Carta abierta a propósito de la «directiva retorno»

Evo Morales Ayma presidente de la República de Bolivia

Hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, Europa fue un continente de emigrantes. Decenas de millones de Europeos partieron a las Américas para colonizar, escapar de las hambrunas, las crisis financieras, las guerras o de los totalitarismos europeos y de la persecución a minorías étnicas. Hoy, estoy siguiendo con preocupación el proceso de la llamada «directiva retorno». El texto, validado el pasado 5 de junio por los ministros del Interior de los 27 países de la Unión Europea, fue posteriormente aprobado el 18 de junio en el Parlamento Europeo. Siento que endurece de manera drástica las condiciones de detención y expulsión a los migrantes indocumentados, cualquiera sea su tiempo de permanencia en los países europeos, su situación laboral, sus lazos familiares, su voluntad y sus logros de integración.


A los países de América Latina y Norteamérica llegaron los europeos, masivamente, sin visas ni condiciones impuestas por las autoridades. Fueron siempre bienvenidos, y lo siguen siendo, en nuestros países del continente americano, que absorbieron entonces la miseria económica europea y sus crisis políticas. Vinieron a nuestro continente a explotar riquezas y a transferirlas a Europa, con un altísimo costo para las poblaciones originales de América. Como en el caso de nuestro Cerro Rico de Potosí y sus fabulosas minas de plata que permitieron dar masa monetaria al continente europeo desde el siglo XVI hasta el XIX. Las personas, los bienes y los derechos de los migrantes europeos siempre fueron respetados.

Hoy, la Unión Europea es el principal destino de los migrantes del mundo, lo cual es consecuencia de su positiva imagen de espacio de prosperidad y de libertades públicas. La inmensa mayoría de los migrantes viene a la UE para contribuir a esta prosperidad, no para aprovecharse de ella. Ocupan los empleos de obras públicas, construcción, en los servicios a la persona y hospitales, que no pueden o no quieren ocupar los europeos. Contribuyen al dinamismo demográfico del continente europeo, a mantener la relación entre activos e inactivos que vuelve posible sus generosos sistemas de seguridad social y dinamizan el mercado interno y la cohesión social. Los migrantes ofrecen una solución a los problemas demográficos y financieros de la UE.
Para nosotros, nuestros migrantes representan la ayuda al desarrollo que los Europeos no nos dan, ya que pocos países alcanzan realmente el mínimo objetivo del 0,7% de su PIB en la ayuda al desarrollo. América Latina recibió, en 2006, 68.000 millones de dólares de remesas, o sea más que el total de las inversiones extranjeras en nuestros países. A nivel mundial alcanzan 300.000 millones de dólares, que superan a los 104.000 millones otorgados por concepto de ayuda al desarrollo. Mi propio país, Bolivia, recibió mas del 10% del PIB en remesas (1.100 millones de dólares) o un tercio de nuestras exportaciones anuales de gas natural.

Es decir, que los flujos de migración son benéficos tanto para los Europeos y de manera marginal para nosotros del Tercer Mundo ya que también perdemos a contingentes que suman millones de nuestra mano de obra calificada, en la que de una manera u otra nuestros estados, aunque pobres, han invertido recursos humanos y financieros.
Lamentablemente, el proyecto de «directiva retorno» complica terriblemente esta realidad. Si concebimos que cada estado o grupo de estados puede definir sus políticas migratorias en toda soberanía, no podemos aceptar que los derechos fundamentales de las personas sean denegados a nuestros compatriotas y hermanos latinoamericanos. La «directiva retorno» prevé la posibilidad de un encarcelamiento de los migrantes indocumentados hasta 18 meses antes de su expulsión o «alejamiento», según el término de la directiva. ¡18 meses! ¡Sin juicio ni justicia! Tal como está hoy el proyecto de texto de la directiva viola claramente los artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En particular el artículo 13 de la Declaración reza:

«1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país».

Y lo peor de todo, existe la posibilidad de encarcelar a madres de familia y menores de edad, sin tomar en cuenta su situación familiar o escolar, en estos centros de internamiento donde sabemos ocurren depresiones, huelgas de hambre, suicidios. ¿Cómo podemos aceptar sin reaccionar que sean concentrados en campos compatriotas y hermanos latinoamericanos indocumentados, de los cuales la inmensa mayoría lleva años trabajando e integrándose? ¿De qué lado esta hoy el deber de ingerencia humanitaria? ¿Dónde está la «libertad de circular», la protección contra encarcelamientos arbitrarios?

Paralelamente, la Unión Europea trata de convencer a la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) de firmar un «Acuerdo de Asociación» que incluye en su tercer pilar un Tratado de Libre Comercio, de misma naturaleza y contenido que los que imponen los Estados Unidos. Estamos bajo intensa presión de la Comisión Europea para aceptar condiciones de profunda liberalización para el comercio, los servicios financieros, propiedad intelectual o nuestros servicios públicos. Además, a título de la protección jurídica se nos presiona por el proceso de nacionalización del agua, el gas y telecomunicaciones realizados en el Día Mundial de los Trabajadores. Pregunto, en ese caso ¿dónde está la «seguridad jurídica» para nuestras mujeres, adolescentes, niños y trabajadores que buscan mejores horizontes en Europa?
Promover la libertad de circulación de mercancías y finanzas mientras en frente vemos encarcelamiento sin juicio para nuestros hermanos que trataron de circular libremente. Eso es negar los fundamentos de la libertad y de los derechos democráticos.

Bajo estas condiciones, de aprobarse esta «directiva retorno», estaríamos en la imposibilidad ética de profundizar las negociaciones con la Unión Europea, y nos reservamos el derecho de normar con los ciudadanos europeos las mismas obligaciones de visa que nos imponen a los bolivianos desde el primero de abril de 2007, según el principio diplomático de reciprocidad. No lo hemos ejercido hasta ahora, justamente por esperar buenas señales de la UE.

El mundo, sus continentes, sus océanos y sus polos conocen importantes dificultades globales: el calentamiento global, la contaminación, la desaparición lenta pero segura de recursos energéticos y biodiversidad mientras aumenta el hambre y la pobreza en todos los países, fragilizando nuestras sociedades. Hacer de los migrantes, sean documentados o no, los chivos expiatorios de estos problemas globales, no es ninguna solución. No corresponde a ninguna realidad. Los problemas de cohesión social que sufre Europa no son culpa de los migrantes, sino el resultado del modelo de desarrollo impuesto por el Norte, que destruye el planeta y desmiembra las sociedades de los hombres.

En nombre del pueblo de Bolivia, de todos mis hermanos del continente, regiones del mundo como el Magreb, Asia y los países de África, hago un llamado a la conciencia de los líderes y diputados europeos, de los pueblos, ciudadanos y activistas de Europa, para que no se apruebe el texto de la «directiva retorno».

Tal cual la conocemos hoy, es una directiva de la vergüenza. Llamo también a la Unión Europea a elaborar, en los próximos meses, una política migratoria respetuosa de los derechos humanos, que permita mantener este dinamismo provechoso para ambos continentes y que repare de una vez por todas la tremenda deuda histórica, económica y ecológica que tienen los países de Europa con gran parte del Tercer Mundo, que cierre de una vez las venas todavía abiertas de América Latina. No pueden fallar hoy en sus «políticas de integración» como han fracasado con su supuesta «misión civilizatoria» del tiempo de las colonias.

Reciban todos ustedes, autoridades, europarlamentarios, compañeras y compañeros saludos fraternales desde Bolivia. Y en particular nuestra solidaridad a todos los «clandestinos».

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Europa, marcha atrás - La Directiva de la verguenza

Aquí publicamos una valoración del compañero Oscar Arenas aparecida en DEIA sobre la aprobación de la reciente Directiva europea sobre los inmigrantes.

Oscar Arenas * CITE-CC.OO. Euskadi

CORREN tiempos de retroceso en Europa. Los miembros de la Unión parecen querer olvidar un pasado en el que algunos fueron pioneros en eso que se dio en llamar Estado social y democrático de derecho. El giro a la derecha no es ya algo de lo que alerten sólo las vanguardias de izquierda. En una realidad bien visible. De hecho, las sombras voluntariamente extendidas por las instituciones europeas difícilmente tapan los desmanes neoliberales que desfilan por nuestros periódicos y pantallas, como un lazo que se estrecha alrededor del cuello.

No hace falta rebuscar demasiado para encontrar ejemplos. Sin ir más lejos, en esas mismas instancias europeas se habla ya sin complejos y sin vergüenza (porque no la hay) de la ampliación de la jornada a 65 horas. Quizá nos hayamos perdido en algún tipo de pliegue en el espacio-tiempo, pero en un par de días hemos pasado de hablar de 35 horas a 65. Y esa diferencia en las cifras no es sólo una simple resta, es sobre todo la plasmación de la desviación asquerosamente neoliberal de esa gran Europa de la que formamos parte.

Y en este mismo contexto se inscribe la recién aprobada Directiva de retorno o Directiva de la vergüenza, nombre con el que se va extendiendo y que parece más acorde con su contenido. Para empezar, un dato curioso sobre la directiva: dedica casi el mismo espacio a justificar su necesidad y corrección jurídica, apelando a lo posible y a lo imposible, que lo que ocupan las disposiciones en sí. Casi como si los redactores quisieran armarse de ¿razones? ¿defensas pseudo-jurídicas? para lavar la mala conciencia que les genera el texto. Son, eso sí, argumentaciones endebles. Tanto como para que desde distintas instancias se ponga ya en cuestión la constitucionalidad de la directiva y se señale que posiblemente su contenido sea contrario a tratados internacionales (como el propio convenio europeo en materia de derechos humanos) firmados anteriormente por el Estado español. La directiva es la expresión formal y nada simbólica de esa voluntad de cierre de fronteras que manda en las instituciones europeas. Cierre relativo, puesto que como veremos, ni las grandes líneas políticas de la Unión en materia de inmigración ni la propia directiva están exentas de contradicciones.

El escasísimo texto dispositivo de la directiva establece principalmente cuatro puntos: a partir de ahora el tiempo máximo de retención en los centros de internamiento alcanza los 18 meses, durante el mismo la tutela judicial efectiva no existe, cualquier orden de expulsión dictada por un Estado miembro conlleva la prohibición de entrada en territorio de cualquier otro estado miembro por 5 años y los menores de edad no acompañados quedan en peor situación de la que ya estaban al ser separados de las personas no familiares con las que se encuentren.

Y así de anchos se quedaron nuestros representantes en el Parlamento Europeo. Las disposiciones aludidas no necesitan más comentarios ni explicaciones. La enormidad de lo que supone se puede sintetizar tanto como lo han querido hacer quienes redactaron (y aprobaron) el texto. El descrédito ético o moral de nuestras instituciones está servido y de nada vale ya argumentar a favor o en contra de estos tres simples, llanos e imperativos mandatos que la directiva establece para los Estados miembros.

Otras voces se centrarán de manera más profusa en esas disposiciones. Nosotros no, pero sí que nos gustaría comentar otro par de puntos que empequeñecidos por lo anterior, quizá pasemos por alto. Los redactores tuvieron la desvergüenza o la arrogancia de retratar perfectamente esta Unión Europea que estamos construyendo. Porque junto con las monstruosidades comentadas incluyeron dos pequeñas perlas más.

Por un lado, según el artículo 16.a de la directiva, el Estado que lleve a cabo la expulsión de una persona decretada por otro Estado miembro podrá solicitar a este último que le abone los gastos que le haya supuesto. El mismo texto que se olvida de los derechos fundamentales y de las garantías más básicas que operan a favor de las personas sí que se acuerda, sin embargo, de recordarle por ejemplo a Francia que le puede pedir a España que le pague los 2.000 euros que le ha costado mandar a alguien que tenía una orden de expulsión en España, a Ecuador, que para eso es su país. Qué valor. Qué vergüenza. Qué vulgares usureros.

Y más envalentonados aún, le recuerdan a los Estados miembros que si los centros de internamiento no tuvieran suficientes plazas y usan centros penitenciarios en su defecto, deben separar a las personas objeto de internamiento de la población reclusa. Y lo peor es que está redactado como si se tratase de una garantía tremenda que supusiera un gran paso en materia de derechos. En realidad no supone más que la constatación de un hecho: los centros de internamiento, los llamen como los llamen, no son diferentes de los centros penitenciarios. Es decir, aquí encontramos la imagen más expresiva, la mejor fotografía, de lo que es la política de inmigración para la Unión Europea: la definitiva criminalización de la inmigración irregular. Persona sin papeles=delincuente. Esto, en tiempos de Franco, habría sido más ambicioso incluso que la Ley de vagos y maleantes. Por una vez la Unión se ha quitado la máscara y casi llama a las cosas por su nombre.

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