Nuevo documento de la plataforma ERABAKI

PAZ, LIBERTADES Y DERECHO A DECIDIR

Vivimos una situación delicada. El derecho de decisión está bloqueado porque el Estado no quiere darle la palabra a la ciudadanía en los grandes temas; ETA atenta mortalmente haciendo inviable un proceso de paz; y continúa el proceso de deterioro de derechos y libertades democráticas con varios procesos judiciales abiertos desde un poder judicial politizado. El riesgo de convertirnos en un país inviable, o que nos normalicen en la escala baja de nuestras aspiraciones, es notable




Ante esta situación no parece sensato esperar pasivamente a que el Gobierno español se convenza de la pertinencia del derecho de decisión o abra un proceso de desarrollo de las libertades, ni a que ETA proclame una tregua unilateral. Tampoco parece razonable aplazar las decisiones para cuando no haya violencia, porque hacerlo favorece su continuidad. La espera supondría una doble quimera: presuponer que ETA renunciará sólo por deslegitimación y represión; y que el Estado pasará de uninacional a plurinacional por convicción.

ERABAKI, como movimiento ciudadano plural, quiere hacer una propuesta a la ciudadanía y a los partidos en las cuatro direcciones de esta encrucijada.

a) Instamos a ETA al abandono de la lucha armada

La vuelta a los atentados mortales y las bombas contra instalaciones de todo tipo y las amenazas contra conciudadanas y conciudadanos representan hechos insostenibles desde un punto de vista ético. Así lo entiende la inmensa mayoría de la sociedad. Pero, además, suplantan a la ciudadanía que quiere decidir por sí misma, da una excusa útil para el inmovilismo del Estado en relación al derecho de decisión y representa un obstáculo manifiesto para el desarrollo de iniciativas políticas o para la confluencia en esa dirección.

Las mismas voces que nos alzamos contra los recortes democráticos exigimos el cese de los atentados de ETA. Igualmente exigimos el cese de las acciones de kale borroka.

b) Exigimos el final del deterioro de los derechos y libertades democráticas.

Las libertades, en aplicación de la Ley de Partidos, están hoy en suspenso para un sector de la población y, además, son administradas judicialmente contra las aspiraciones vascas tanto políticas (procesamientos del Lehendakari, dirigentes del PSOE y de Batasuna por reunirse; condena de la mesa del Parlamento Vasco...) como culturales (sumario Egunkaria…). La ilegalización de Batasuna y de organizaciones de la izquierda abertzale, la detención de toda su dirección, la suspensión de ANV y EHAK sin que hayan podido presentarse a las elecciones de marzo del 2008, las condenas del 18/98, las torturas y malos tratos en las comisarías…. constituyen un obstáculo para la canalización de un proceso de paz y para la resolución del propio contencioso político, así como una degradación de las libertades democráticas.

Esta situación debe cesar de inmediato, mediante absoluciones, sobreseimientos y restituciones de derechos civiles y políticos.

c) Reclamamos la humanización del conflicto en todos sus extremos.

La humanización del conflicto tiene dos vertientes: las víctimas y los derechos humanos.

Por un lado, implica un reconocimiento, reparación y apoyo público y social a aquellas personas, sectores de la sociedad civil, representantes y cargos de partidos, profesorado, magistratura... que han sufrido o sufren la violencia de ETA, e igualmente de quienes han sido víctimas de alguna violencia injusta por parte del Estado o de fuerzas parapoliciales y la extrema derecha. Asimismo, exige particularmente un inmediato cambio de la política penitenciaria a través del acercamiento de presas y presos a los lugares de residencia de sus familias, la liberación de quienes han cumplido tres cuartas partes de la condena y de quienes sufren enfermedades graves, la anulación de la doctrina “Parot”....

d) Proponemos retomar los contenidos del preacuerdo de Loiola de 31 de octubre del 2006 suscrito por PSE-EE, PNV y Batasuna.

Aquel fue un preacuerdo de contenidos (“Bases para el diálogo y el acuerdo político”), de métodos y de calendario de gestión entre las fuerzas políticas de cara al derecho de decisión. Habría que retomarlo desde el punto y momento mismo en que estuvieron de acuerdo. Es la base acordada más avanzada entre diferentes partidos vascos en los distintos campos.

Ese documento señala unos contenidos sustanciales: el reconocimiento de la identidad nacional del pueblo vasco; el compromiso de que las decisiones de la ciudadanía vasca serán respetadas por las instituciones del Estado y de que todos los proyectos podrán ser defendidos y materializados.

Su metodología acepta la incorporación de los acuerdos a los que se lleguen al marco jurídico, prevé la creación de un órgano institucional común para los territorios de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de la Comunidad Foral de Navarra con atribuciones ejecutivas y de propuesta legislativa; los acuerdos adoptados en las mesas se aprobarán en el Parlamento Vasco, en el Parlamento Foral de Navarra y en las Cortes Generales del estado, y se someterían a referéndum…

Se supone que ninguno de los artífices de este último proceso de acuerdo deberían decir ahora que aquel documento solo valía porque había tregua. Sería tanto como decir que existe Pueblo Vasco o contencioso sólo si hay tregua. Puede y debe asumirse y desarrollarse, aunque, para activarlo como acuerdo resolutivo se requerirían unas condiciones de cese de la violencia y la participación del conjunto de los partidos vascos.

Pasadas las elecciones generales está en manos de Rodríguez Zapatero canalizar el conflicto y evitar el bloqueo. Si el presidente español reconoce ese preacuerdo suscrito por su propio partido, o simplemente acepta sus contenidos básicos, no haría falta más hoja de ruta que la definida en Loiola. Si no se reconoce ese preacuerdo o no se canaliza el derecho de decisión, sería legítimo que se consulte a la ciudadanía de manera inmediata sobre el reconocimiento jurídico de nuestro derecho a decidir como sujeto político o sobre los contenidos de Loiola.

Para avanzar en estas cuatro direcciones ERABAKI propone, desde su pluralidad y sobre las bases de este documento, un gran acuerdo de la sociedad vasca que abarque a los partidos políticos, pero también a movimientos sociales y colectivos sectoriales, a los sindicatos, las iglesias, las universidades y el ámbito educativo...

En suma, creemos que los cuatro lemas para abordar los retos planteados son:

- El cese de la actividad armada de ETA
- La restitución de los derechos y libertades civiles y políticos
- La humanización del conflicto
- Sí al preacuerdo de Loiola, al derecho de decisión y de consulta.

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El conflicto vasco sin horizonte político

Petxo Idoyaga (Viento Sur)

Desde que, el 24 de marzo de 2006, se inició la tregua de ETA hasta el atentado de la T4 de Barajas o, si se prefiere, hasta que la organización armada declaró formalmente la ruptura de aquella, el 6 de junio de 2007, el conflicto vasco tuvo un horizonte esperanzador. Un horizonte de final de la violencia política de ETA y de abrir soluciones para los centenares de sus militantes que están en las cárceles o en el exilio. Pero, además, un horizonte de solución política para el conflicto




Hoy, en cambio, con la tregua rota y con un asesinato como el de Isaías Carrasco que refleja la absoluta carencia de límites éticos y políticos que ha adquirido la actividad de ETA por un lado, y, por otro, con la ilegalización de Batasuna y la detención de todos sus dirigentes, con el acuerdo entre PNV y PSOE para cercar en los municipios a ANV y con el compromiso público del Gobierno español de negarse a cualquier diálogo actual y futuro con ETA, hoy, con todo este lastre, el conflicto vasco aparece sin ningún horizonte de solución.

El acuerdo político entre Batasuna, PSE-PSOE y PNV.
Ahora sabemos que aquella esperanza del periodo de tregua tenía fundamento. El 31 de octubre de 2006, las representaciones de Batasuna, PSE-PSOE y PNV que venían reuniéndose en el santuario jesuita de Loiola (Gipuzkoa) se retiraron de la mesa con un borrador de acuerdo que, entre otros puntos establecía los siguientes sobre la “identidad nacional”, sobre el “derecho a decidir” y sobre la “territorialidad” , los tres grandes nudos del conflicto vasco:
El acuerdo reconocerá la identidad nacional del Pueblo Vasco. Dicho reconocimiento recoge así algo ampliamente compartido en la sociedad vasca: el sentimiento de pertenencia a una nación. Reconociendo que los partidos mantenemos diferencias sustanciales en torno a la presente y futura configuración del Pueblo Vasco, aceptamos que existe una realidad conformada por vínculos sociales, lingüísticos, históricos, económicos y culturales llamada Euskal Herria, que se muestra en los territorios de Araba, Nafarroa, Bizkaia y Gipuzkoa en el Estado español, y Lapurdi, Zuberoa y Baxe Nafarroa en el Estado francés.
Nos comprometemos a defender que las decisiones que sobre su futuro político adopte libre y democráticamente la ciudadanía vasca sean respetadas por las instituciones del Estado.
El acuerdo resultante garantizará que todos los proyectos políticos pueden ser no sólo defendidos en condiciones de igualdad de oportunidades y ausencia de toda forma de coacción o injerencia sino que, además, puedan ser materializados si ese es el deseo mayoritario de la ciudadanía expresado a través de los procedimientos legales.
Partiendo de la actual realidad jurídico-política plasmada en la existencia de dos ámbitos institucionales diferenciados, nos comprometemos a promover la creación de un órgano institucional común para los cuatro territorios. Este órgano institucional tendrá las atribuciones ejecutivas y de propuesta legislativa en el marco competencial que se acuerde, de conformidad con el ordenamiento jurídico .Dichas atribuciones serán objeto de negociación durante el transcurso del diálogo multipartito
El siguiente escenario debía ser ese diálogo multipartito, con la incorporación, por tanto de las demás fuerzas políticas que lo desearan. Pero cuando las tres delegaciones volvieron a reunirse, en noviembre, Batasuna propuso tres modificaciones. La primera, incluir un paréntesis en el que se concretaran las expresiones autonomista, federalista o independentista cuando se habla de garantizar todos los proyectos políticos. La segunda, añadir lo siguiente: El ordenamiento jurídico-político resultante para los territorios de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa reconocerá y regulará los mecanismos jurídicos y políticos que permitan a la ciudadanía de los cuatro territorios adoptar decisiones en torno a su futuro político e institucional. Dichas decisiones se tomarán teniendo como único límite la voluntad popular. La tercera, establecer como tarea expresa del órgano institucional común elaborar un Estatuto de Autonomía.
Al margen de cómo discurrieron en concreto las reuniones de noviembre (cada cual lo cuenta a su manera), hay que analizar el contenido de estas propuestas y la ruptura del acuerdo. Explicitar el nombre de los proyectos políticos existentes no debería plantear problema alguno. Establecer la existencia de un ordenamiento jurídico-político común a la Comunidad Autónoma Vasca y a Nafarroa es, en cambio, poner como punto de partida algo que estaba establecido como posible punto de llegada. Añadir que ese ordenamiento será un “Estatuto de Autonomía” elaborado por el órgano institucional común, equivale a que éste pase de tener competencias de “propuesta legislativa” a ser un Órgano Constituyente (elaborar un Estatuto de Autonomía) común a la Comunidad Autónoma Vasca y a Nafarroa.
Las dos últimas propuestas de Batasuna suponen un cambio cualitativo del acuerdo previo. En particular, poner como condición para el diálogo la existencia de un órgano constituyente que elabore un Estatuto común para las dos comunidades administrativas, equivale a dejar sin valor la expresión “partiendo de la actual realidad jurídico-política plasmada en la existencia de dos ámbitos institucionales diferenciados” desde el que se hacía la propuesta de órgano común, y a poner al PSE-PSOE ante una situación imposible de aceptar.
Si los socialistas y las fuerzas políticas nacionalistas estuvieran de acuerdo en que un órgano común a ambos territorios institucionales redactara un Estatuto de Autonomía común también para ambos; si, además, dicho Estatuto –según el resto de acuerdos del texto- fuera a someterse a la decisión mayoritaria de la ciudadanía; si todo eso ocurriera, deberíamos decir que el conflicto nacional, en lo que hace a su naturaleza “interna”, a los desacuerdos sobre su solución dentro de la propia Euskal Herria (al menos en el Estado español), habría terminado.
Quedaría la naturaleza “externa” del conflicto, el reconocimiento por parte del Estado de la soberana decisión ciudadana vasca y la acomodación jurídica y administrativa de las relaciones mutuas. No es, desde luego, una cuestión menor. El núcleo duro del conflicto nacional vasco reside en la negación por parte del estado del derecho a la autodeterminación y hasta en niveles más autonomistas conviene no olvidar lo que ocurrió con el Estatut catalán.
Pero si el conflicto “interno” estuviera resuelto y si los firmantes se comprometieran –como dice el texto- a exigir en común al Estado respeto sobre lo decidido, estaríamos en un estupendo nivel de solución del conflicto vasco. Pero eso –y con más razón, si cabe, en este caso- sólo puede ser el resultado final de la trayectoria, no una condición para iniciarla.
Y, además, aunque pueda decirse que un acuerdo entre socialistas y nacionalistas representa una amplia mayoría en la Comunidad Autónoma Vasca, no ocurre lo mismo en Nafarroa. Y saltarse el acuerdo previo de la ciudadanía Navarra para que se abra un periodo constituyente común con la Comunidad Autónoma Vasca no parece ni lo más inteligente, ni lo más democrático.
Es obvio, no obstante, que Batasuna tiene toda la legitimidad para plantear que sus propuestas se integren en el documento de acuerdo. Pero lo que resulta un error enorme (y enormemente sectario) es condicionar la continuidad del acuerdo a que el PSE-PSOE aceptara tales propuestas. Es posible que sean ciertas las críticas hechas desde la izquierda abertzale a que el PSE-PSOE y el PNV se negaron a incluir la mención expresa “autonomista, federalista o independentistas” y de serlo se demostraría que hubo raudales de sectarismo en ambas direcciones. Es no sólo posible sino probable que se demorase cualquier forma de compromiso expreso del socialismo navarro, del PSN, con el acuerdo, y que esto ocurriera por indicación del Gobierno de Madrid, como se ha criticado, también, desde Batasuna. Pero incluso así, el acuerdo previo era una base suficiente para ir al escenario del diálogo multipartito.
Pero lo realmente grave es que ETA cometiera el atentado de la T4 de Barajas como respuesta, presión o lo que sea a la situación en la mesa de las tres fuerzas políticas. En el escenario definido por la propia Batasuna en Anoeta y aceptado por las demás fuerzas políticas y el propio Gobierno español, había dos mesas –una la de partidos y la otra la de ETA y el Gobierno para el tema del final de la violencia- que no debían interferirse.
Hay que subrayar las veces que haga falta la enorme irresponsabilidad del Gobierno español en el fracaso del proceso, ya que no dio paso alguno en la humanización en tema de presos y continuó con la represión contra la izquierda abertzale. Pero lo que reventó definitivamente el proceso fue ese atentado de Barajas.

La “hoja de ruta” del lehendakari Ibarretxe y el impacto de las elecciones
El final de todo aquel proceso no rompió sólo esos acuerdos de Loiola. Rompió, también, todos los puentes de diálogo entre las distintas fuerzas políticas y abrió un nuevo ciclo negro en la historia vasca. La propuesta y la “hoja de ruta” presentada por el lehendakari Ibarretxe ante el Parlamento Vasco el 28 de septiembre, tenía el valor de intentar crear, de nuevo, un horizonte político al conflicto vasco.
El primer paso de esa hoja de ruta era la oferta de Pacto Político al Presidente del Gobierno español. El segundo, un pleno del Parlamento Vasco en junio de 2008 para refrendar el pacto político alcanzado y autorizar una consulta a celebrar el 25 de octubre que sería de ratificación del pacto con el Gobierno español o, en su defecto, para autorizar la celebración de una consulta habilitadora que apoye que el Gobierno español y ETA inicien un proceso de diálogo(…) y que todas las fuerzas políticas vascas sin exclusiones, inicien un proceso de negociación con el objetivo de alcanzar, en un plazo determinado, un acuerdo de normalización política sobre el ejercicio del derecho a decidir del Pueblo Vasco y sobre el marco de relaciones, tanto internas como externas, que deseamos mantener. Culminación del proceso con un referéndum resolutivo en el segundo semestre de 2010 que plasme el ejercicio del derecho a decidir.
La propuesta recibió el rechazo total del Gobierno español y todas las manipulaciones imaginables de los medios de comunicación. Pero recibió también el rechazo de muchas personas y fuerzas sociales vascas (ELA entre otras) favorables a la autodeterminación, por la justificada desconfianza en que el Gobierno vasco vaya a asumir la confrontación con el Gobierno español que esto va a suponer y desconfianza, sobre todo, en que el PNV vaya a comprometerse seriamente con ello. Y, efectivamente, el PNV no ha mostrado estos meses iniciativa alguna de apoyo más que alguna desvaída declaración e, incluso, ha permitido que algunos de sus dirigentes de peso (como el alcalde de Bilbao) arremetan abiertamente y de frente contra la iniciativa del lehendakari.
Antes de las elecciones del 9 de marzo, sólo había aparecido públicamente una iniciativa social de cierto peso en defensa del derecho a decidir. Se trata de “Erabaki” (decidir en euskera) iniciativa en la que confluyen personas y tendencias bastante diversas. La iniciativa defiende ese derecho a decidir más allá de la propuesta del lehendakari; pero es evidente que genera un caldo de cultivo conveniente para la misma.
Sin más que esa iniciativa en la calle y el conjunto de la situación como antes se ha relatado, toda la propuesta de Ibarretxe aparecía ya con cierta debilidad. Las elecciones la han acentuado.
El siguiente cuadro recoge los resultados de las tres últimas elecciones al Parlamento español.
CAV PP PSOE PNV IU Abstención Abstención Estado español
2008 18’8 38’8 27’7 4’6 34’3 24’68
2004 19’1 27’6 34’2 8’3 25’0 22’79
2000 29’1 24’0 31’3 5’6 36’2 31’29
Nafarroa UPN PSOE NaBai IU Abstención
2008 26’0 35’1 18’8 3’3 26’0
2004 23’8 34’2 18’3 6’0 23’8
2000 33’9 28’4 - 7’9 33’9

Es seguro que el asesinato del ex-concejal socialista Isaías Carrasco arrastró voto a la candidatura del PSE-PSOE. Pero además hay otras dos razones que explican su ascenso en Comunidad Autónoma Vasca. La primera el miedo a que el PP ganara las elecciones. La segunda, el cambio de imagen del PSE-PSOE actual frente al que estuvo liderado por Redondo Terreros y Rosa Díaz; el PSE-PSOE actual para nada tiene socialmente aquella imagen de partido peligroso para todo lo que empiece por “eusk.”.
Eso plantea un problema serio al PNV; puede perder la mayoría no sólo en las elecciones generales, sino también en las autonómicas; de hecho le costará mucho acortar para estas los 11 puntos de ventaja que le ha marcado el partido de Patxi López. El resultado electoral ha reforzado la voz de los que, dentro del partido, reclaman que se “amortice” la iniciativa del lehendakari y se busque un acuerdo estable con el PSE-PSOE, partido que, por su parte, ha anunciado a bombo y platillo que mientras dicha iniciativase mantenga no hay acuerdo posible sobre Euskadi. Pero esa política podría darle imagen de mayor debilidad, podría obligarle a aceptar palo y zanahoria por parte de los socialistas y podría diluir su imagen de capacidad de gobierno. Además –y esto es decisivo- el PNV no puede limitar sus acuerdos con el Gobierno español al simple cumplimiento de las competencias previstas en el Estatuto de Gernika, ni a una reforma estatutaria competencial de corto alcance; entrar en ese juego le llevaría no sólo a perder el liderazgo político, sino a arriesgar una gran crisis interna.
En esta contradicción, sostener la iniciativa del lehendakari Ibarretxe es una opción que podría mantenerse incluso con la previsión de que en junio no obtenga los votos suficientes del Parlamento Vasco y se proceda a su disolución y a la convocatoria anticipada de elecciones. Porque, técnicamente, esa iniciativa sólo puede salir adelante si en junio, cuando la propuesta de consulta habilitadora se lleve al Parlamento Vasco obtiene el apoyo del Partido Comunista de las Tierras Vascas. Pero ¿quién sabe la opción que tomará el PCTV?.
Por un lado o por el otro, la iniciativa de Ibarretxe difícilmente podrá convertirse en horizonte político para la mayoría de la sociedad vasca.

Y ¿qué pasa con la izquierda vasca?
Algunas ilustres voces han clamado poco menos que su desprecio definitivo a una sociedad como la vasca que, tras el asesinato de Isaías Carrasco, aún da un alto apoyo a la abstención a la que llamaron ANV y Batasuna y que fue apoyada por la propia ETA. Muchos más han leído eso como un inequívoco apoyo a ETA incluso después del atentado de Mondragón.
Pero la razón del apoyo a la abstención o, en general, a las opciones electorales de Batasuna es más compleja. Para esos votantes su voto equivale a reclamar el acercamiento de los presos y la amnistía y el fin de las ilegalizaciones y de toda la represión incluida las torturas en comisarías cuyas denuncias crecen y crecen, así como la defensa del independentismo en el marco electoral .
Con todo lo que se quiera relativizar sobre el valor de las encuestas sociológicas, las que tienen una larga tradición como son las del Euskobarómetro (cuya dirección visible es, además, de un militante del PSE-PSOE amenazado por ETA) muestran que la suma de quienes manifiestan puro y total rechazo a ETA, de quienes dicen compartir sus fines pero no sus medios y de quienes manifiestan que “antes sí pero ahora no” alcanza casi el 90%. Es evidente que la pregunta de la encuesta no es de las que invitan a contestar afirmativamente… por si acaso. Pero aún aceptando que eso marca desviación sobre la realidad, parece claro (y se ha notado en cada periodo de tregua) que el fin de la violencia de ETA es algo mayoritariamente deseado por la izquierda abertzale.
Otra cosa distinta es que desde el interior de esta no se alcen voces públicamente contra ETA, ni siquiera cuando, como con la ruptura de la tregua, es evidente que la organización armada sabe que su vuelta al escenario de los atentados va a provocar un frontal “estado de excepción” del Gobierno contra Batasuna. También es posible que una parte importante del mundo de Batasuna comparta la idea de que una negociación con el Gobierno de Madrid sin que ETA exista, arriesga que el resultado se reduzca a un trueque de favores y monedas entre las burocracias socialistas y peneuvistas. Que desde fuera podamos analizar todo eso como una situación o un pensamiento contradictorio, no evita que refleje vivencias, sentimientos y pensamientos que pueden convivir.
En todo caso ETA sí parece actuar con el convencimiento de que tiene aliento para renovarse y continuar, y no parece haber percibido que eso disminuye proporcionalmente al nivel en que va disminuyendo el coste político que su actividad representa para el Gobierno central. Pero lo vea o no, la creciente y creciente falta de respuesta social en Euskadi a la represión contra Batasuna, y la absoluta indiferencia (cuando no simpatía) que ha logrado en las clases populares del Estado español, son hechos de un enorme peso contra ETA.
Difíciles tiempos para la izquierda vasca. La parte mayoritaria de ella sigue agrupada en la izquierda abertzale (LAB es un ejemplo de ello).Pero mientras la izquierda abertzale no realice una reflexión política pública de análisis sobre el papel de ETA, seguirá en la pendiente degenerativa por la que ya está rodando y no tendrá, además, suficientes apoyos sociales para hacer frente al “estado de excepción” que se ha impuesto contra ella.
Decir ante el cadáver de un trabajador y militante socialista que su asesinato es “consecuencia del conflicto” es muy cruel y nada ético ni humanitario; y poca justificación tiene, digámoslo todo, que si esa frase es lo único que merece decirse ante este hecho, se convoquen manifestaciones o huelgas ante otras “consecuencias del conflicto”. Pero aunque fuese así habría que analizar qué efecto tiene ese asesinato (y la acción general de ETA) sobre el conflicto vasco, si fortalece o debilita los impulsos democráticos que hay en él. Batasuna es una corriente política que analiza públicamente y con todo detalle los diversos escenarios y a los diversos actores del conflicto vasco; a todos menos a uno, que es ETA. Y esa carencia es un lastre imposible de superar para abrir una vía a la reconstrucción de un espacio de izquierda social y soberanista amplio.
Incluso en el espacio electoral parece apreciarse un relativo descenso, aunque pueda subrayarse el margen que mantiene. La abstención (propuesta electoral de ANV y de Batasuna) en la Comunidad Autónoma Vasca ha estado en las dos convocatorias anteriores de elecciones al Parlamento español entre un 2’21 y un 4’91 por encima de la del conjunto del Estado , y esta vez ha estado 9’62 por encima. Si le restamos la media de las dos anteriores (3’56), nos da un resultado achacable a Batasuna del 6’02 unos 110.000 votos). En Nafarroa el porcentaje de abstención es casi igual al de las elecciones anteriores. La bajada no es comparable a la del PNV o a la de EB-IU. Pero puede ser un síntoma
EB- IU ha perdido en las elecciones en Euskadi (tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en Nafarroa) más aún que el conjunto de IU en el Estado español. Ello parece haber acelerado una crisis interna en la que una corriente de oposición a la continuidad en el Gobierno Vasco junto al PNV parecía alcanzar la mayoría. Pero el sector PCE-EPK ha cambiado oportunistamente de posición (nada de extrañar) y ha pasado de la noche a la mañana a aliarse con su hasta ayer gran enemigo Javier Madrazo. La estrategia de éste y la de la mayoría de su dirección sigue siendo, por encima de todo, mantener parcelas de poder en el Gobierno Vasco Pero el PSE-PSOE está dispuesto a que uno de sus naipes en la partida con el PNV sea el ninguneo de EB-IU.
Fuera de Nafarroa Aralar sigue arrinconada políticamente, aunque buena parte de su discurso tenga la dimensión más clásica de los valores de la izquierda.
No se ve cuándo tocará fondo todo esto, ni cuándo aparecerá un nuevo horizonte político para el conflicto vasco en el que pueda abrirse nuevo espacio para una izquierda comprometida absolutamente con la mejor tradición de resistencias sociales.
Hoy, en todo caso, parece que el modo mejor de ir haciendo camino en el conflicto vasco es trabajar, al mismo tiempo, en una triple perspectiva: ampliar la presión social para que los partidos vuelvan a los acuerdos de Loiola en el punto en que lo dejaron y prosigan su diálogo; comprometerse absolutamente en el rechazo al “estado de excepción” impuesto a la izquierda abertzale; generar movimiento social que reclame públicamente una tregua definitiva a ETA y la humanización de la situación de los sectores afectados por la violencia (víctimas de ETA y presos). La iniciativa, citada ya, de Erabaki, así como otras (entre ellas Elkarbide de la que formamos parte un numeroso sector del profesorado universitario) apuntan en esa dirección.
No es una alternativa estratégica, ni un camino con claras perspectivas, pero es, al menos, una orientación razonable en el actual panorama sin horizontes políticos de este inacabable conflicto vasco.

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Las oportunidades del preacuerdo de Loiola

Ramón Zallo (Deia)
Año y medio después de su confección, el borrador base aceptado en Loiola se ha situado ya en el centro del panorama político. El lehendakari lo ha convertido en eje de su propuesta a Zapatero, así como en perspectiva de medio plazo, mientras que, para el corto plazo, la agenda y el recorrido antes de las elecciones estarán marcados por las vicisitudes de la autorización o no por el Parlamento Vasco de una consulta sobre una pregunta concreta.




Acuerdo plural e interno

Desde el año pasado, algunos veníamos señalando el valor del borrador suscrito el 3l de octubre del 2006 por las fuerzas líderes de los ámbitos dispares del nacionalismo histórico, el socialismo y la izquierda abertzale: PNV, PSE-EE y Batasuna. Fue un preacuerdo transversal y en claves estratégicas de largo alcance entre fuerzas del país, y contaba además con el acuerdo y el aliento externo de Rodríguez Zapatero que, en la época, jugaba la carta de la paz. Su función y sus contenidos se dirigían a la normalización política y al diseño de futuro, con la consiguiente canalización de los temas principales.
Forjado desde la preparación discreta de Egiguren y Otegi como agentes principales (entre 2004-05 y sin tregua), el PNV se incorporó después, a su desarrollo ya en condiciones de tregua. El borrador iba a ir a misa. Solo estaba pendiente de ligeros flecos. Pero en noviembre del 2006 Batasuna quiso modificar algún punto sustancial y provocó el final de las reuniones. Cabe entender que la Izquierda Abertzale diga hoy que el publicado era solo uno de los borradores, o que el PSE-EE esté aquejado de amnesia sobre el ADN socialista en el documento, pero ello no quita un ápice del mérito de su esfuerzo compartido.
Aquel borrador hay que entenderlo como el documento base suscrito, interno, de carácter plural y transversal, de principios, de definición de marco, de metodología y de cronología de desarrollo más importante de nuestra reciente historia. Es un patrimonio inmaterial colectivo. Largamente muñido sobre el problema de fondo, solo espera para activarse a unas condiciones propicias que dependen exclusivamente de los actores y sus expectativas. Ese documento fue el catalizador de una herencia documental en base a Elkarri, Ahotsak, documento de Egino…. Tras su publicación en varios medios, no era leal hurtárselo al país.
Su carácter abierto permitió una secuencia de propuestas para la coyuntura del 2006-2007 muy interesantes y que quedaron quebradas en Barajas: previsión de Conferencia de Paz en diciembre 2006; incorporación del PSN en enero 2007; mesa de todos los partidos….
Su validez no depende de la coyuntura o de que haya tregua puesto que trata de principios y metodologías. En cambio, su desarrollo y forma de activación sí dependen, no de la coyuntura, sino de la voluntad y decisión de los agentes. Malo será que dependa de sus intereses. Y, sin embargo, puede ocurrir.

Distintas percepciones
Las fuerzas que estuvieron en Loiola tuvieron una distinta percepción sobre la propia mesa.
Aunque ETA no era interlocutor en Loiola, se reservó el papel de validador y terminó por dinamitar la mesa, poniendo en la picota las salidas políticas largamente fraguadas… y a la propia Izquierda Abertzale. ETA, hoy sigue queriendo demostrar por enésima vez capacidad de daño para una improbable mejora de posición en un futuro diálogo resolutivo. Pero ¿por qué piensa que la violencia es rentable?. Porque ese es el cuadro mental del PSOE.
En efecto, el PSE-EE no lo entendió como un acuerdo para la normalización sobre un problema político de ajuste de los vascos en el Estado, y que es de lo único que habla el documento (reconocimiento de identidad y del hecho nacional vasco, derecho a decidir, igualdad de oportunidades a todas las opciones, órgano institucional común….) sino como un acuerdo para la pacificación. Lo entendió, al parecer y salvando a Egiguren, no desde la convicción democrática sobre sus contenidos sino desde la concesión a ETA; lo aceptó como un “precio para la paz” dándole a ETA la razón de que la violencia ablanda y es rentable. Y vuelta a empezar alimentando la espiral.
Si la naturaleza de su valedor (Zapatero) y coautores avalaron el carácter constitucional del preacuerdo, difícilmente se trata hoy de una “aventura” y cabe una formulación jurídica legal desde los procedimientos estatutarios. Si la base y los límites fueron co-redactados por los socialistas nadie podrá decir que era nacionalista. Si es una propuesta de riesgo que va al fondo, en continuidad con el derecho de decisión, nadie puede decir que es electoralista presentarla ahora. Si es que cabe quejarse, y con razón, de que no esté Batasuna en su desarrollo no parece razonable que lo digan quienes han encarcelado a su dirección. Si el (muy improbable) acuerdo se produjera entre presidentes, no sería un puenteo de Parlamentos sino un pistoletazo de salida para el trabajo de las instituciones y de todos los partidos, incluidos los que estuvieron ausentes. Si el compromiso es de “promover la creación un órgano institucional común para los cuatro territorios” eso pasa lógicamentepor las mayorías parlamentarias de cada uno de los ámbitos, y no por una imposible y desaconsejable “anexión” por sorpresa de Navarra.

Efectos

Precisamente porque era de normalización y no de pacificación (había otra mesa entre Gobierno de España y ETA) hoy es rescatable a pesar de que no haya tregua. Permitiría que la agenda la hagan las instituciones, las mayorías y los consensos, y no ETA. Así lo ha entendido, al parecer, el lehendakari. Dicho de otra manera aquel documento es una herramienta útil para que los Gobiernos español y vasco, abran un proceso colectivo y resolutivo, no dependiente de terceros, y que tendría por protagonistas a las instituciones electas y a la voluntad popular. Si en el ínterin persiste la violencia, quienes la ejerzan o amparen se autoexcluirían del proceso. En caso contrario, ongi etorri.
Nos hemos acostumbrado a distinguir entre diálogos preparatorios y diálogos resolutivos. Es lógico ese modelo si los procesos lo son entre corrientes distintas suficientemente representativas. Deja de serlo si los temas los asumen las instituciones –haya o no violencia- porque por definición son depositarias de la soberanía popular, aunque su grado de legitimación dependerá de que todas las opciones puedan ofertar sus programas y ser elegibles. Se habría acabado también el método de dos mesas paralelas y autocondicionadas.
Por un lado, esta estrategia acomoda formal y momentáneamente a las distintas familias del PNV a pesar de diferencias en talantes y políticas de alianzas. Recordemos que fueron Imaz y Urkullu, y no Ibarretxe, quienes participaron en la fase final de Loiola. Les da un respiro a la espera de resultados, tanto a los que están en la apuesta soberanista estable como a los que juegan a corto plazo o al neoestatutismo. Por otro lado, es bastante posible que el PSOE se enrroque. Si en la anterior coyuntura quiso arriesgarse a ser el pacificador, en esta coyuntura el objetivo parece ser otro: solo alcanzar el Gobierno Vasco.
En suma, ante el descoloque general, se trata de una buena propuesta que marca un proyecto y alienta la concertación de fuerzas hacia la capacidad de decisión y el bilateralismo.

Ramón Zallo es catedrático de la Universidad del País Vasco

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Juicio a Gestoras

Más de 16.000 personas se manifestaron ayer en las calles de Bilbo para denunciar el juicio contra el movimiento pro amnistía, un nuevo juicio farsa, y trasladar su apoyo a los 27 imputados.

En esta locura de juego de frontón el Estado sigue actuando contra todo lo que huele a izquierda y abertzale, criminalizando sectores culturales, sociales, políticos, o de solidaridad. Es la estrategia del todo es ETA.



Cuando todavía estamos horrorizados por el esperpento jurídico del macro sumario 18/98, la forma en que se ilegalizan candidaturas o partidos políticos, o el caso “egunkaria” (por poner sólo algunos ejemplos que dejan a la altura de una república bananera la concepción de estado de derechas, perdón digo de derecho, que se instala en este país) cuando todavía no nos hemos repuesto de una vulneración de derechos, empieza otra nueva. Estas semanas se está enjuiciando en Madrid al movimiento pro-amnistía y de solidaridad con los presos. Y, una vez más, la respuesta en la calle desde la izquierda abertzale ha sido muy importante.

Tenemos que recordar que en las últimas jornadas, de nuevo, personalidades del ámbito de la judicatura, como el presidente de la asociación de Abogados Europeos Demócratas, Giberto Pagani, han denunciado este sumario al tiempo que exigían la derogación de un tribunal de excepción como es la Audiencia Nacional española.

Tenemos que volver a decir desde aquí: ¿hasta cuando?, ¿hasta cuando tenemos que aguantar este partido de pelota?, ¿este reparto de golpes y pegadas?, ¿hasta cuando?. ¿Hasta cuando vamos a esperar para que de forma conjunta y organizada esa mayoría social que apuesta por la defensa de todos los derechos, de todas las personas, de todas las ideas se empiece a movilizar en la dirección que, por ejemplo, reclamaba hace unos días la plataforma ERABAKI? ¿Hasta cuando vamos a dejar en el congelador el preacuerdo alcanzado entre diferentes (PSOE, PNV, BATASUNA) en Loiola?.

Necesitamos movilizarnos, tal y cómo dice en su manifiesto ERABAKI, por:
- El cese de la actividad armada de ETA
- La restitución de los derechos y libertades civiles y políticos
- La humanización del conflicto.
- Sí al preacuerdo de Loiola, al derecho de decisión y de consulta

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