienvenidos, y lo siguen siendo, en nuestros países del continente americano, que absorbieron entonces la miseria económica europea y sus crisis políticas. Vinieron a nuestro continente a explotar riquezas y a transferirlas a Europa, con un altísimo costo para las poblaciones originales de América. Como en el caso de nuestro Cerro Rico de Potosí y sus fabulosas minas de plata que permitieron dar masa monetaria al continente europeo desde el siglo XVI hasta el XIX. Las personas, los bienes y los derechos de los migrantes europeos siempre fueron respetados.
Hoy, la Unión Europea es el principal destino de los migrantes del mundo, lo cual es consecuencia de su positiva imagen de espacio de prosperidad y de libertades públicas. La inmensa mayoría de los migrantes viene a la UE para contribuir a esta prosperidad, no para aprovecharse de ella. Ocupan los empleos de obras públicas, construcción, en los servicios a la persona y hospitales, que no pueden o no quieren ocupar los europeos. Contribuyen al dinamismo demográfico del continente europeo, a mantener la relación entre activos e inactivos que vuelve posible sus generosos sistemas de seguridad social y dinamizan el mercado interno y la cohesión social. Los migrantes ofrecen una solución a los problemas demográficos y financieros de la UE.
Para nosotros, nuestros migrantes representan la ayuda al desarrollo que los Europeos no nos dan, ya que pocos países alcanzan realmente el mínimo objetivo del 0,7% de su PIB en la ayuda al desarrollo. América Latina recibió, en 2006, 68.000 millones de dólares de remesas, o sea más que el total de las inversiones extranjeras en nuestros países. A nivel mundial alcanzan 300.000 millones de dólares, que superan a los 104.000 millones otorgados por concepto de ayuda al desarrollo. Mi propio país, Bolivia, recibió mas del 10% del PIB en remesas (1.100 millones de dólares) o un tercio de nuestras exportaciones anuales de gas natural.
Es decir, que los flujos de migración son benéficos tanto para los Europeos y de manera marginal para nosotros del Tercer Mundo ya que también perdemos a contingentes que suman millones de nuestra mano de obra calificada, en la que de una manera u otra nuestros estados, aunque pobres, han invertido recursos humanos y financieros.
Lamentablemente, el proyecto de «directiva retorno» complica terriblemente esta realidad. Si concebimos que cada estado o grupo de estados puede definir sus políticas migratorias en toda soberanía, no podemos aceptar que los derechos fundamentales de las personas sean denegados a nuestros compatriotas y hermanos latinoamericanos. La «directiva retorno» prevé la posibilidad de un encarcelamiento de los migrantes indocumentados hasta 18 meses antes de su expulsión o «alejamiento», según el término de la directiva. ¡18 meses! ¡Sin juicio ni justicia! Tal como está hoy el proyecto de texto de la directiva viola claramente los artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En particular el artículo 13 de la Declaración reza:
«1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país».
Y lo peor de todo, existe la posibilidad de encarcelar a madres de familia y menores de edad, sin tomar en cuenta su situación familiar o escolar, en estos centros de internamiento donde sabemos ocurren depresiones, huelgas de hambre, suicidios. ¿Cómo podemos aceptar sin reaccionar que sean concentrados en campos compatriotas y hermanos latinoamericanos indocumentados, de los cuales la inmensa mayoría lleva años trabajando e integrándose? ¿De qué lado esta hoy el deber de ingerencia humanitaria? ¿Dónde está la «libertad de circular», la protección contra encarcelamientos arbitrarios?
Paralelamente, la Unión Europea trata de convencer a la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) de firmar un «Acuerdo de Asociación» que incluye en su tercer pilar un Tratado de Libre Comercio, de misma naturaleza y contenido que los que imponen los Estados Unidos. Estamos bajo intensa presión de la Comisión Europea para aceptar condiciones de profunda liberalización para el comercio, los servicios financieros, propiedad intelectual o nuestros servicios públicos. Además, a título de la protección jurídica se nos presiona por el proceso de nacionalización del agua, el gas y telecomunicaciones realizados en el Día Mundial de los Trabajadores. Pregunto, en ese caso ¿dónde está la «seguridad jurídica» para nuestras mujeres, adolescentes, niños y trabajadores que buscan mejores horizontes en Europa?
Promover la libertad de circulación de mercancías y finanzas mientras en frente vemos encarcelamiento sin juicio para nuestros hermanos que trataron de circular libremente. Eso es negar los fundamentos de la libertad y de los derechos democráticos.
Bajo estas condiciones, de aprobarse esta «directiva retorno», estaríamos en la imposibilidad ética de profundizar las negociaciones con la Unión Europea, y nos reservamos el derecho de normar con los ciudadanos europeos las mismas obligaciones de visa que nos imponen a los bolivianos desde el primero de abril de 2007, según el principio diplomático de reciprocidad. No lo hemos ejercido hasta ahora, justamente por esperar buenas señales de la UE.
El mundo, sus continentes, sus océanos y sus polos conocen importantes dificultades globales: el calentamiento global, la contaminación, la desaparición lenta pero segura de recursos energéticos y biodiversidad mientras aumenta el hambre y la pobreza en todos los países, fragilizando nuestras sociedades. Hacer de los migrantes, sean documentados o no, los chivos expiatorios de estos problemas globales, no es ninguna solución. No corresponde a ninguna realidad. Los problemas de cohesión social que sufre Europa no son culpa de los migrantes, sino el resultado del modelo de desarrollo impuesto por el Norte, que destruye el planeta y desmiembra las sociedades de los hombres.
En nombre del pueblo de Bolivia, de todos mis hermanos del continente, regiones del mundo como el Magreb, Asia y los países de África, hago un llamado a la conciencia de los líderes y diputados europeos, de los pueblos, ciudadanos y activistas de Europa, para que no se apruebe el texto de la «directiva retorno».
Tal cual la conocemos hoy, es una directiva de la vergüenza. Llamo también a la Unión Europea a elaborar, en los próximos meses, una política migratoria respetuosa de los derechos humanos, que permita mantener este dinamismo provechoso para ambos continentes y que repare de una vez por todas la tremenda deuda histórica, económica y ecológica que tienen los países de Europa con gran parte del Tercer Mundo, que cierre de una vez las venas todavía abiertas de América Latina. No pueden fallar hoy en sus «políticas de integración» como han fracasado con su supuesta «misión civilizatoria» del tiempo de las colonias.
Reciban todos ustedes, autoridades, europarlamentarios, compañeras y compañeros saludos fraternales desde Bolivia. Y en particular nuestra solidaridad a todos los «clandestinos».
jueves, 17 de julio de 2008
Carta abierta a propósito de la «directiva retorno»
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martes, 15 de julio de 2008
Diez años sin Egin
Mikel Ayuso
Hoy se cumplen diez años del cierre de Egin y de Egin Irratia. Fue un cierre sin pruebas, sin garantías, sin justicia. Cerraron un periódico, un medio de comunicación, de esos para los que su Constitución -Constitución jamás aprobada en Euskal Herria- otorga todos los derechos habidos y por haber. De la sentencia que materializó el cierre de Egin siempre me llamó la atención la ausencia completa de pruebas que justificaran la fatal decisión. Pero, claro, como afirmaban los propios jueces, no hacían falta pruebas, bastaba con saber leer:
"«El diario que «satanizaba» a determinadas personas, por su profesión, por su falta de afinidad ideológica con los métodos y fines de la organización terrorista ETA y organizaciones afines a ésta, constituyéndolos en objetivos de las acciones sangrientas encomendadas a su facción armada o a otros actos de violencia y coacción desarrollada por su frente de masas, se llamaba Egin, sobre todo, a partir del nombramiento de Salutregi Menchaca y Toda Iglesia, como director y subdirectora respectivamente de este medio, y para comprobar la certeza de lo que decimos sólo se requiere saber leer».
Información sobre el cierre se puede encontrar en http://egin10.info/, un blog realizado por un grupo de ex trabajadores de Egin.
Ahora le toca el turno a Euskaldunon Egunkaria, cerrado por la nueva inquisición en 2003. Las FAQ sobre este juicio se pueden encontrar en este blog:
http://www.javierortiz.net/voz/egunkaria/faq-sobre-el-juicio-a-egunkaria
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El derecho a conocer la lengua propia
Ramón Zallo
El “Manifiesto por la lengua común” mira las lenguas no desde la cultura y su diversidad sino desde una determinada visión política; y esconde una operación encaminada a provocar una involución en el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística del Estado. El documento subordina e instrumentaliza las lenguas a la construcción política del Estado (“una inquietud estrictamente política”; “una lengua política común”). Ese concepto de Estado es de clara inspiración borbónica y liberal-decimonónica frente al modelo de los Austrias (austracismo) que entendía lenguas y Estados de forma convivencial y no jerárquica. Aquí hay una operación lerrouxista.
No estamos ante una defensa del castellano frente a las nada amenazadoras lenguas minoritarias en el Estado, sino ante un manifiesto que busca fundamentar culturalmente un nacionalismo español reactivo promoviendo un modelo de Estado piramidal. En efecto, no solo propugna que se ratifique de derecho lo que, lamentablemente, ya ocurre de hecho en el Estado Español, “una asimetría entre las lenguas españolas oficiales”, sino también que el castellano pase al estatus de la lengua política propia de todos los españoles y al de preferente en el interior de las Comunidades con lengua propia, bajo la falsa y victimista premisa de que se está persiguiendo al castellano. El manifiesto entiende la diversidad como un problema.
Es una hipocresía digna de mejor causa que los mismos que niegan que las lenguas tengan derechos, en cambio, les atribuyan obligaciones. Dan por bueno que la Constitución -con criterio injusto- establezca una obligación colectiva (con carácter exclusivo) de saber el castellano; y, en cambio, cuestionan una política de mera preferencia (sin exclusión del castellano) para esas lenguas propias en sus cunas culturales. Hoy el castellano es la lengua de uso exclusivo en el funcionamiento del Estado compartido, en el sistema de medios de comunicación, en las relaciones económicas o en los flujos sociales e intercambios culturales, relacionales y comunicativos. El castellano lo domina el 100% de las comunidades bilingües. Las demás lenguas del Estado, en cambio, sí tienen un problema. No verlo es pura ceguera interesada. Por motivos de equilibrio, una política de apoyo especial es imprescindible ante el predominio diglósico del castellano.
Produce sonrojo esta polémica que nos indica el agujero negro que hay en el pensamiento político sobre la diversidad, el pluralismo y la calidad integradora de la democracia española misma. Si como se pide en el manifiesto, el Parlamento español adoptara medidas restrictivas con una “normativa legal (con reforma constitucional y de estatutos autonómicos)”, a nadie se le escapa el riesgo de fractura que ese tipo de iniciativas podrían propiciar. Han abierto una absurda y peligrosa guerra lingüística. A la condición de lenguas maltratadas por la historia de la construcción del Estado español, y a su condición de minorizadas en muchos ámbitos internos, tienen que añadir ahora la de querer ser relegadas al estatus de lenguas y culturas secundarias y no integrales, meros apéndices de una supuesta cultura y lengua común.
Proteger la diversidad y la libertad
En plena era de la defensa de la diversidad de culturas propiciada por la UNESCO, ha salido a relucir en la polémica la fundamentación filosófica de fondo de esa posición: el darwinismo cultural. Se sostiene que sean el tamaño del número de hablantes y los mercados lingüísticos los criterios del futuro de las lenguas, y deslegitimando que se puedan proteger las lenguas menos robustas. Y lo defienden incluso personas que les horrorizaría un criterio darwinista en lo social, o que defienden la excepción cultural en el audiovisual internacional.
Estatutaria e históricamente, el gallego, el catalán y el euskera son las lenguas propias de sus comunidades. El castellano, en cambio, es la lengua común -por conocida por todos que no por propia aunque sí por apreciada- con el resto del Estado, y la cooficial en nuestras comunidades. Asimismo frente a la idea de que el castellano también “es la común dentro de esa comunidad”, hay que decir que es una lengua cooficial, más apropiada que propia, y que se debe aspirar a que sean comunes a nuestras ciudadanías tanto la lengua propia como la cooficial. Se trata de disponer del derecho colectivo a conocer bien la propia (y la otra) lengua para que cada cual pueda ser realmente libre de usar la que quiera, cuando quiera, y según las situaciones.
Derecho de las ciudadanías
Hay que estar a favor de todos los derechos individuales y colectivos que lo sean, pero además de reconocerlos todos, no se deben confrontar. Con esta campaña se quiere oponer al derecho colectivo a la lengua propia, un dudoso derecho individual a elegir lengua vehicular en nuestros sistemas educativos (el derecho a la educación no tiene el corolario del derecho a un modelo lingüístico educativo a la carta, como reconoce la jurisprudencia) al igual que el derecho a usar cualquier lengua no tiene el corolario de que cualquier ciudadano tenga derecho a ser atendido institucionalmente en cualquier lengua en cualquier parte.
Hay un derecho individual en cada comunidad bilingüe a hablar en el idioma que se quiera (“opción lingüística”) y un derecho a que las dos lenguas sean dominadas al final del ciclo educativo, cuestión esta que los sistemas garantizan, además de la obtención de un buen nivel de una tercera lengua. No siendo planteable la exclusión de las matemáticas o el inglés de los currícula, no es razonable tampoco que se pueda ejercer una objeción de conciencia familiar, en el sistema público o concertado, a unos modelos lingüísticos adaptados ad hoc que, dando preferencia a la lengua propia, busquen que, al final del ciclo formativo, sea competente todo el alumnado en saberes y en las dos lenguas de la comunidad. Hay que evitar que por desconocimiento de la lengua propia haya una futura ciudadanía no integrada o en desigualdad de oportunidades.
Quizás haya que plantear un boomerang para esta campaña en la medida de que se incumple el artículo 3.3. de la Constitución Española que indica que “La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección” en todo el Estado español (se entiende). Por ejemplo, los medios de RTV públicos y privados españoles sólo utilizan el castellano para emitir para todas las CCAA. Parece necesario concretar ese artículo a escala estatal con criterios de respeto y proporcionalidad en beneficio de las “demás lenguas españolas”. En efecto, en Cortes Generales, en el sistema de medios de ámbito estatal que hoy excluyen a las otras lenguas; en algunas rotulaciones ad hoc en lugares muy visitados en el Estado y en las comunicaciones institucionales significativas con nuestras comunidades, en un Estado que se dice pluricultural y que es plurinacional, debieran visibilizarse en mucha mayor medida las otras lenguas. No olvidemos que el censo de los territorios con lengua distinta al castellano supone, nada menos, que el 40% de la población en España y, sin embargo, son invisibles para el otro 60%.
Finalmente, no sólo hay que defender las lenguas como patrimonio, sino también los derechos de sus hablantes y de las ciudadanías, que entienden perfectamente que las autoridades deben aplicar criterios de discriminación positiva en los Estados plurinacionales que no terminan de interiorizar cultural, jurídica y políticamente que lo son. Este es el fondo del problema.
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lunes, 14 de julio de 2008
Entrevista a Ander Rodríguez Lejarza, concejal de Ezker Batua-Zutik en Arrasate

De la web http://www.espacioalternativo.org/node/2958
Por Raúl Camargo
Ander.– No somos pocos los que siempre hemos tenido en el frontispicio la voluntad de crear una izquierda vasca civil y amplia que se configure como herramienta y no como fin en sí mismo. La transformación social como objetivo y como camino el aglutinar fuerzas entorno a esta idea. Siempre ha existido y existirá esa voluntad, evidentemente hay coyunturas más propicias que otras, se abren y cierran posibilidades. Personalmente creo que existen posibilidades aunque tal vez no sea la coyuntura óptima para iniciar un proceso que a medio y largo plazo es necesario abordar.
Raúl.– ¿Cómo valoras el encarcelamiento de la Alcaldesa de Arrasate, Ino Galparsoro?
Ander.– El encarcelamiento de la Alcaldesa de Arrasate, Ino Galparsoro, ordenado por el juez Baltasar Garzón no es más que otra piedra en ese camino del que también forman parte las mociones de censura, el macro proceso 18/98+ o la Ley de Partidos.
Digo impulso político, porque este tipo de actuaciones tienen su origen en la Ley de Partidos, o de Partido para ser más exacto porque solo fue concebida para un solo partido. De lo general a lo particular, solicitamos la liberación de la Alcaldesa de Arrasate porque no son este tipo de “castigos ejemplares”, aunque éstos vengan envueltos por vía judicial, los que van a devolver la “dignidad” al pueblo de Arrasate, y mucho menos los que nos van a llevar a un nuevo escenario hacia la normalización y pacificación de Euskal Herria. Ni ETA, ni esta tipo de decisiones judiciales, son los garantes de una democracia real que exige el respeto de todos los derechos humanos para todas las personas y de todos los proyectos políticos.
Cuando nos desmarcamos de la iniciativa de la Moción de Censura, advertimos que no compartíamos la misma porque no podíamos ser partícipes de futuras medidas que respondían al mismo impulso y vía, a esto nos referíamos con aquel vaticinio.
R.– Tras el asesinato de Isaías Carrasco, ¿se ha visto afectada la convivencia entre los vecinos?
A.– El riesgo de fractura social, el riesgo de ruptura de la convivencia, el riesgo de enfrentamientos ha sido y es un riesgo real que ha día de hoy no se ha llegado a sustanciar. Esta situación ha sido no pocas veces azuzada por ciertos partidos y medios de comunicación llevando los sentimientos a los verdes campos de la irracionalidad. Esto es una grave irresponsabilidad. La clase política tiene que ser capaz de serenar los ánimos en coyunturas de dolor, rabia y consternación; no dedicándose a azuzar pasiones para conseguir determinados fines que nada tienen que ver con la paz y la normalización política.
R.- Los "mociones éticas" presentadas por PSE y PNV en varios municipios donde gobierna ANV se han saldado con rotundos fracasos ¿piensas que su objetivo era empezar a marcar el camino para una nueva alianza de estos dos partidos en el Gobierno Vasco?
A.– El objetivo de las “mociones éticas” respondió a la cautividad en la que sumió el PSE al PNV tras el rechazo de Egibar a transitar por citada vía, después los jeltzales tuvieron que activar las “mociones éticas” previas a la censura para ganar tiempo y aplacar los envistes de los grandes medios de comunicación.
R.- La presión mediática y de los poderes fácticos fue muy fuerte antes, durante y después de la presentación de la moción ética ¿cuáles han sido los argumentos de la Asamblea de EB-Zutik para no haber cedido ante tantas presiones?
A.– En todo momento defendimos los elementos más básicos de la democracia, que no son otros que la toma de decisiones en el ámbito correspondiente y mediante la participación de la más amplia representación de afiliados, militantes y simpatizantes. En todo momento los tres representantes institucionales nos comprometimos a hacer respetar la decisión adoptada hasta sus últimas consecuencias. No comprendemos las lógicas que nos tratan de imponer, en especial aquellas que hacen énfasis en los intereses electorales generales, ¿no debe esa izquierda que se autodenomina como transformadora y alternativa romper con estas lógicas políticamente correctas que sólo buscan el interés electoral cortoplacista?
R.– La dirección de IU, por boca de Llamazares, ha dicho que "estáis fuera de la organización", y que van a cambiar los Estatutos de EB para poder expulsaros ¿pensáis que acabarán haciéndolo?
A.– Llamazares ha representado un papel más que cuestionable en todo lo acontecido en los últimos meses, lanzar amenazas que no puede concretar al carecer de instrumentos para ello roza el ridículo político. Hemos podidos comprobar cómo la lista triunfante en la Asamblea de EB instrumentalizaba la cuestión de la moción de censura para arbitrar un recorte democrático en toda regla en nuestra organización, para después olvidarse de las promesas públicas entorno a nuestra expulsión.
R.- ¿Cómo vistéis la Asamblea de EB de finales de mayo, pensáis que es posible un cambio de rumbo o que se va a certificar la deriva institucional seguida durante estos años?
A.– Ha sido público y notorio que el rumbo de EB continuará sin cambio durante los próximos años, era posible el cambio sobre unas bases democráticas pero el EPK jugó un papel incomprensible en relación a lo que predica.
R.- Para finalizar ¿pensáis que existen posibilidades de crear un nuevo sujeto político de la izquierda vasca que responda a los intereses de las clases desfavorecidas, tenga un vínculo estrecho con los movimientos sociales y defienda el derecho de autodeterminación del pueblo vasco?
A.– No somos pocos los que siempre hemos tenido en el frontispicio la voluntad de crear una izquierda vasca civil y amplia que se configure como herramienta y no como fin en sí mismo. La transformación social como objetivo y como camino el aglutinar fuerzas entorno a esta idea. Siempre ha existido y existirá esa voluntad, evidentemente hay coyunturas más propicias que otras, se abren y cierran posibilidades. Personalmente creo que existen posibilidades aunque tal vez no sea la coyuntura óptima para iniciar un proceso que a medio y largo plazo es necesario abordar.
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viernes, 11 de julio de 2008
'Il postino' contra Sarkozy: Un cartero trotskista lidera la oposición de izquierda en Francia

El anticapitalismo está de moda. Aunque la palabra “capitalismo” haya perdido su vigencia y sea su equivalente, el liberalismo, quien ocupe hoy la mejor escala de la terminología, la popularidad de un hombre político francés de extrema izquierda puso a esta corriente ideológica en el horizonte de las tendencias de moda.
Eduardo Febbro / Rebelión (Página 12)
Olivier Besancenot lidera la Liga Comunista Revolucionaria y está ganando una fama inesperada con una estrategia “moderna” que incluye hasta ir a los programas de moda. El raro caso de un izquierdista “duro” y muy mediático.
Mucho más a la izquierda de esa izquierda socialista de corbatas liberales y sueños igualitarios están los trotskistas franceses de la Liga Comunista Revolucionaria, LCR, liderados por un personaje joven y simpático, cartero de profesión, que restauró la imagen de la izquierda radical sin cambiar de discurso pero haciendo algunas concesiones mediáticas a la legendaria estrechez de los trotskistas. Olivier Besancenot acude sin remordimientos a los programas de televisión adonde abundan los cantantes de moda, las top models, los cómicos y todos los descendientes y ascendientes de la farándula nacional e internacional. El líder trotskista conquistó dos estatutos contradictorios: revolucionario y estrella de los medios. El uso de la frecuencia catódica lo propulsó a niveles inéditos de popularidad que, en menor medida pero de manera consistente, se reflejan en las urnas.
Mientras los socialistas franceses prosiguen con su insoluble mascarada, el líder trotskista se da el lujo de ser hoy, en los sondeos, el opositor más sólido del presidente conservador francés, Nicolas Sarkozy. Hay que reconocer que el Partido Socialista ha contribuido a ese mérito. Por ejemplo, en pleno giro liberal, los socialistas inventaron una nueva definición de su difusa propuesta política. Bertrand Delanoë, el intendente socialista de París y aspirante a la investidura presidencial del PS, confesó que era al mismo tiempo “liberal y socialista”. El intendente de la capital francesa también explicó que milita para que el Partido Socialista sea, “al fin, un partido de managers”. Olivier Besancenot es un fenómeno moderno que se inscribe de manera anacrónica pero eficaz en el telón movedizo de las ideas. Pocos ejemplos hay en Occidente iguales al modelo político francés. En los últimos años, Francia vio cómo intelectuales e izquierdistas revolucionarios de antaño vestían las camisas y las ideas de la derecha. El último año ha sido aun más contundente: dirigentes socialistas de peso histórico pasaron a formar parte del gobierno de derecha de Nicolas Sarkozy. Besancenot permanece fiel a los enunciados trotskistas, a la demolición sistemática de ese gran robo universal que es el liberalismo y a la defensa de una clase obrera que aunque ya no exista en el vocabulario moderno sigue siendo real. Simpático, metódico, suave y sin concesiones ante sus adversarios, Olivier Besancenot acaba de lanzar el NPA, Nuevo Partido Anticapitalista. El líder trotskista se propone mucho más que un partido con identidad de izquierda radical. Según explica con una sonrisa comprensiva de maestro de escuela primaria, se trata de ampliar la actual Liga Comunista Revolucionaria y hacer del NPA “una prolongación de todas las resistencias sociales”. El Nuevo Partido Anticapitalista será creado oficialmente en enero de 2009 pero ya tiene un inédito horizonte de posibilidades confirmadas semana tras semana por las encuestas de opinión y la movilización de los electores. Aunque parezca una boutade, la pregunta que se hacen hoy los analistas consiste en saber si acaso no será la corriente trotskista encarnada por Olivier Besancenot quien represente a la izquierda en las próximas citas electorales de envergadura.
El último sondeo de opinión no sólo lo define como el mejor adversario de Sarkozy sino como un hombre político al que los franceses les gustaría que tuviese “más influencia en la vida política del país”. Los simpatizantes de este personaje poco común se identifican no sólo con su perfil sino también con sus ideas. “Siempre voté por la izquierda pero sabiendo que esa izquierda, que era la única que había, no representaba la verdadera izquierda con la que soñaba. Ahora siento que esa izquierda ideal existe”, dice Jean Pierre Decente, un joven informático del este de París. De hecho, el NPA ocupa el lugar dejado vacante por los socialistas e incluso los comunistas. Mientras el PC corre detrás de su agonía y el PS se desgarra para disimular su tendencia liberal, Olivier Besancenot siembra el fértil terreno abandonado por la izquierda tradicional. Para él, la meta es construir “una izquierda de combate anticapitalista, internacionalista, antirracista, ecologista, feminista, indignada por todas las discriminaciones”. Incluso el PS empieza a reconocer que Olivier Besancenot ha conquistado el lugar que el histórico partido de la rosa dejó vacante. La Fundación Jean Jaures, un cenáculo cercano al PS, dice: “En momentos en que el PS debate sobre su estrategia de alianza y sobre la oportunidad de hacer suyo cierto liberalismo, la corriente política encarnada por Olivier Besancenot podría abrirse nuevas perspectivas”.
Esas perspectivas se miden en las urnas de las encuestas con un abanico que oscila entre 45 y 60 por ciento de opiniones favorables. Los responsables de las encuestadoras reconocen que “algo serio está pasando, no se trata solamente de una burbuja de jabón”. Olivier Besancenot le debe mucho de su popularidad a la mediocridad del discurso político actual, a la aterradora imagen que se desprende de los debates televisivos donde todos dicen casi lo mismo y parecen amigos de infancia, a la no menos escalofriante cobardía de los periodistas del sistema, incapaces de hacer una pregunta peligrosa, de corregir un error o interrumpir ante una mentira. El joven trotskista reparte golpes y denuncias con una tranquilidad de eclesiástico. Sin dudas falta aún que esa popularidad se transforme en peso electoral específico. Pero una parte del camino –milagro– está recorrido. Que un trotskista tenga hoy más credibilidad y suscite más simpatías que los socialistas dice mucho sobre el estado en que se encuentra la izquierda oficial. Y el sueño de Olivier Besancenot es precisamente ese: montar un partido capaz de acaparar todo el amplio sector que está a la izquierda del PS. El trotskismo francés detenta un verdadero peso electoral. Su discurso capta no sólo lo que está a la izquierda del PS sino, también, a todo aquello que ronda en torno de los movimientos sociales. El caso francés no es único. En Alemania, el Die Linke, el partido que surgió en 2007 con la fusión entre la izquierda del SPD y el PDS, ex Partido Comunista de Alemania del Este, es hoy la tercera fuerza política del país con 14 por ciento de intenciones de voto. En Dinamarca, el Partido Socialista Popular (extrema izquierda), SF, le hace sombra al Partido Social Demócrata. Las izquierdas radicales de antaño se afirman allí donde los socialismos históricos invocan el pasado al tiempo que inscriben sus plataformas según los mandatos del presente liberal.
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miércoles, 9 de julio de 2008
La Alianza con los empresarios frena el camino al socialismo

Siguiendo por América Latina cabría detenerse en Venezuela. Que duda cabe que frente al agresivo Imperialismo de los Estados Unidos Chávez ha jugado roles progresivos en determinados momentos y que su proyecto nacional bolivariano a supuesto ciertas concesiones al gran avance de la movilización y los movimientos de las masas venezolanas en lucha y que su discurso sobre el socialismo del siglo XXI ha sabido atraerse las simpatías de numeroso sectores de izquierda y de la intelectualidad sobre todo europea. Pero a muchos revolucionarios socialistas e internacionalistas también nos suscita algunas desconfianzas viendo determinadas practicas y políticas que por un lado nos recuerdan viejos ensayos populistas (Perón, Cardenas, etc) y determinados modelos de partido único que nos recuerdan el fracaso de los proyectos totalitarios de la burocracia del socialismo real. Aquí vamos añadir dos artículos que nos pueden ilustrar hacia una respuesta de la pregunta ¿Hacia donde va Chávez?
Permítanme una cita muy sugerente sobre los límites del pensamiento libre:“Quiero decirles esto: Nuestro enemigo principal no es el imperio, ni la burguesía, ni la burocracia. Nuestro enemigo principal es el miedo y lo llevamos dentro” Domitila Barrios luchadora incansable boliviana.
Ambos artículos han sido publicados en la Web Aporrea.org (Marce)
“Considerar que la Alianza no debe ser con los grandes empresarios sino con el pueblo trabajador, no es un extremismo de izquierda”
Stalin Pérez Borges
Prensa Marea Socialista.- El 11 de Junio el presidente Chávez rodeado por algunos de sus principales ministros reunió en el Hotel ALBA Caracas a los 500 empresarios más importantes de Venezuela. En primer lugar destacaban el responsable del grupo Polar, Mendoza, y los banqueros. En ese evento llamado "Reimpulso Productivo", el presidente Chávez anunció medidas que favorecen sobre todo al sector financiero y a los grandes empresarios ligados a las transnacionales.
Allí convocó a la unidad nacional y a una alianza con los sectores productivos nacional e intentó convencer a esos empresarios que el socialismo no los perjudicaría. Este domingo en el periódico Últimas Noticias, en su columna de los domingos el director Díaz Rangel, intenta responder a un remitido de dirigentes obreros como Marcela Máspero y a una declaración de Orlando Chirino que rechazan las medidas y la convocatoria del presidente a la alianza con los empresarios. Temerariamente Díaz Rangel utiliza el ejemplo del golpe de Pinochet contra Salvador Allende en Chile, haciendo caer la responsabilidad de ese golpe contra la izquierda de aquel proceso utilizando como pruebas documentos desclasificados de la CIA. De esta manera Díaz Rangel distorsiona la realidad del proceso histórico chileno, lava de responsabilidades a los golpistas y a las vacilaciones del gobierno del Presidente Allende e intenta hacer responsable de provocar o tener culpa de ese golpe genocida a la izquierda, y como culminación de esa posición reaccionaria sugiere que la lucha consecuente por los derechos de lo trabajadores seria causal de un golpe. Prensa Marea Socialista conversó sobre este debate, las medidas anunciadas por el presidente y sobre la propuesta política del mismo, con Stalin Pérez Borges, Coordinador Nacional de la UNT y editor del periódico Marea Socialista.
Marea Socialista: ¿Cómo recibió usted los anuncios del presidente en la reunión con los empresarios?
Stalin Pérez Borges (SPB): “Hace apenas unos meses el presidente volvió a definir a su gobierno como obrerista. Nacionalizó SIDOR, si bien es cierto que comprándola, cuando, según nuestra opinión, la transnacional tendría que pagarle al estado venezolano por haber incumplido la ley e inclusive haber cometido delitos contra Venezuela. No obstante, no se puede negar que fue una medida muy progresiva, pedida, exigida y conquistada por la lucha de los trabajadores. Esa definición de obrerista, el despido de uno de los ministros de Trabajo más antiobreros que se puedan recordar, iban en el sentido de las medidas que reclamábamos después del 2 D. Entonces, sostuvimos que la revisión, la rectificación y el reimpulso deberían apuntar a solucionar los problemas de los sectores populares. Pero este 11 de junio, con este acto con los empresarios y con las medidas económicas y sobre todo con la propuesta política que el presidente Chávez les hace a los empresarios, es un intento de vuelta atrás en el rumbo que conquistaron los trabajadores sidoristas y el pueblo entero de Guayana para la Revolución Bolivariana”.
stalin pérez borgesContinuó diciendo SPB: “La propuesta del presidente, el llamado a una alianza con los empresarios que el llamó nacionales, con la burguesía nacional según el propio presidente, al mismo tiempo que plantea una Alianza con los obreros y el pueblo, como lo hizo al volver a definir de obrerista a su gobierno exactamente el día anterior cuando firmó la incorporación de los primeros 900 trabajadores tercerizados a la nómina SIDOR son contradictorias, no complementarias, una excluye a la otra. Los antecedentes históricos que existen sobre experimentos de alianza con la supuesta burguesía nacional, muestran que conducen al fracaso de los procesos de liberación, independencia nacional y socialistas y al empoderamiento de la burguesía y el imperialismo, imponiéndose los sectores contrarrevolucionarios. Ahora que se están recordando los cien años del nacimiento de Salvador Allende ese es uno de los temas por los cuales, nosotros creemos, fue derrotada la vía chilena al socialismo. No se fue consecuentemente contra los burgueses chilenos aliados a los yanquis y estos terminaron provocando todas las guarimbas y boicot, debilitando al gobierno de la Unidad Popular y facilitando el golpe de Estado. Situación que nosotros ya hemos vivido, pero que por la acción revolucionaria de las masas hubo un 13 de abril”.
M. S.: Muchos camaradas piensan qué es una táctica del presidente por el año electoral para evitar justamente el desabastecimiento y detener la inflación?
S. P. B: “Yo quiero insistir primero en el problema político, estratégico, de la Revolución Bolivariana, ya que es esto lo que explica que las medidas no lograrán el efecto que se dice buscar. Las que habría que tomar para lograr ese efecto son otras medidas que cumplan con el nombre de obrerista que el gobierno utiliza para definirse a si mismo. El problema político es fundamental porque el presidente se equivoca de interlocutor para conseguir detener la inflación o reimpulsar la producción. No son estos empresarios, no son en general los grandes empresarios, no son los Mendoza los que quieren y tienen como necesidad detener la inflación. Los que allí estaban todos trabajan asociados a las transnacionales o sus empresas son directamente transnacionales. El ejemplo son los banqueros privados, toda la banca privada de Venezuela es transnacional, toda la banca se maneja con las reglas del neoliberalismo, además recibe gran parte de los dineros de estado como deposito, y hace negocios con ese dinero y no hay ningún control sobre esos depósitos y le importa poco si el uso que hace con ese dinero provoca inflación. Es equivocado pensar, justo ahora que el sistema bancario de Estados Unidos e internacional está colapsando, que se derrumban grandes bancos y que los estados neoliberales tienen que acudir a salvarlos con el dinero del pueblo, que esos empresarios financistas o esos bancos actuaran distinto en Venezuela. Ellos obedecen las órdenes de sus casas matrices, no les interesa ninguna propuesta de Alianza que no sea para que sus empresas realicen más ganancias y envíen más dólares a sus casas de orígenes, y si por sus aventuras financieras pierden que el estado se haga cargo de sus perdidas. Esa es la verdad. No se les puede hablar con el corazón y con un proyecto no ya socialista sino de pura independencia nacional a esos empresarios, la propia existencia de ellos depende del sistema de coloniaje con el imperialismo. Ellos hubieran actuado con Bolívar como la oligarquía. No se les puede plantear la necesidad de la unidad nacional a esos banqueros ni a los grandes grupos económicos. Ellos son una de la verdadera amenaza para la revolución”.
SPB reafirma lo que venía diciendo con estas palabras: “El presidente convocó a los empresarios de la construcción a colaborar con las multinacionales brasileñas y argentinas. Convocó a los importadores y productores o empacadores de alimentos a colaborar con las multinacionales brasileñas y argentinas. El presidente abrió un fondo de 1000 millones de dólares para que se repartan entre los empresarios locales y las transnacionales. Cuando digo multinacionales brasileñas y argentinas, digo norteamericanas, europeas, asiáticas y de todo tipo que siguen realizando grandes ganancias por medio del capital financiero y los bancos y por su participación muchas veces mayoritaria en empresas con sede en estos países. Empresas que son parte fundamental de las propias transnacionales con sede en Brasil o Argentina. Aquí vuelvo de nuevo con el ejemplo de Ternium, la supuesta transnacional Argentina con capitales brasileros, mexicanos, italianos y de EE.UU. El llamado a la unidad nacional, a seguir el camino del socialismo bolivariano muestra una gran confusión de parte del presidente. Ninguno de los 500 que allí estaban tomará ese llamado. Ellos escuchan un único llamado: el de la ganancia a cualquier costo. Ellos son los que crean empleos basura, tercerizan, botan trabajadores persiguen a las organizaciones sindicales si no pueden comprar o corromper a los dirigentes. Pero volvamos al problema político. Mendoza y su grupo de empresas es uno de los responsables principales del desabastecimiento y la especulación con los alimentos. Por qué debería cambiar ahora. Es una ilusión si el presidente cree que dándole algunos privilegios que reclaman los empresarios, ellos ya no serán un factor de desestabilización e ingobernabilidad. No importa que sean tiempos electorales o no. Para los empresarios el único tiempo es el de la ganancia y para eso aprovecharán la coyuntura electoral. El presidente se equivoca, o, si sabe lo que hace, lo que impulsa es un modelo de capitalismo que lamentablemente no alcanzará la independencia, porque estos grupos no tienen sentido de patria ni de independencia. Estos son socios menores del imperialismo y eso es lo que quieren seguir siendo. Pedirle que retornen los miles de millones de dólares que fugaron al extranjero, es otra muestra de ingenuidad. Pudieran traer ese dinero, si tienen garantía de que van a ganar más de lo que están ahora ganando y con la seguridad de que no será expropiado y lo único que le puede dar esa garantía o confianza es que haya en Miraflores un Presidente como cuando la IV República, que haga lo que ellos quieran. Entonces, es político el problema que enfrentamos, es un problema de modelo. Hay que elegir entre el modelo que planteó el presidente el 11 de junio de alianza con los empresarios o el modelo de los obreros de SIDOR de lucha consecuente contra las multinacionales”.
M. S.: Algunos hablan que esta sería una especie de NEP, o sea la política económica de Lenin luego de la guerra civil en los primeros años de la revolución Rusa, donde para solucionar el problema del desabastecimiento y la crisis de alimentos recurrió a abrir el mercado y a darles ventajas a los capitalistas. ¿Qué opinas al respecto?
S.P B.: La NEP Leninista fue una política para salir de la crisis brutal en la que había hundido a Rusia la guerra mundial primero y la guerra civil después. Esta política provocó grandes distorsiones. Los campesinos de corte capitalista que había, se enriquecieron rápidamente. En Venezuela no puede haber una NEP, en primer lugar porque no es un estado de transición al socialismo, no ha sido desmantelado el Estado Burgués, sino que estamos en un estado burgués con todas sus estructuras intactas y con elementos de Capitalismo de Estado. Hacer esa comparación sólo sirve para confundir. La apertura de la NEP Rusa se da luego de que la gran mayoría de las fábricas y empresas habían sido expropiadas. Luego del comunismo de guerra. Es la política adoptada luego del agotamiento provocado al país por años de guerra. Esa no es una política ofensiva. Estamos hablando de una política defensiva del Leninismo. Había sido derrotada la revolución en Alemania, en Italia y en otros países. Hablar de NEP en este proceso es una falsificación para ocultar que de lo que se trata el llamado reimpulso productivo es apenas de nuevos incentivos, subsidios y privilegios a los grandes empresarios, muchos de los cuales han sido golpistas y son guarimberos y saboteadores.
M. .S.: ¿Qué medidas propone para lograr los objetivos qué plantea el presidente?
S.P.B.: “Vea, en primer lugar el objetivo político. Rechazamos esa alianza de Unidad Nacional, porque es contraproducente para marchar al socialismo. Yo diría reaccionaria si se lleva acabo ya que debilita al proceso revolucionario. Nosotros proponemos una alianza del poder popular, de los trabajadores y los sectores explotados y oprimidos de la sociedad. Eso políticamente para pelear por el poder del estado. En segundo lugar las medidas de política económica, para cumplir con el discurso de avanzar hacia el socialismo y de que este es un gobierno obrerista, tienen que apuntar a atacar los problemas reales del pueblo trabajador y sus necesidades. Por ejemplo, en el caso del comercio exterior. Hay aspectos en los que el estado tiene que monopolizar las compras, las importaciones, uno es el de los alimentos, y en otros casos tiene que suprimirlos como la importación de productos de lujo. La nacionalización del Comercio Exterior y en especial en el segmento de alimentos es fundamental para controlar la inflación. En segundo lugar el tema del salario, no puede ser que se gasten miles de millones de dólares en fondos de incentivos a los empresarios sin ningún control de los trabajadores mientras que los salarios son debilitados todos los días por los aumentos de precios. Se debe instaurar una cláusula de ajuste periódico, mensual o trimestral de salarios de acuerdo a la inflación. Este ya no alcanza con la discusión de los convenios colectivos cada dos años. Los instrumentos que les facilitó a esos empresarios, son eso, incentivos y nuevos privilegios”.
Ya para finalizar esta conversación SPB concluía así: “Un problema grave para atender es el control de las finanzas, de los bancos y del crédito. La crisis de la economía internacional va a seguir profundizando la crisis bancaria, no puede ser que no haya ningún control sobre los depósitos. Nosotros creemos que el sistema de crédito es estratégico como las industrias básicas, el petróleo, los alimentos, las comunicaciones, etcétera y no puede estar en manos privadas y menos transnacionales. Pero supongamos que el gobierno no ve este problema. Este sería un debate emprender, pero el hecho es que hay que proteger ya los depósitos del estado y de los pequeños ahorristas venezolanos para que una crisis más profunda del sistema financiero internacional no cause una crisis sin control en el país. Hay que nacionalizar al menos los depósitos. Es decir, que el banco central sea el que controle y administre todo el dinero que hay en el sistema bancario. En relación al problema impositivo es otro tema muy importante. Hay que eliminar directamente el IVA y aumentar los impuestos a las ganancias de las empresas de manera progresiva, es concreto, que paga más impuesto el que más gana. Que el impuesto a la renta súbita no lo pague solamente PDVSA, lo tienen que pagar los privados que se enriquecen súbitamente, incluso trabajando para PDVSA. Estas son algunas ideas y propuestas que queremos debatir entre los trabajadores. Pero lo fundamental sigue siendo, saber y estar claro, que trabajar en la perspectiva de una alianza con la burguesía por más nacional que esta se pinte, es retroceder en el camino al socialismo. El presidente debe saber que son excluyentes, o se está con los trabajadores y el pueblo o se está con los grandes grupos económicos y las transnacionales. Un gobierno obrerista no puede elegir el camino de la alianza con la burguesía porque significa el retroceso de la revolución y esto no es ningún extremismo de izquierda, como lo ha querido dejar ver hoy Eleazar Díaz Rangel en su columna de los domingos en el diario que él dirige. Este allí se pregunta, cómo será esa movilización en defensa del socialismo autentico, refiriéndose a una cita del comunicado que un grupo de dirigentes sindicales de la corriente CTR hace, para después insinuar que estos pudieran jugar el mismo papel que jugó la ultraizquierda que apoyó al gobierno de la Unidad Popular en Chile. Esta insinuación es temeraria y hace una extrapolación descontextualizada que no compartimos y por lo tanto rechazamos, aunque no tengamos responsabilidad alguna con ese remitido.
Stalin Perez Borges es coordinador nacional de la UNT Publicado en Aporrea el 30/06/08, la fuente original de este documento en Marea Socialista
6 de julio de 2008
Chávez, tus medidas económicas no favorecen el Proceso Socialista
Por: Ricardo Galindez, El Topo Obrero
Fecha de publicación: 22/06/08
UN ARROZ CON MANGO Y DEPURATIVO
La noche del 11 de junio en los salones del Hotel Alba en Caracas, fue escenario de un evento increíble a los ojos del 11A y 2D de 2002. El mismo se tituló “Reimpulso productivo - La inversión es Venezuela”. Los presentes, el presidente Chávez quien presidía y un público de lo más selecto. Allí estaban todos los grandes representantes del capital nacional bancario, industrial y agropecuario, es decir los enemigos acérrimos del gobierno, los que han provocado una fuga de capitales de decenas de miles de millones de dólares anuales, que mantienen una política de desinversión económica, que financian todas las campañas mediáticas contra el proceso revolucionario, violan todos los derechos de los trabajadores, auspician la inflación y desabastecimiento y paremos de contar.
El presidente Chávez se paró y empezó a hacer sus anuncios. Todos ellos fueron en concordancia con la tesis central que desde hace años el gobierno viene defendiendo de tratar de incorporar a los capitalistas nacionales a su “proyecto nacional Simón Bolívar” que implica el desarrollo de un capitalismo nacional que convierta a Venezuela en una “potencia mediana”. Su discurso es coherente con la tesis de que existen empresarios progresistas y revolucionarios, pero contrario a la de un gobierno que se autotitula antiimperialista, obrerista y defensor de los derechos del pueblo. Es el permanente túnel sin salida del presidente Chávez y su más problemática contradicción.
MEDIDAS ECONÓMICAS CAPITALISTAS
De los anuncios, el más importante, por beneficioso para los empresarios y banqueros fue la eliminación del Impuesto a la Transacciones Bancarias que le ahorra MÁS DE 6.600 BILLONES DE BOLÍVARES DE LOS VIEJOS. Todo un regalo que los empresarios sabrán sacarlos del país y hasta aumentar el financiamiento de la campaña desestabilizadora.
En el discurso, el presidente Chávez señaló que este impuesto del 1,5% era una carga que generaba inflación y por lo tanto lo eliminaba para bajar dichas presiones. Pero los empresarios piensan otra cosa. Ellos siguen viendo mucho dinero en manos del pueblo por los planes del gobierno y por ello aumentarán sus precios para recogerlo y sumarlo a sus cuentas bancarias.
Luego tenemos la flexibilización en la tramitación de divisas cuyas solicitudes sean iguales o inferiores a 50.000 dólares para la importación de bienes de capital: maquinarias, piezas e insumos para la producción que de acuerdo a propios analistas empresariales incentivará la fuga de capitales en varias decenas de millones de dólares al día. Esto será así puesto que la medida le facilitará a los empresarios adquirir las divisas a través de los operadores cambiarios que serán nada más y nada menos que los bancos, el sector más beneficiado bajo el gobierno Chávez y factor principal en el saboteo económico y fuga de capitales, en vez de tener que acudir a las oficinas del gobierno. Chávez está tan consciente de que le está abriendo una puerta a los empresarios para que fuguen capitales, que el mismo día dijo que si las grandes empresas se aprovechaban de la misma para fraccionar sus pedimentos de divisas, les aplicaría la Ley.
El otro anuncio importante para los empresarios es el Plan “Cosecha Segura” que implica un aumento en la cantidad de bolívares para subsidiar la producción del campo. Para ello se destinará un fondo de 76.000.000 de Bolívares Fuertes, es decir 76 mil millones de Bs. viejos que serán usados “si los costos aumentan después de iniciado el proceso productivo”.
Ya sabemos nosotros como los empresarios inventan las habidas y las por haber a fin de justificar aumentos de costos. Un fondo más para que los que tengan más saliva, traguen más dólares.
UN PASO PA´LANTE UN PASO PA´TRAS
El gobierno sigue desarrollándose dentro de medidas capitalistas contradictorias. Ya desde la campaña electoral para su reelección, cuando se planteó eliminar el color rojo como identificador de las fuerzas bolivarianas, se viene produciendo unos movimientos oscilantes que tienen mayor peso cuando van hacia la derecha, que cuando se producen hacia la izquierda. Esto no significa que haya perdido su carácter nacionalista pequeñoburgués, pero si hay un debilitamiento progresivo de las posiciones nacionalistas y de izquierda incluso en el campo internacional, peligroso para el propio proceso revolucionario que merece una profunda discusión en las bases obreras y populares identificadas con la revolución.
Ese debilitamiento no solo se refleja en estas medidas que favorecen plenamente al gran capital bancario, industrial y agropecuario, sino en otras que van en sentido contrario al capitalismo internacional y para tan solo mencionar las más recientes están la medida progresiva de Nacionalización de SIDOR, pero donde se le permite a la antigua accionista mayoritaria conservar un 10% de las acciones y el control de la comercialización de los productos de la empresa, amén de que todavía se está negociando el cuánto pagarle a Techint, cuando tan solo por los pasivos ambientales es ella la que tiene que pagarle al estado. Si a esto le sumamos el saqueo de máquinas y el compromiso no cumplido de realizar inversiones, los montos que adeuda Techint son superiores a lo qe está pidiendo por sus acciones. Este tipo de nacionalización es mucho menos radical en lo económico, que la realizada con VENEPAL Y VÁLVULAS, hoy Invepal e Inveval.
Desde el punto político de la creación de nuevas relaciones de producción, SIDOR también representa un retroceso con respecto a las dos empresas nacionalizadas mencionadas, por cuando en la primera se dieron pasos hacia una cogestión con características de control obrero y en la segunda prácticamente es un control obrero lo que allí se desarrolla. En SIDOR, lo que hasta ahora se ve, es que la intención es que esta funcione como toda una empresa capitalista, con la generación de plusvalía que beneficie a sus accionistas. Toda una CANTV. El propio Rodolfo Sanz, quien se presentó el martes 18 en Taller Central, criticó duramente la experiencia de elección del gerente del departamento y exigió que dicha experiencia no se extendiese a otras áreas de la empresa.
Pero hay más. Estas medidas económicas, que son una extensión de las planteadas por el ex ministro de planificación Jorge Giordani, se dan en medio de un contexto político “enrarecido” por las propias declaraciones y actitudes del gobierno. Días antes el presidente Chávez declaró sobre el tema de las FARC, y de que estas debían liberar a los secuestrados sin poner ninguna condición y por otro lado que el método de la guerrilla ya no era una táctica de lucha revolucionaria.
Nosotros consideramos que la liberación de los secuestrados o retenidos por las FARC EP sin condiciones es una medida necesaria a dar por parte del grupo guerrillero si quiere reconstruir puentes con sectores importantes del pueblo colombiano, pero en el contexto que salen estas declaraciones, pareciera que las mismas fueron dadas para descompresionar los ataques que el gobierno viene recibiendo por parte del imperialismo y de la burguesía venezolana y colombiana y también de sectores pequeñoburgueses nacionales, algunos de los cuales anidados en el propio gobierno, por el papel de mediador en la liberación de rehenes.
Así mismo consideramos que señalar que “La guerra de guerrillas es historia” es un desacierto por lo genérica y ahistórica. Pudiéramos discutir caso por caso y en particular el colombiano y señalar que pueden estar dados las condiciones para que buena parte de los militantes de la guerrilla se inserten en el movimiento obrero y popular colombiano para fortalecer el proceso de ascenso que se desarrolla de un tiempo a esta parte, pero también pudiera darse una discusión de que partiendo de los territorios que la guerrilla, incluimos al ELN, controla, se desarrolle de manera complementaria y paralela a la reinserción de cuadros en el movimiento obrero y popular, un plan de reforma agraria, con la expropiación de los terratenientes que le permitiese a dichas organizaciones dinamizar la lucha del campo convirtiéndola en una lucha de masas y no solo de organizaciones de una vanguardia armada. Una reforma agraria impulsada con las masas, de seguro va a requerir brigadas de autodefensa y allí la experiencia guerrillera sería invaluable.
El marxismo no deshecha a priori ninguna forma de lucha. Cada situación concreta requiere de formas de luchas particulares. De lo que si partimos los marxistas es de la necesidad de implementar formas de combate donde se involucre a la clase obrera, campesina y movimiento popular, pues son las masas y no las vanguardias políticas las que hacen las revoluciones.
PERSPECTIVAS
Podemos decir sin temor a equivocarnos que las medidas anunciadas por el presidente Chávez, a lo sumo lograrán que algunos sectores del gran capital se acerquen al gobierno para aprovechar los miles de millones que les ofrece, con muchas facilidades y créditos blandos. Pero eso no producirá ningún cambio cualitativo en la política de desinversión desarrollada por los capitalistas y para ello no nos basamos en ninguna bola de cristal. Son las propias declaraciones después del acto “Reimpulso productivo - La inversión es Venezuela”de empresarios como Nelson Maldonado, CONSECOMERCIO quien es su presidente, señaló que en materia cambiaria “lo deseable sería la derogación de los controles porque también habría que incluir el de precios”. (Reporte diario de la Economía 13-06-2008)Es decir, las medidas no son suficientes para restablecer la confianza de los inversionistas.
En el mismo periódico en su pág 14 en el artículo “Misión Banco Adentro” se dice que Chávez llama a “invertir aguas abajo ¿pero en qué? Si el Capitalismo de Estado es el que controla todas las grandes empresas aguas arriba y de paso, la eficiencia, productividad y resultados dejan mucho que desear.”
En un artículo de opinión de VenEconomia, organismo empresarial, publicado en el periódico mencionado señala de manera despectiva que: “Chávez montó su show y lanzó una retahíla de medidas vacuas”… “el mensaje estuvo lleno de veladas amenazas al sector privado”… “En consecuencia, de todo lo anunciado es muy poco lo relevante o lo que ayudará A REACTIVAR LA ECONOMÍA. (Resaltado nuestro). Sólo una medida resulta positiva: La eliminación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), lo que sin duda contribuirá a bajar la inflación. LO MALO ES QUE LLEGA DEMASIADO TARDE”. (Resaltado nuestro).
Más adelante señala: “Lo más negativo fue que: 1) Anunció nuevos subsidios, en lugar de ajustar (o liberar) los precios de los productos agrícolas, que en su mayor parte se venden por debajo del costo. Y 2) tomando la letra de Carlos Andrés Pérez en 1974, anunció un Plan Deuda cero para condonar las deudas a los productores agrícolas financiados por FONDAFA, por unos Bs.F 246 millones. Lo positivo hubiera sido liberar el control de precios y crear condiciones favorables para invertir y producir con confianza”. Es decir los empresarios no tienen confianza en el gobierno y sus medidas y por lo tanto no van a invertir lo necesario para cubrir las necesidades del mercado interno y continuarán con su política de importaciones y fuga de capitales.
Las medidas del gobierno no impulsarán la inflación hacia abajo. Ya los empresarios estiman que este año rondará por el 40% y no el 19 que recalculó el gobierno, así que el 1,5% por ciento del ITF se lo van a embolsillar y seguirán avanzando en sus planes de acumulación de ganancias sin medida.
El gobierno con su ministro de planificación Halman El Troudi y el de Finanzas Rafael Isea,* siguen buscando aliados donde solo se encuentran con enemigos de un gobierno porque este no les da plena libertad para hacer lo que les venga en gana con la economía, y no entrega las riquezas del país en su totalidad a manos de las multinacionales. Siguen regalando los dineros del pueblo a quienes son enemigos declarados de los trabajadores.
Estas medidas económicas tampoco servirán para mitigar los efectos de la crisis económica que viven los Estados Unidos y cuyos consecuencias no están lejos de empezar a sentirse, aún con los altos precios petroleros, que son los que le han permitido al gobierno anunciar un plan de inversiones que nos recuerda a los de la Gran Venezuela de CAP parte I.
Lo que si va a producir, así sea momentáneamente es un envalentonamiento de los sectores del gobierno que no ven con buenos ojos los planteamientos socialistas y de ataque a los empresarios capitalistas. El que esto se traduzca en discursos políticos en defensa de la propiedad privada de los medios de producción, incluso en conflictos laborales, es solo cuestión de tiempo o de hechos concretos donde el pueblo se plantee enfrentamientos con los dueños del capital.
Es hora que las corrientes revolucionarias al interior de la UNT, logren desarrollar acciones unitarias que empezando por la discusión de las medidas que desde el movimiento obrero proponemos para desarrollar una economía armoniosa con la naturaleza y que rinda beneficios con justicia social al pueblo trabajador, nos permitan ganar la calle y derrotar las medidas que solo engordarán las chequeras de los grandes grupos económicos.
Para los militantes del PSUV también un deber impulsar la discusión sobre estas medidas anunciadas, para que sean retiradas y en su lugar se implementen otras que nacionalizando los monopolios, y la banca, y que funcionando bajo control de los trabajadores, nos permitan construir una nueva economía al servicio del pueblo trabajador.
Si compartes estas opiniones te invitamos a que sumemos fuerzas para golpear de manera más fuerte a quienes están avanzando en sus planes de aumentar su enriquecimiento con los dineros del pueblo.
* El ministro Isea fue sustituido por Alí Rodríguez, que de seguro seguirá la misma línea económica de su predecesor.
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Marce
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Etiquetas: Chávez, Internacionalismo, revolucion sociliata, Socialismo del siglo XXI, Stalin Perez, Venezuela
martes, 8 de julio de 2008
De por qué el “Manifiesto en defensa de la lengua castellana” es manifiestamente nacionalsocialista
A proposito del “Manifiesto en defensa de la lengua castellana”
De por qué este manifiesto es manifiestamente nacionalsocialista
Javier Fernández Ortega
Rebelión
Recientemente, en España se ha lanzado una gran ofensiva mediática en respuesta a lo que determinados medios afines a la derecha –y el diario El Mundo, que creo que es afín a El Mundo- consideran reiterados ataques al castellano por parte de los gobiernos autonómicos de las comunidades en las que existe una lengua co-oficial: Cataluña, Galicia y el País Vasco. El punto central de esta ofensiva lo constituye el así llamado “Manifiesto en defensa de la lengua castellana”, que en seguida ha recibido el apoyo de gran parte de los intelectuales de este país. Algo habremos hecho para merecerlos, imagino.
Lo que ahora propongo es examinar detenidamente el breve manifiesto y analizar despacio sus motivaciones, las ideas que presupone sin discusión, las amenazas que el manifiesto considera que acosan al castellano para que haya que defenderlo y las propuestas que realiza para paliar esa situación.1
“Manifiesto por la lengua común.
Desde hace algunos años hay crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la lengua castellana, la única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos españoles.
La primera en la frente. Se nos pinta una situación apocalíptica, que suele ser el origen y la causa misma de un ataque reaccionario como el que supone este manifiesto. En este caso la “situación institucional” de la lengua castellana es un motivo de preocupación. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿En qué medida? El manifiesto tampoco lo dirá más tarde, pero ahora sólo debemos apuntar mentalmente que la premisa de la que parte todo este esfuerzo colectivo y mediático es la de que existe una lengua amenazada. Aunque, claro, no es una lengua cualquiera: es la única lengua que es a la vez, en España, oficial y común; verbigracia, en el Estado español hay una lengua que está “antes” –filo y ontogenéticamente- que las demás, y ésa es la castellana. Sobre esa lengua, común y oficial, vínculo de todos los ciudadanos españoles, se han ido superponiendo otras, imagino que por caprichos de la gente o por la estupidez nacionalista de los de siempre. Pero esas otras lenguas son tan sólo un suplemento, un añadido de bilingüismo que nos hace parecer un estado moderno, pero que es totalmente prescindible. Y únicamente llevamos una frase.
Desde luego, no se trata de una desazón meramente cultural –nuestro idioma goza de una pujanza envidiable y creciente en el mundo entero, sólo superada por el chino y el inglés- sino de una inquietud estrictamente política: se refiere a su papel como lengua principal de comunicación democrática en este país, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación.
Vamos a ver. Si la situación institucional de la lengua castellana es preocupante, ¿cómo es eso de que goza de una pujanza envidiable en el mundo entero? A cualquiera, leyendo este manifiesto, le parecería que la situación del castellano es la de una lengua indígena moribunda, al borde de la extinción por falta de hablantes, discriminada política, cultural y administrativamente. Pero no. Es una lengua en crecimiento, sólo que en el resto del mundo y no en nuestro propio jardín, donde su papel como lengua principal de comunicación democrática se ha puesto en entredicho. (A mi me parece que lo que se pone en entredicho es la capacidad para comunicarse democráticamente en catalán, euskera o gallego, pero en fin) Volvemos a lo de antes: hay sólo una lengua que “sirve”, que es de utilidad –de utilidad cívica, o democrática, para situarnos en la órbita del nacionalismo constitucionalista y el españolismo democrático de UPD-. Las otras lenguas no son principales, son secundarias, accesorias y prescindibles. El argumento es clarísimo: una chica de Cuenca sólo podrá comunicarse democráticamente con un señor de Granollers, de Verín o de Gernika en castellano. Tiene cierta lógica, así mirado. Pero vamos a imaginar, por un momento, que Cataluña, Galicia y Euskadi tuvieran una lengua propia –creo que eso significa lengua vernácula2-, aunque ésta tuviera una implantación irregular en su territorio debido a factores históricos y políticos. Intentemos concebir, por un momento, la estupidez absoluta y proetarra de que los niños catalanes, gallegos y vascos no nacen con el castellano aprendido, como un atributo innato de la ciudadanía española, común y democrática. Pero no podemos pensar esto, porque si el castellano no preexiste a la comunicación democrática, entonces nos encontramos con una situación de dominación, en la que un grupo obliga a otro a expresarse en SU3 lengua para hablar de democracia, en lugar de aprender la del otro y tratar de cooperar. Claro, que la política lingüística, en España, nunca se ha visto como un conflicto de poder y prestigio entre distintas lenguas sino como naturalización de esa misma situación. Y de esa naturalización viene éste manifiesto. Por eso hay que defender el derecho a elegir la lengua castellana como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación en los únicos territorios en los que existe un mínimo contrapoder que puede intentar favorecer políticamente la expansión y pervivencia de otra lengua distinta del castellano. En todos los casos de discriminación lingüística que suelen denunciar con gran escándalo y platillo nuestros medios no se trata nunca de una discriminación efectiva del castellano (por ejemplo una prohibición, como las de Franco), sino de medidas más o menos acertadas para la promoción del uso de la otra lengua: el catalán, el euskera o el gallego. El hecho de que se haya naturalizado esa situación de poder a la que me refería antes –y que este manifiesto va a llamar, muy elocuentemente, asimetría- hace que favorecer a otra lengua oficial en su territorio se interprete como un ataque hacia el castellano, cuando no es así en absoluto. Sólo que en esta dialéctica del sojuzgamiento lingüístico sólo cabe la confrontación como forma de relación. Y la no extinción de otras lenguas distintas del castellano parece considerarse ya un acto declarado de agresión. Parece que para el castellano el bilingüismo, a menos que sea con el inglés, no es una opción.
Como punto de partida, establezcamos una serie de premisas:
1. Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas –el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen. Es decir, hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica injusticia (?) de ningún tipo porque en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático. Y contar con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en el mundo entero como el castellano.
Léase: todas las lenguas oficiales son españolas, pero hay una que es más española que las demás, la castellana. Una lengua que es un deber conocer, lo cual, siendo honestos, no es cosa del manifiesto, sino de la Constitución, (perdonen que no me postre). Lo importante de este punto, en realidad, viene de su propia estructura. Después de repetir el artículo de la Constitución lo justifica, supongo que porque a los redactores del manifiesto aún les quedaba un poco de pudor en el cuerpo. Pero se lían y lo dejan peor. Hay varias lenguas, sí. Todas son españolas, también. Pero una manda más, porque todos tenemos el deber de hablarla –si bien el castellano nunca se ha impuesto por la fuerza, ojo, eso es cosa de otros-, y aunque eso genera una asimetría, que nadie se queje, porque no es nada injusto: aunque haya diversas realidades culturales, sólo una manda más –nótese que volvemos a lo mismo, a la preeminencia de una falsamente homogénea realidad cultural castellana que es la que encarna la realidad cultural universal, común, democrática, cívica y magnífica de España. Yo ya no sé cuánto franquismo residual nos queda en las venas, pero a veces dudo de si será eso realmente lo que nos una, y no la españolidad-castellanidad dichosa. Otra perla: es un orgullo tener una lengua política, que es la castellana, porque ojo, las demás no son políticas, -no se pueden usar para la polis, en lo público, son lenguas domésticas, lengüecillas de viejas y campesinos, de caserío, hórreo o masía- sino otra cosa, una excoriación de la piel democrática y común de todos los españoles. Esa lengua política –supongo que porque tiene cinco vocales y tal- es una enorme riqueza para la democracia. Y además, tiene solera histórica y proyección internacional. Venga, vale, me la compro.
2. Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas. O sea: los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas co-oficiales tienen derecho a recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, pero las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc… en detrimento del castellano (y mucho menos se puede llamar a semejante atropello “normalización lingüística”).
Las lenguas no tienen derecho a conseguir coactivamente hablantes4, ni a imponerse como prioritarias en sus territorios. Las lenguas, que son unas malvadas –pero sólo las co-oficiales, ojo, la Oficialísima es una lengua democrática, común, moderna y cívica- buscan imponerse coactivamente, lo cual es el colmo del retorcimiento argumentativo. Resulta que en un territorio que tiene una lengua propia, materna y con cierta implantación, esa lengua tiene que quedar relegada a ámbitos donde no moleste, es decir, fuera de la educación, la información, la rotulación y las instituciones. Esos son campos que sólo puede ocupar el castellano, pero cuando lo hace nadie hablará nunca de coacción lingüística, sino, imagino, de normalidad democrática, convivencia ciudadana o algo así. Sólo si las lenguas co-oficiales –y vaya que le gusta al manifiesto recalcar esa palabra- se atreven a salir a la polis, a hacerse políticas, y tomar el espacio público del rótulo, de la escuela y de la institución, entonces ésa es la mayor deslealtad que se le ha hecho nunca al sistema democrático español. Y entonces, sólo entonces, hay coacción, porque una lengua –la buena, la democrática, no se me pierdan- que tiene YA todos esos ámbitos, a nivel estatal, copados, no puede permitir que a nivel autonómico, provincial e incluso municipal, haya una mínima sombra de competición.
3. En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua co-oficial, junto a la obligación de conocer la común del país (que también es la común dentro de esa comunidad, no lo olvidemos). Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta. Es lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en castellano, conociendo sólo de la lengua autonómica lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de las manifestaciones culturales en ella. Que ciertas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo competencial bilingüe no justifica decretar la lengua autonómica como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la administración pública. Conviene recordar que este tipo de imposiciones abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad.
Esto es, es bastante digno de elogio que ustedes quieran que esa lengüecilla que hablan de puertas para adentro sea conocida por todos los ciudadanos de la comunidad donde es co-oficial, pero esto es algo que, les recordamos, no podrán hacer mediante la coacción, ni mediante la visibilidad en la educación, la información, la rotulación y las instituciones. ¿Cómo lo haremos entonces? (Se preguntarán) Pues muy sencillo, sitúense en los aeropuertos y otros lugares de paso e importunen al gentío que pasa con sus frases incomprensibles. Funden academias. Editen libros. Háblenlo en la intimidad. En otras palabras: estimulen su uso, estimúlenlo. Pero no lo impongan, que para eso ya está la Oficialísima. Además, sabemos de buena tinta que en sus territorios también hay españoles de bien que sólo desean poder decir en indígena buenos días, adiós y gracias, lo suficiente para que no se los coman. Es gente honrada y temerosa de Dios y no merecen que les hagan ustedes la puñeta. Y todo esto, por no hablar de los pobres, esa gente que no ha tenido posibilidades de aprender alguna de las lenguas co-oficiales –a pesar de las grandes facilidades que el estado central pone para ello: optatividad de las lenguas co-oficiales del estado en la educación secundaria, presencia de las titulaciones de filología en estas lenguas en todas las universidades públicas, subtitulado de las emisiones de la televisión pública en las lenguas co-oficiales, legalización de su empleo en el parlamento del Estado, etc-. Como nosotros no hemos fomentado que ellos puedan aprender eso que ustedes llaman lengua, el que ahora sea necesario hablar una de ellas para atender a público monolingüe en un puesto de funcionario, o impartir clases en una lengua co-oficial es exclusivamente culpa suya. Nosotros le decimos a la gente: “Si ya hablas español (castellano), majete, para qué quieres más”. Ustedes son los malos por desengañarles. Además, ¿no esperarán que la gente APRENDA una de esas lengüecillas? Para eso que aprendan inglés5, hombres de dios, que eso sí que tiene salidas laborales.
4. Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución establece que “las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”. Nada cabe objetar a esta disposición tan generosa como justa, proclamada para acabar con las prohibiciones y restricciones que padecían esas lenguas. Cumplido sobradamente hoy tal objetivo, sería un fraude constitucional y una auténtica felonía utilizar tal artículo para justificar la discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos monolingües en castellano en alguna de las formas antes indicadas.
La disposición es generosa porque, evidentemente, da más de lo que se merecerían estas lenguas co-oficiales. En caso contrario, bastaba con decir que era una disposición justa. Añadir el calificativo “generosa” sólo es una muestra más de superioridad cultural y lingüística: en NUESTRA constitución fuimos lo suficientemente generosos como para enmendar ciertos errores históricos de los cuales el castellano, aunque resultó ampliamente beneficiado, no tiene responsabilidad ninguna, ni cabe hoy actitud compensatoria por tales errores históricos. Como la Constitución cerró la caja de Pandora en este país, y solucionó todos los problemas históricos de España por el tan patrio método de soslayarlos uno a uno, se dice que esos objetivos están sobradamente cumplidos hoy, y que tratar de establecer una política lingüística que asegure, ya no el crecimiento, sino la conservación del catalán, el euskera o el gallego, es un fraude constitucional y una felonía. Señores: la constitución dice que hay que proteger sus lenguas, pero no las protejan demasiado o cometerán ustedes un acto aberrante y traicionero –eso es la felonía, una traición a la patria-. En este caso, como en muchos otros en este Estado, la Constitución sólo sirve en algunos casos y en cierta medida, medida y casos que determinan única y unívocamente un grupo de personas y colectivos determinados. Yo le diré a usted qué derechos le da MI constitución, porque sólo yo puedo interpretarla correctamente y extraer los límites de sus artículos, como en este caso. Y nuevamente, proteger las lenguas co-oficiales constituye una discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos monolingües en castellano.
Por consiguiente los abajo firmantes solicitamos del Parlamento español una normativa legal del rango adecuado (que en su caso puede exigir una modificación constitucional y de algunos estatutos autonómicos) para fijar inequívocamente los siguientes puntos:
1. La lengua castellana es común y oficial a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles.
2. Todos los ciudadanos que lo deseen tienen derecho a ser educados en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna. Las lenguas co- oficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. En cualquier caso, siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la lengua común.
3. En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser atendido institucionalmente en las dos lenguas oficiales. Lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal capacitación. En locales y negocios públicos no oficiales, la relación con la clientela en una o ambas lenguas será discrecional.
4. La rotulación de los edificios oficiales y de las vías públicas, las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc… en dichas comunidades (o en sus zonas calificadas de bilingües) es recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua autonómica.
5. Los representantes políticos, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero, salvo en determinadas ocasiones características. En los parlamentos autonómicos bilingües podrán emplear indistintamente, como es natural, cualquiera de las dos lenguas oficiales.
De este conjunto de peticiones, que se siguen de las premisas anteriormente comentadas, sólo me gustaría reseñar un par de puntos. En primer lugar, es bastante sorprendente que en un país en el que reformar la Constitución suele ser sinónimo de atacar la base de nuestra convivencia democrática6, estos garantes de las libertades constitucionales se arroguen el derecho de modificarla para poder hacer legales sus propuestas. Teniendo en cuenta que el manifiesto basa toda su argumentación en el artículo tres de la Constitución española, que ahora propongan que ésta debe ser cambiada invalida una buena parte de sus premisas, y vuelve a demostrar lo que ya se ha dicho antes: la Constitución de todos –como la lengua de todos o la riqueza de todos- es en realidad patrimonio de unos pocos.
En segundo lugar, el punto cuatro muestra, por omisión, una situación curiosa. Los rótulos –aunque es preferible que sean bilingües-, no deben estar en ningún caso en la lengua vernácula de la comunidad. Es decir, o la lengua vernácula aparece en compañía del castellano, o los rótulos sólo aparecen en castellano. No hay otra opción posible. Esto, volvemos a lo de antes, nunca será entendido como coacción lingüística, aunque un poquito sí que lo sea.
Otro punto reseñable es el número cinco, que concede a los representantes políticos la gracia excepcional de usar su lengua materna en situaciones oficiales “características”. Imagino que serán las más folklóricas, en la línea netamente minusvaloradora y supremacista del manifiesto.
Por último, y retomando el título de este contramanifiesto, me gustaría cerrar con una reflexión que puede juzgarse de demagógica7 pero que yo encuentro inquietante. Este documento, que tiene en principio un carácter tan neutro, objetivo y razonable que ha hecho que lo firme la mayor parte de nuestros intelectuales y componentes de la élite cultural, tiene sin embargo ciertos elementos sectaristas8 que no podemos pasar por alto. En primer lugar, el manifiesto se basa en el concepto de asimetría, es decir, reconoce una situación de poder de una lengua sobre las demás, situación que justifica por motivos históricos y de extensión geográfica –lo que en realidad también se debe a factores históricos- y que producen que la lengua favorecida tenga unas cualidades superiores innegables (su universalidad, su calidad democrática, su optimidad política). Las atribuciones que, gracias a este razonamiento, gana el castellano son, en cierto sentido, irracionales, por cuanto no resisten un mínimo análisis: el castellano no es “universal”, ni su extensión es tan amplia gracias a las características intrínsecas de esta lengua, sino a un devenir histórico plagado de imposiciones, azares, conflictos, prohibiciones y procesos de asimilación cultural. Igualmente, ninguna lengua es per se “democrática” (quizá el griego antiguo, no sé) ni óptimamente “política”, y si lo es, es por su valor como bien simbólico en una ya citada situación de poder y dominación frente a otras lenguas (es evidente que en latinoamérica es mucho más óptimo “políticamente” hablar castellano que cualquier lengua indígena...), y nunca por su propia existencia.
Por tanto, lo que se defiende en el manifiesto -que se hace llamar “en defensa”, cuando en realidad es una ofensiva en toda regla- es la primacía del castellano frente a las demás lenguas del estado, la conservación de su hegemonía y el relegamiento de esas otras lenguas al estatus de lenguas accesorias, domésticas, alejadas del uso público, y por tanto, condenadas a la extinción. Esta condena, que en sí constituye también otro argumento tácito (la “inutilidad” de aprender el catalán, el euskera o el gallego, frente a la pujanza envidiable, tan recalcada, del español, o incluso del inglés) hace suyos unos presupuestos evolucionistas que acaban justificando la competencia lingüística y la superioridad de una sola lengua por la ley del más fuerte, mientras que vuelca toda su fuerza estigmatizadora en el resto de lenguas del estado español.
El segundo pilar argumentativo, más allá del ensalzamiento del castellano y la denostación de las lenguas co-oficiales, es el legal, y se establece fuertemente asentado en el artículo tres de la Constitución española. No cabe duda de que nos hayamos aquí con uno de tantos resultados de aplicar esa aplastante lógica de Estado a la que tanto se no tiene acostumbrados. El argumento es que si lo dice la Constitución ha de hacerse cumplir sin ningún tipo de análisis ni crítica del propio texto fundacional, a menos, claro, que sea para endurecer aún más la postura que el manifiesto defiende.
Así pues, tenemos en primer lugar el ensalzamiento de un bien simbólico, que se pretende extensible a toda una comunidad y que se articula en base a conceptos incontestables y sacralizados, pero de difícil conceptualización, como el de Democracia o el de Ciudadanía; y en segundo lugar la estigmatización de otras opciones lingüísticas a las que se criminaliza –“las lenguas no tienen derecho a ganar coactivamente hablantes”, se ridiculiza y se minusvalora de manera manifiesta.
Por último, todo ello, toda esta operación de ofensiva por la hegemonía total del castellano –que no por su defensa, repito- se legitima con el concurso de la Ley, es decir, del peso de una lógica de Estado que se legitima a sí misma y que no admite respuesta que no pueda ser considerada como secesión o felonía.
Naturalizar una situación de poder, llamar a la defensa de unos valores inmutables, superiores y naturalmente dados, movilizar a la ciudadanía en torno a una amenaza falsa, perseguir, ridiculizar y estigmatizar al resto de opciones posibles, apoyar toda esa situación de discriminación en la fuerza de la ley y en el cumplimiento inexorable de la lógica de Estado... ¿se ve un poco a dónde quiero llegar?
Javier Fernández Ortega es licenciado en Filología Hispánica
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Mikel
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Argentina: El conflicto del agro-business exportador
Este excelente artículo de Eduardo Lucita recogido de la Web de Punto de Vista Internacional nos sirve para entender el último conflicto argentino y para hacer una reflexión sobre las dificultades que está teniendo la izquierda alternativa en entender la problemática ecosocialista.
Porque es muy fácil proclamarse ecosocialista (y no me estoy refiriendo a las simples operaciones de marketing de ICV o de Llamazares) e incluso hacer unos buenos análisis de futuro para, en los momentos cruciales, caer en los clásicos errores productivistas de un paleo-obrerismo urbano o en el oportunismo inmediatista de los peores rasgos del leninismo (esos que proclaman la inminencia de la revolución, por lo que lo importante es echarle la culpa de todo a la burguesía y minusvalorar el trabajo de cambiar las conciencias).
Y es que una cosa es defender la independencia de clase y otra proclamarse neutral (o incluso pro-agrobusiness como un desgraciado artículo aparecido en Rouge) entre un gobierno tímidamente intervencionista y un modelo extremista neoliberal basado en no interferir en la producción y exportación de soja transgénica mientras los argentinos tienen problemas alimentarios.
• Conflicto con el campo en Argentina
Eduardo Lucita
El conflicto superó rápidamente las razones que le dieron origen, las retenciones móviles y un esquema de cálculo que pone un techo a las ganancias extraordinarias derivadas de la creciente demanda de los mercados mundiales. Lo que comenzara como una cuestión económica merodea ahora los bordes de la crisis política.
Desde la perspectiva económico-técnica el problema esta resuelto desde hace días. El gobierno concederá más de lo que reconozca pero en su lógica de poder no puede hacerlo sin antes recuperar autoridad política. El “campo” está en general de acuerdo con las soluciones pero no puede aceptarlas sino haciendo la parodia de una negociación, porque quiere hacer valer a futuro la fuerza social acumulada.
Así el conflicto semeja cada vez más una suerte de juego de espejos, donde las conducciones enfrentadas sólo se superan a sí mismas, en un marco donde la sociedad da muestras de cansancio de tantas idas y vueltas.
Una convicción comienza a instalarse, habrá un antes y un después de este conflicto. El gobierno no podrá eludir el fuerte costo político, menos aún en un marco inflacionario que ya corroe tanto los ingresos de los trabajadores y sectores populares, como los de las capas medias acomodadas, que el gobierno se muestra impotente de controlarlo. Mientras la derecha –aun carente de liderazgo y organización- ha encontrado una base social de importancia.
Los tiempos por venir serán sin duda testigos de nuevas confrontaciones.
Nada es lo que parece o se dice
Las diferentes organizaciones representativas del campo (1), unificadas como nunca antes, cuestionaron las retenciones móviles no solo en defensa de sus ganancias sino como instrumento válido para desacoplar los precios internacionales de los locales y disminuir así el impacto inflacionario por suba de los precios de los llamados “bienes salarios”. Pero esto no puede ocultar que detrás de la objeción a las retenciones móviles –y su intento de minimizarlas- están planteando un programa que erradique las restricciones al mercado exportador de carnes, granos y aceites. La eliminación de las retenciones vendrá después… No se explicita como tal pero hay también una impugnación a la intervención estatal en la economía. Se rechazan medidas reguladoras implementadas por el gobierno, por moderadas que estas sean, y la posibilidad de distribución de la renta que llevan implícitas. A este accionar corporativo se sumó la derecha política, que vio en el lock-out agrario la posibilidad de establecer una plataforma que intenta retrotraer la situación al período anterior al 2001.
El gobierno nacional se topó con una reacción que no esperaba y buscó en todo momento defender la acción legitima del Estado por apropiarse de renta extraordinaria –como es la que surge de la excepcional demanda internacional- argumentando que esta es esencial para una política de distribución de la riqueza y lucha contra la inflación. Claro que esto es parcial, el principal cultivo sujeto a retenciones es la soja que no incide demasiado en el mercado interno en la coyuntura, aunque sí desplaza a otros cultivos y por lo tanto reduce su oferta.
Es claro además que el incremento de las retenciones tiene su costado fiscalista, una necesidad para seguir manteniendo los subsidios –si no fuera por ellos las tarifas de los servicios públicos estallarían con su impacto sobre la inflación- y hacer caja para afrontar los pagos de la deuda que, como ya se adelantó varias veces desde esta columna, crece automáticamente y sus pagos o refinanciaciones son cada vez más pesados.
Incapacidad e impericia, errores de cálculo político y de implementación técnica unificaron el frente opositor y resquebrajaron el tejido de alianzas construido en el primer período kichnerista, esto se ha reflejado también al interior del partido justicialista.
En este contexto el gobierno volcó sus esfuerzos tratando de recuperar presencia política, la reciente convocatoria al Partido Justicialista no es más que un intento de disciplinar a la tropa que da muestras de disgregación. Sin embargo cualquiera sea el resultado no sale bien parado de el, y es notorio que la figura de la presidenta se ha desdibujado. (2)
Una disyuntiva irreal
Desde el primer momento se intentó instalar en la sociedad que se trataba de una disputa entre la tradicional oligarquía agrícola-ganadera y un gobierno nacional-popular-reformista. Sin embargo no todo es como parece.
Si una virtud tiene este conflicto es que ha echado luz sobre la estructura social del campo. Los datos que surgen del Censo del 2002 muestran que su actualidad poco o nada tiene que ver con la antigua y casi feudal estructura agraria.
Los ruralistas que pueden referenciarse en la vieja oligarquía hoy forman parte de la nueva burguesía terrateniente, son accionistas de grandes sociedades anónimas o miembros de fondos de inversión. Su contrapartida, aquellos descendientes de los arrendatarioa y aparceros que dieron origen al “Grito de Alcorta” en 1912, son hoy dueños de sus tierras, explotan mano de obra -por lo general en negro-, cuando no se han convertido en rentistas alquilando sus tierras a los “pool” de siembra. Tal vez aquí este la razón oculta de esta alianza, impensada poco tiempo atrás, entre la FAA y la SR.
Es que el gran capital, sobre todo financiero, ha ingresado a la actividad agrícola-ganadera. Con los desmontes, el desplazamiento de poblaciones originarias de sus tierras ancestrales y el daño ambiental que esto supone se incorporaron millones de hectáreas de tierras fértiles y se expandió la frontera agropecuaria. La superficie cultivable creció más de un 35% y en los últimos 10 años la producción de granos pasó de 45 a 95 millones de toneladas.
En el campo argentino se verifican hoy las tendencias que adelantara el economista belga Ernest Mandel (3) en el inicio de los ’70 y que caracterizara como “industrialización agraria”. Junto con las innovaciones tecnológicas en la siembra, riego, cosecha y almacenaje se han impuesto criterios de eficiencia, productividad, competitividad y rentabilidad propios de las grandes empresas. Argentina es hoy el principal exportador de oleaginosas del mundo y junto con Brasil el mayor núcleo productivo mundial en materia de granos y aceites.
Este gobierno, que no es lo mismo que los anteriores entre otras cosas porque es resultado directo de la revuelta popular de diciembre 2001 y expresa los cambios operados al interior del bloque de clases dominantes, está montado y a su vez es impulsor de un ciclo expansivo de la economía que refleja tendencias mundiales Hay elementos de ruptura con el pasado pero también muchos de continuidad. Por otra es evidente que el modelo “neodesarrollista” que encarna la administración kirchnerista emerge del propio seno del “neoliberalismo”, y encuentra allí parte de sus limitaciones. Prueba de ello es la contradictoria situación de un gobierno que en la defensa de las retenciones móviles embistió contra “… la sojisización del país”, cuando si se revisan los años pasados se verá que se apoyó en el modelo sojero y lo potenció, desde la primera fase de su administración. Mas aún, en medio de las negociaciones propuso crear una suerte de junta reguladora privada controlada por… los pulpos cerealeros Si alguna otra evidencia faltara para confirmar la existencia de vasos comunicantes: ni gobierno ni ruralistas, pusieron en el banquillo a esas cerealeras exportadoras que se llevan la parte del león del negocio granífero. Tardíamente se ha reconocido que la legislación tiene grietas que les permiten a las multinacionales eludir los aumentos en las retenciones, y la FAA se ha visto obligada a salir al cruce de las exportadoras y los “pool” de siembra.
Hay que ser muy benevolente para pensar que se trata de un gobierno de reformas, si las hay no se notan demasiado. Sólo pensar que cinco años son más que suficientes para modificar la regresiva política tributaria vigente, que es la principal traba para una redistribución eficaz de la riqueza.
El punto en cuestión
A poco que se mire por debajo de la superficie se verá que hay una confrontación que va más allá de la coyuntura y se desenvuelve sordamente al interior del bloque de las clases dominantes. Este bloque tiene la misma composición que en los ’90, entre otras cosas porque no hay como en épocas pasadas otra fracción burguesa que pugne por ingresar. No quiere esto decir que no haya burgueses nacionales, los hay pero los grandes se han transnacionalizado y los restantes no tienen entidad social ni política como para disputar la orientación del proceso de acumulación de capitales.
Sin embargo hay un elemento de ruptura, es que el comando del bloque ya no lo componen el capital financiero y las empresas de servicios públicos privatizadas, sino que ahora lo es el capital productivo: agrario e industrial. Son estos los grandes beneficiarios de la macrodevaluación del 2002 y quienes han liderado el ciclo expansivo de la economía desde el segundo trimestre de ese año.
Tras seis años de crecimiento el ciclo económico comienza a encontrar limitaciones y condicionamientos –internos y externos- producto de que no se ha hecho nada para resolver los desequilibrios estructurales históricos del capitalismo argentino. La resultante no es novedosa: reaparece la debilidad congénita del capital industrial –que no puede desenvolverse si no es al amparo de subsidios estatales- y retorna la renta agraria, con peso social y político.
En este marco lo que se está discutiendo es si la orientación futura de la acumulación y reproducción de capitales estará a cargo de una alianza industrial/agraria –sostenida en el mercado interno- o bien una alianza agroindustrial/financiera –que prioriza el modelo exportador-. La reciente solicitada de industriales, banqueros y comerciantes llamando al “diálogo”, así como la convocatoria de la dirigencia rural al acto de Rosario –que tuvo un marco multitudinario-, son muestras de como las diversas fracciones del capital, aún cuando están muchos más interpenetradas que en el pasado, comienzan a marcar la cancha. Se trata de una disputa intercapitalista, pero cuando se la analiza en detalle se comprende que no da lo mismo quien se imponga, no vale aquí neutralidad alguna escudada es que se trata de “una lucha interburguesa”; claro que esto no habilita su contrapartida: el seguidismo a la dirigencia rural detrás del “apoyo a los pequeños productores” que defienden sus intereses pero juegan como masa de maniobra de la SR y CRA.
La forma en que se resuelva esta disputa, o que fracción/es del capital finalmente prime sobre las otras, no alterará sustancialmente el modelo en curso, pero es necesario comprender que las clases populares, particularmente los trabajadores, no pueden permanecer indiferentes en la defensa de las retenciones y la intervención estatal en la economía. Los tiempos por venir serán sin duda testigos de nuevas confrontaciones. La crisis interburguesa abre así un resquicio para el debate y la intervención política. Una intervención que no puede quedarse en el marco reivindicativo inmediato de los trabajadores y las clases subalternas, por el contrario se trata de elaborar una propuesta que partiendo de esas reivindicaciones y una defensa irrestricta de las libertades democráticas contenga transformaciones profundas que abran una perspectiva decididamente anticapitalista.
29.05.08
(Integrante del colectivo EDI-Economistas de Izquierda)
(1)Cuatro son las organizaciones del sector agrícola-ganadero. La Sociedad Rural (SR) agrupa a los más grandes productores, más de 10.000, y agrupa a los más rancio y conservador, en el imaginario es la representación de la vieja oligarquía vacuna. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) agrupa a lo más selecto de los productores medianos de las zonas más fértiles del país, unos 100.000. CONINAGRO, es la entidad que agrupa a las cooperativas, por lo general muy fuertes en la comercialización, y que incluye a cooperativas muy grandes. Federación Agraria Argentina (FAA) originada en la primera huelga agraria de 1912, agrupa a los pequeños y medianos p`roductores , unos 100.000.
(2)Dos recientes ilustraciones de ese extraordinario dibujante que es Hermegildo Sábat dan cuenta de estas dos situaciones: en una se muestra a la Presidenta sentada en un desproporcionado sillón presidencial, como indicando que el llamado sillón de Rivadavia le queda grande. En otra muestra al ex presidente Kirchner haciendo jueguito con el futbolista Oriol, el guardameta del Club San Lorenzo que por lucirse haciendo jueguito en su área facilitó un gol inesperado del equipo contrario. Menos sutilmente el escritor menemista Asís graficó la situación: “el gobierno chocó la calesita”
(3) Ernest Mandel, “El capitalismo tardío” (1972) capítulo XII, primera edición en castellano 1979, ediciones. ERA, México.
18 de junio de 2008
Publicado por
Txema
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