29.01.2009 - PETXO IDOIAGA, JOSÉ M. CASTELLS, RAMÓN ZALLO Y PEDRO IBARRA
Los autores creen que con las últimas acciones judiciales contra la izquierda abertzale «desaparece el garantismo para hacer aparición la arbitrariedad» y «se fulmina la independencia del poder judicial». «Pero lo peor es que se conculcan la libertad de expresión y el derecho a ser elegibles en un proceso electoral democrático a personas y una corriente social», añaden
E n una acción coordinada por el juez Baltasar Garzón fueron detenidas en la noche del 22 de enero ocho personas integrantes de la plataforma electoral D3M y caras conocidas de la izquierda abertzale. Ha sido una operación conjunta y connivente. Del fiscal general, Conde Pumpido, que les acusa, ya sin necesidad de pruebas, de estar «a las órdenes de ETA»; del ministro de Interior, Pérez Rubalcaba, que dice que la detención no persigue ideas sino que trata de evitar que unas siglas «sustitutivas» de Batasuna puedan concurrir a las elecciones, o sea perseguir ideas y, en este caso, cabe sospechar de que se trata, además, de ayudar a Patxi López a que le salgan mejor las cuentas; y del 'independiente' sistema judicial, que hace tiempo que se olvidó del garantismo de las personas para inscribirse en la razón de Estado.
En esta ocasión el silogismo nada aristotélico, de parvulario, es que si Batasuna y ETA son la misma cosa, D3M o cualquier otra sigla en la que haya personas de izquierda abertzale -ahora ya esté 'contaminada' o no- no sólo no podrá concurrir a las elecciones sino que, por pretender asegurar el derecho a ser elegibles, serán detenidos y encarcelados sus miembros y pasará a ser considerada «organización terrorista». Hemos entrado en la era Obama llevando la 'justicia preventiva' de Bush a su paroxismo. El efecto añadido es que la pésima educación ciudadana que implica sacrificar derechos y democracia a una supuesta seguridad tardará años en limpiarse. Se critica en otros y se aplica en casa.
En el razonamiento que sostiene esas acusaciones decaen principios elementales. Decae la descripción de la realidad. Pensar, por ejemplo, en Amparo Las Heras o en Arantza Urkaregi a las órdenes de ETA no es que sea difícil, es imposible. Desaparece el garantismo para hacer aparición la arbitrariedad, con un uso retorcido de la propia Ley de Partidos, en contradicción con el cuidado que antes se decía tener con las pruebas. Se fulmina la independencia del poder judicial. Pero lo peor es que se conculcan la libertad de expresión y el derecho a ser elegibles en un proceso electoral democrático a personas y a una corriente social.
Se trata de ciudadanos que no tienen suspendidos sus derechos civiles y políticos y que desean crear una agrupación electoral. ¿Por qué una actividad basada en tales derechos es, por decreto, una actividad delictiva y terrorista? ¿Por qué un grupo de personas que obtiene 48.000 avales ante notario no puede constituirse en agrupación electoral dando representación a la izquierda abertzale?
La veleta de Garzón
Garzón no pierde oportunidad para retorcer el Estado de Derecho para lustre propio y conveniencia socialista, pero hasta hace poco el mismo Baltasar decía lo contrario. El 26 de enero de 2007 hacía pública una resolución como respuesta y rechazo a las peticiones de la Asociación Víctimas del Terrorismo y de Dignidad y Justicia que pretendían citar como imputados a Arnaldo Otegi y otros dirigentes de Batasuna por haber participado en una rueda de prensa -convocada en nombre de la izquierda abertzale- tras el atentado de ETA en la T4 del Aeropuerto de Barajas el 30 de diciembre del año anterior. He aquí lo que decía Garzón: «Criminalizar las acciones de la izquierda abertzale por el solo hecho de afirmar que son Batasuna y ETA es una reducción simplista, una afirmación retórica no ajustada a la realidad y, en todo caso, sin justificación probatoria en esta causa, y contradice abiertamente el artículo 24.2. de la Constitución». «No se puede presumir, como se está haciendo por la acusación popular al pedir la imputación del señor Otegi, que la actividad de la izquierda abertzale es delictiva por el solo hecho de afirmarlo, y que se halla integrada en la organización terrorista ETA, y que ésa, por el simple hecho de comprender en su órbita a Batasuna, también lo sea ahora con la izquierda abertzale». «Batasuna está ilegalizada por formar parte de ETA. Pero sólo si se aportaran pruebas que evidenciaran la integración (de la izquierda abertzale) en la estructura terrorista podría tomarse una decisión en sentido restrictivo, y siempre que la relación de causalidad quedara demostrada».
¿Por qué lo que dijo sobre Arnaldo Otegi no vale para Amparo Las Heras? Pura arbitrariedad.
Criticar o prohibir
Pero vayamos al fondo: ¿Hay alguna razón por la que en defensa de la democracia pudo identificarse ETA y Batasuna, y deba, en consecuencia, procederse a la ilegalización de ésta y de todo lo que se le parezca? Ni el juez Garzón ni el Gobierno español tuvieron una sola constancia de actividad terrorista alguna desarrollada por Batasuna.
¿Se podía criticar a Batasuna porque no condenaba las actividades de ETA e incluso porque ETA ni siquiera entraba en sus análisis públicos (de los privados poco sabemos) sobre el conflicto vasco? A nuestro entender no sólo se podía, sino que se debía hacerlo. Pero la óptica más legitimada para hacerlo es la que reivindica simultáneamente más democracia, derecho a decidir y respeto a la voluntad ciudadana, a diferencia de quienes denunciando a ETA tienen otra vara de medir respecto a los derechos de la ciudadanía o de nuestro país. Es más, utilizan a ETA para hacer imposible el derecho de decisión, su otro demonio.
Se pueden y deben manifestar esas críticas. Pero de ninguna manera se puede seguir identificando Batasuna y ETA como nadie puede imputar los crímenes franquistas al PP porque no condene el franquismo. Incluso, en el caso más explícito y grave de la democracia cuando una parte de la dirección del PSOE montó los GAL en los 80, nadie pidió, ni pide, señor Jáuregui, la disolución del PSOE. ¡Qué poca memoria!
La estrategia de 'estado de excepción' aplicada contra ese sector de la izquierda abertzale -y nos da igual que se llame Herri Batasuna, Batasuna, ANV, D3M o Askatasuna- es profundamente antidemocrática.
Nuestra compañera
Entre las detenidas está nuestra compañera Arantza Urkaregi, profesora de la UPV-EHU. Hacemos completamente nuestras las dos consideraciones que hizo públicas el rector al conocerse el hecho:
«En primer lugar, reconocer públicamente la ejemplar trayectoria que la profesora Urkaregi ha desarrollado en nuestra institución, tanto en el ámbito de las responsabilidades académicas como a través de su participación, a lo largo de más de quince años (...) en el Consejo de Gobierno o el Claustro universitario (...) mostrando siempre una plena lealtad a esta institución».
«En segundo lugar, expresar su inquietud por esta situación y su deseo de que la profesora Urkaregi pueda reincorporarse cuanto antes a la actividad académica en nuestra Universidad y siga prestando en ella sus servicios».
Exigimos verla en libertad y que se acabe este dislate, al igual que exigimos la libertad de expresión y organización de todas las corrientes políticas, incluidas las izquierdas abertzales.
Además de P. Idoyaga, J.M. Castells, R. Zallo y P. Ibarra, firman este artículo Xabier Ezeizabarrena, Iñaki Lasagabaster, Patxi Zabalo, Baleren Bakaikoa, Mikel Zubano, Jon G. Olaskoaga, profesores universitarios, miembros de Elkarbide
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