martes, 20 de mayo de 2008

El conflicto vasco sin horizonte político

Petxo Idoyaga (Viento Sur)

Desde que, el 24 de marzo de 2006, se inició la tregua de ETA hasta el atentado de la T4 de Barajas o, si se prefiere, hasta que la organización armada declaró formalmente la ruptura de aquella, el 6 de junio de 2007, el conflicto vasco tuvo un horizonte esperanzador. Un horizonte de final de la violencia política de ETA y de abrir soluciones para los centenares de sus militantes que están en las cárceles o en el exilio. Pero, además, un horizonte de solución política para el conflicto




Hoy, en cambio, con la tregua rota y con un asesinato como el de Isaías Carrasco que refleja la absoluta carencia de límites éticos y políticos que ha adquirido la actividad de ETA por un lado, y, por otro, con la ilegalización de Batasuna y la detención de todos sus dirigentes, con el acuerdo entre PNV y PSOE para cercar en los municipios a ANV y con el compromiso público del Gobierno español de negarse a cualquier diálogo actual y futuro con ETA, hoy, con todo este lastre, el conflicto vasco aparece sin ningún horizonte de solución.

El acuerdo político entre Batasuna, PSE-PSOE y PNV.
Ahora sabemos que aquella esperanza del periodo de tregua tenía fundamento. El 31 de octubre de 2006, las representaciones de Batasuna, PSE-PSOE y PNV que venían reuniéndose en el santuario jesuita de Loiola (Gipuzkoa) se retiraron de la mesa con un borrador de acuerdo que, entre otros puntos establecía los siguientes sobre la “identidad nacional”, sobre el “derecho a decidir” y sobre la “territorialidad” , los tres grandes nudos del conflicto vasco:
El acuerdo reconocerá la identidad nacional del Pueblo Vasco. Dicho reconocimiento recoge así algo ampliamente compartido en la sociedad vasca: el sentimiento de pertenencia a una nación. Reconociendo que los partidos mantenemos diferencias sustanciales en torno a la presente y futura configuración del Pueblo Vasco, aceptamos que existe una realidad conformada por vínculos sociales, lingüísticos, históricos, económicos y culturales llamada Euskal Herria, que se muestra en los territorios de Araba, Nafarroa, Bizkaia y Gipuzkoa en el Estado español, y Lapurdi, Zuberoa y Baxe Nafarroa en el Estado francés.
Nos comprometemos a defender que las decisiones que sobre su futuro político adopte libre y democráticamente la ciudadanía vasca sean respetadas por las instituciones del Estado.
El acuerdo resultante garantizará que todos los proyectos políticos pueden ser no sólo defendidos en condiciones de igualdad de oportunidades y ausencia de toda forma de coacción o injerencia sino que, además, puedan ser materializados si ese es el deseo mayoritario de la ciudadanía expresado a través de los procedimientos legales.
Partiendo de la actual realidad jurídico-política plasmada en la existencia de dos ámbitos institucionales diferenciados, nos comprometemos a promover la creación de un órgano institucional común para los cuatro territorios. Este órgano institucional tendrá las atribuciones ejecutivas y de propuesta legislativa en el marco competencial que se acuerde, de conformidad con el ordenamiento jurídico .Dichas atribuciones serán objeto de negociación durante el transcurso del diálogo multipartito
El siguiente escenario debía ser ese diálogo multipartito, con la incorporación, por tanto de las demás fuerzas políticas que lo desearan. Pero cuando las tres delegaciones volvieron a reunirse, en noviembre, Batasuna propuso tres modificaciones. La primera, incluir un paréntesis en el que se concretaran las expresiones autonomista, federalista o independentista cuando se habla de garantizar todos los proyectos políticos. La segunda, añadir lo siguiente: El ordenamiento jurídico-político resultante para los territorios de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa reconocerá y regulará los mecanismos jurídicos y políticos que permitan a la ciudadanía de los cuatro territorios adoptar decisiones en torno a su futuro político e institucional. Dichas decisiones se tomarán teniendo como único límite la voluntad popular. La tercera, establecer como tarea expresa del órgano institucional común elaborar un Estatuto de Autonomía.
Al margen de cómo discurrieron en concreto las reuniones de noviembre (cada cual lo cuenta a su manera), hay que analizar el contenido de estas propuestas y la ruptura del acuerdo. Explicitar el nombre de los proyectos políticos existentes no debería plantear problema alguno. Establecer la existencia de un ordenamiento jurídico-político común a la Comunidad Autónoma Vasca y a Nafarroa es, en cambio, poner como punto de partida algo que estaba establecido como posible punto de llegada. Añadir que ese ordenamiento será un “Estatuto de Autonomía” elaborado por el órgano institucional común, equivale a que éste pase de tener competencias de “propuesta legislativa” a ser un Órgano Constituyente (elaborar un Estatuto de Autonomía) común a la Comunidad Autónoma Vasca y a Nafarroa.
Las dos últimas propuestas de Batasuna suponen un cambio cualitativo del acuerdo previo. En particular, poner como condición para el diálogo la existencia de un órgano constituyente que elabore un Estatuto común para las dos comunidades administrativas, equivale a dejar sin valor la expresión “partiendo de la actual realidad jurídico-política plasmada en la existencia de dos ámbitos institucionales diferenciados” desde el que se hacía la propuesta de órgano común, y a poner al PSE-PSOE ante una situación imposible de aceptar.
Si los socialistas y las fuerzas políticas nacionalistas estuvieran de acuerdo en que un órgano común a ambos territorios institucionales redactara un Estatuto de Autonomía común también para ambos; si, además, dicho Estatuto –según el resto de acuerdos del texto- fuera a someterse a la decisión mayoritaria de la ciudadanía; si todo eso ocurriera, deberíamos decir que el conflicto nacional, en lo que hace a su naturaleza “interna”, a los desacuerdos sobre su solución dentro de la propia Euskal Herria (al menos en el Estado español), habría terminado.
Quedaría la naturaleza “externa” del conflicto, el reconocimiento por parte del Estado de la soberana decisión ciudadana vasca y la acomodación jurídica y administrativa de las relaciones mutuas. No es, desde luego, una cuestión menor. El núcleo duro del conflicto nacional vasco reside en la negación por parte del estado del derecho a la autodeterminación y hasta en niveles más autonomistas conviene no olvidar lo que ocurrió con el Estatut catalán.
Pero si el conflicto “interno” estuviera resuelto y si los firmantes se comprometieran –como dice el texto- a exigir en común al Estado respeto sobre lo decidido, estaríamos en un estupendo nivel de solución del conflicto vasco. Pero eso –y con más razón, si cabe, en este caso- sólo puede ser el resultado final de la trayectoria, no una condición para iniciarla.
Y, además, aunque pueda decirse que un acuerdo entre socialistas y nacionalistas representa una amplia mayoría en la Comunidad Autónoma Vasca, no ocurre lo mismo en Nafarroa. Y saltarse el acuerdo previo de la ciudadanía Navarra para que se abra un periodo constituyente común con la Comunidad Autónoma Vasca no parece ni lo más inteligente, ni lo más democrático.
Es obvio, no obstante, que Batasuna tiene toda la legitimidad para plantear que sus propuestas se integren en el documento de acuerdo. Pero lo que resulta un error enorme (y enormemente sectario) es condicionar la continuidad del acuerdo a que el PSE-PSOE aceptara tales propuestas. Es posible que sean ciertas las críticas hechas desde la izquierda abertzale a que el PSE-PSOE y el PNV se negaron a incluir la mención expresa “autonomista, federalista o independentistas” y de serlo se demostraría que hubo raudales de sectarismo en ambas direcciones. Es no sólo posible sino probable que se demorase cualquier forma de compromiso expreso del socialismo navarro, del PSN, con el acuerdo, y que esto ocurriera por indicación del Gobierno de Madrid, como se ha criticado, también, desde Batasuna. Pero incluso así, el acuerdo previo era una base suficiente para ir al escenario del diálogo multipartito.
Pero lo realmente grave es que ETA cometiera el atentado de la T4 de Barajas como respuesta, presión o lo que sea a la situación en la mesa de las tres fuerzas políticas. En el escenario definido por la propia Batasuna en Anoeta y aceptado por las demás fuerzas políticas y el propio Gobierno español, había dos mesas –una la de partidos y la otra la de ETA y el Gobierno para el tema del final de la violencia- que no debían interferirse.
Hay que subrayar las veces que haga falta la enorme irresponsabilidad del Gobierno español en el fracaso del proceso, ya que no dio paso alguno en la humanización en tema de presos y continuó con la represión contra la izquierda abertzale. Pero lo que reventó definitivamente el proceso fue ese atentado de Barajas.

La “hoja de ruta” del lehendakari Ibarretxe y el impacto de las elecciones
El final de todo aquel proceso no rompió sólo esos acuerdos de Loiola. Rompió, también, todos los puentes de diálogo entre las distintas fuerzas políticas y abrió un nuevo ciclo negro en la historia vasca. La propuesta y la “hoja de ruta” presentada por el lehendakari Ibarretxe ante el Parlamento Vasco el 28 de septiembre, tenía el valor de intentar crear, de nuevo, un horizonte político al conflicto vasco.
El primer paso de esa hoja de ruta era la oferta de Pacto Político al Presidente del Gobierno español. El segundo, un pleno del Parlamento Vasco en junio de 2008 para refrendar el pacto político alcanzado y autorizar una consulta a celebrar el 25 de octubre que sería de ratificación del pacto con el Gobierno español o, en su defecto, para autorizar la celebración de una consulta habilitadora que apoye que el Gobierno español y ETA inicien un proceso de diálogo(…) y que todas las fuerzas políticas vascas sin exclusiones, inicien un proceso de negociación con el objetivo de alcanzar, en un plazo determinado, un acuerdo de normalización política sobre el ejercicio del derecho a decidir del Pueblo Vasco y sobre el marco de relaciones, tanto internas como externas, que deseamos mantener. Culminación del proceso con un referéndum resolutivo en el segundo semestre de 2010 que plasme el ejercicio del derecho a decidir.
La propuesta recibió el rechazo total del Gobierno español y todas las manipulaciones imaginables de los medios de comunicación. Pero recibió también el rechazo de muchas personas y fuerzas sociales vascas (ELA entre otras) favorables a la autodeterminación, por la justificada desconfianza en que el Gobierno vasco vaya a asumir la confrontación con el Gobierno español que esto va a suponer y desconfianza, sobre todo, en que el PNV vaya a comprometerse seriamente con ello. Y, efectivamente, el PNV no ha mostrado estos meses iniciativa alguna de apoyo más que alguna desvaída declaración e, incluso, ha permitido que algunos de sus dirigentes de peso (como el alcalde de Bilbao) arremetan abiertamente y de frente contra la iniciativa del lehendakari.
Antes de las elecciones del 9 de marzo, sólo había aparecido públicamente una iniciativa social de cierto peso en defensa del derecho a decidir. Se trata de “Erabaki” (decidir en euskera) iniciativa en la que confluyen personas y tendencias bastante diversas. La iniciativa defiende ese derecho a decidir más allá de la propuesta del lehendakari; pero es evidente que genera un caldo de cultivo conveniente para la misma.
Sin más que esa iniciativa en la calle y el conjunto de la situación como antes se ha relatado, toda la propuesta de Ibarretxe aparecía ya con cierta debilidad. Las elecciones la han acentuado.
El siguiente cuadro recoge los resultados de las tres últimas elecciones al Parlamento español.
CAV PP PSOE PNV IU Abstención Abstención Estado español
2008 18’8 38’8 27’7 4’6 34’3 24’68
2004 19’1 27’6 34’2 8’3 25’0 22’79
2000 29’1 24’0 31’3 5’6 36’2 31’29
Nafarroa UPN PSOE NaBai IU Abstención
2008 26’0 35’1 18’8 3’3 26’0
2004 23’8 34’2 18’3 6’0 23’8
2000 33’9 28’4 - 7’9 33’9

Es seguro que el asesinato del ex-concejal socialista Isaías Carrasco arrastró voto a la candidatura del PSE-PSOE. Pero además hay otras dos razones que explican su ascenso en Comunidad Autónoma Vasca. La primera el miedo a que el PP ganara las elecciones. La segunda, el cambio de imagen del PSE-PSOE actual frente al que estuvo liderado por Redondo Terreros y Rosa Díaz; el PSE-PSOE actual para nada tiene socialmente aquella imagen de partido peligroso para todo lo que empiece por “eusk.”.
Eso plantea un problema serio al PNV; puede perder la mayoría no sólo en las elecciones generales, sino también en las autonómicas; de hecho le costará mucho acortar para estas los 11 puntos de ventaja que le ha marcado el partido de Patxi López. El resultado electoral ha reforzado la voz de los que, dentro del partido, reclaman que se “amortice” la iniciativa del lehendakari y se busque un acuerdo estable con el PSE-PSOE, partido que, por su parte, ha anunciado a bombo y platillo que mientras dicha iniciativase mantenga no hay acuerdo posible sobre Euskadi. Pero esa política podría darle imagen de mayor debilidad, podría obligarle a aceptar palo y zanahoria por parte de los socialistas y podría diluir su imagen de capacidad de gobierno. Además –y esto es decisivo- el PNV no puede limitar sus acuerdos con el Gobierno español al simple cumplimiento de las competencias previstas en el Estatuto de Gernika, ni a una reforma estatutaria competencial de corto alcance; entrar en ese juego le llevaría no sólo a perder el liderazgo político, sino a arriesgar una gran crisis interna.
En esta contradicción, sostener la iniciativa del lehendakari Ibarretxe es una opción que podría mantenerse incluso con la previsión de que en junio no obtenga los votos suficientes del Parlamento Vasco y se proceda a su disolución y a la convocatoria anticipada de elecciones. Porque, técnicamente, esa iniciativa sólo puede salir adelante si en junio, cuando la propuesta de consulta habilitadora se lleve al Parlamento Vasco obtiene el apoyo del Partido Comunista de las Tierras Vascas. Pero ¿quién sabe la opción que tomará el PCTV?.
Por un lado o por el otro, la iniciativa de Ibarretxe difícilmente podrá convertirse en horizonte político para la mayoría de la sociedad vasca.

Y ¿qué pasa con la izquierda vasca?
Algunas ilustres voces han clamado poco menos que su desprecio definitivo a una sociedad como la vasca que, tras el asesinato de Isaías Carrasco, aún da un alto apoyo a la abstención a la que llamaron ANV y Batasuna y que fue apoyada por la propia ETA. Muchos más han leído eso como un inequívoco apoyo a ETA incluso después del atentado de Mondragón.
Pero la razón del apoyo a la abstención o, en general, a las opciones electorales de Batasuna es más compleja. Para esos votantes su voto equivale a reclamar el acercamiento de los presos y la amnistía y el fin de las ilegalizaciones y de toda la represión incluida las torturas en comisarías cuyas denuncias crecen y crecen, así como la defensa del independentismo en el marco electoral .
Con todo lo que se quiera relativizar sobre el valor de las encuestas sociológicas, las que tienen una larga tradición como son las del Euskobarómetro (cuya dirección visible es, además, de un militante del PSE-PSOE amenazado por ETA) muestran que la suma de quienes manifiestan puro y total rechazo a ETA, de quienes dicen compartir sus fines pero no sus medios y de quienes manifiestan que “antes sí pero ahora no” alcanza casi el 90%. Es evidente que la pregunta de la encuesta no es de las que invitan a contestar afirmativamente… por si acaso. Pero aún aceptando que eso marca desviación sobre la realidad, parece claro (y se ha notado en cada periodo de tregua) que el fin de la violencia de ETA es algo mayoritariamente deseado por la izquierda abertzale.
Otra cosa distinta es que desde el interior de esta no se alcen voces públicamente contra ETA, ni siquiera cuando, como con la ruptura de la tregua, es evidente que la organización armada sabe que su vuelta al escenario de los atentados va a provocar un frontal “estado de excepción” del Gobierno contra Batasuna. También es posible que una parte importante del mundo de Batasuna comparta la idea de que una negociación con el Gobierno de Madrid sin que ETA exista, arriesga que el resultado se reduzca a un trueque de favores y monedas entre las burocracias socialistas y peneuvistas. Que desde fuera podamos analizar todo eso como una situación o un pensamiento contradictorio, no evita que refleje vivencias, sentimientos y pensamientos que pueden convivir.
En todo caso ETA sí parece actuar con el convencimiento de que tiene aliento para renovarse y continuar, y no parece haber percibido que eso disminuye proporcionalmente al nivel en que va disminuyendo el coste político que su actividad representa para el Gobierno central. Pero lo vea o no, la creciente y creciente falta de respuesta social en Euskadi a la represión contra Batasuna, y la absoluta indiferencia (cuando no simpatía) que ha logrado en las clases populares del Estado español, son hechos de un enorme peso contra ETA.
Difíciles tiempos para la izquierda vasca. La parte mayoritaria de ella sigue agrupada en la izquierda abertzale (LAB es un ejemplo de ello).Pero mientras la izquierda abertzale no realice una reflexión política pública de análisis sobre el papel de ETA, seguirá en la pendiente degenerativa por la que ya está rodando y no tendrá, además, suficientes apoyos sociales para hacer frente al “estado de excepción” que se ha impuesto contra ella.
Decir ante el cadáver de un trabajador y militante socialista que su asesinato es “consecuencia del conflicto” es muy cruel y nada ético ni humanitario; y poca justificación tiene, digámoslo todo, que si esa frase es lo único que merece decirse ante este hecho, se convoquen manifestaciones o huelgas ante otras “consecuencias del conflicto”. Pero aunque fuese así habría que analizar qué efecto tiene ese asesinato (y la acción general de ETA) sobre el conflicto vasco, si fortalece o debilita los impulsos democráticos que hay en él. Batasuna es una corriente política que analiza públicamente y con todo detalle los diversos escenarios y a los diversos actores del conflicto vasco; a todos menos a uno, que es ETA. Y esa carencia es un lastre imposible de superar para abrir una vía a la reconstrucción de un espacio de izquierda social y soberanista amplio.
Incluso en el espacio electoral parece apreciarse un relativo descenso, aunque pueda subrayarse el margen que mantiene. La abstención (propuesta electoral de ANV y de Batasuna) en la Comunidad Autónoma Vasca ha estado en las dos convocatorias anteriores de elecciones al Parlamento español entre un 2’21 y un 4’91 por encima de la del conjunto del Estado , y esta vez ha estado 9’62 por encima. Si le restamos la media de las dos anteriores (3’56), nos da un resultado achacable a Batasuna del 6’02 unos 110.000 votos). En Nafarroa el porcentaje de abstención es casi igual al de las elecciones anteriores. La bajada no es comparable a la del PNV o a la de EB-IU. Pero puede ser un síntoma
EB- IU ha perdido en las elecciones en Euskadi (tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en Nafarroa) más aún que el conjunto de IU en el Estado español. Ello parece haber acelerado una crisis interna en la que una corriente de oposición a la continuidad en el Gobierno Vasco junto al PNV parecía alcanzar la mayoría. Pero el sector PCE-EPK ha cambiado oportunistamente de posición (nada de extrañar) y ha pasado de la noche a la mañana a aliarse con su hasta ayer gran enemigo Javier Madrazo. La estrategia de éste y la de la mayoría de su dirección sigue siendo, por encima de todo, mantener parcelas de poder en el Gobierno Vasco Pero el PSE-PSOE está dispuesto a que uno de sus naipes en la partida con el PNV sea el ninguneo de EB-IU.
Fuera de Nafarroa Aralar sigue arrinconada políticamente, aunque buena parte de su discurso tenga la dimensión más clásica de los valores de la izquierda.
No se ve cuándo tocará fondo todo esto, ni cuándo aparecerá un nuevo horizonte político para el conflicto vasco en el que pueda abrirse nuevo espacio para una izquierda comprometida absolutamente con la mejor tradición de resistencias sociales.
Hoy, en todo caso, parece que el modo mejor de ir haciendo camino en el conflicto vasco es trabajar, al mismo tiempo, en una triple perspectiva: ampliar la presión social para que los partidos vuelvan a los acuerdos de Loiola en el punto en que lo dejaron y prosigan su diálogo; comprometerse absolutamente en el rechazo al “estado de excepción” impuesto a la izquierda abertzale; generar movimiento social que reclame públicamente una tregua definitiva a ETA y la humanización de la situación de los sectores afectados por la violencia (víctimas de ETA y presos). La iniciativa, citada ya, de Erabaki, así como otras (entre ellas Elkarbide de la que formamos parte un numeroso sector del profesorado universitario) apuntan en esa dirección.
No es una alternativa estratégica, ni un camino con claras perspectivas, pero es, al menos, una orientación razonable en el actual panorama sin horizontes políticos de este inacabable conflicto vasco.