Desafortunadamente las gentes de la izquierda alternativa disponen de muy pocos y pobres medios de comunicación. Por tanto, so pena de pecar de poca creatividad siento la necesidad de reproducir esta declaración de Espacio Alternativo. Pienso que en cuantos más Blog, páginas web y correo aparezca sera mucho mejor para formar una conciencia que intente frenar el retroceso, retrogrado y reaccionario que estamos sufriendo. Marce.
UN NUEVO PASO ADELANTE HACIA EL ESTADO PENAL
Declaración de Espacio Alternativo
Las decisiones adoptadas por el juez Garzón, por las cuales, entre otras medidas, se impide la presentación de ANV a las elecciones generales y se “suspende” por tres años, prorrogables a cinco, las actividades tanto de este partido como EHAK, suponen una vez más la criminalización de un amplio sector de la ciudadanía vasca mediante la vulneración de sus derechos básicos de asociación, participación y representación política. En este caso, además, la argumentación según la cual ANV y EHAK “estaban en el umbral de convertirse en organizaciones terroristas”, refleja un nuevo paso adelante en la instauración de un “Derecho Penal del enemigo” que tiende a extender cada vez más la categoría de “terroristas” a un número creciente de ciudadanos y ciudadanas por el mero hecho de compartir los objetivos defendidos por organizaciones armadas calificadas como “terroristas”.
El hecho de que la Sala Especial del Tribunal Supremo no haya aceptado todas las peticiones de la Abogacía del Estado no permite generar tampoco esperanza alguna de que por esa vía pueda frenarse la dinámica abierta hacia la definitiva ilegalización de ambas formaciones políticas. Ya sea mediante la coartada del “entorno” o, ahora, del “umbral” parece que, como ya pudimos comprobar en la sentencia sobre el Sumario 18/98, la tendencia a incluir el nuevo y absurdo concepto de “terrorismo desarmado” como tipo penal, así como la instauración del principio de presunción de culpabilidad frente al de la presunción de inocencia, va a proseguir y se convertirá en imparable si la mayoría de la ciudadanía no reacciona frente a lo que está suponiendo un golpe mortal al Estado de derecho.
Lo más grave de estas medidas es que van acompañadas de otras dirigidas contra representantes de otras fuerzas políticas vascas por el mero hecho de haber dialogado con Batasuna o por no haber ilegalizado en su momento a su grupo parlamentario. Ni siquiera los gobiernos británicos, antes con Margaret Thatcher y luego con John Major y Toni Blair, llegaron tan lejos: al contrario, dialogaron con el Sinn Fein, nunca ilegalizaron a esta formación política pese a sus estrechos vínculos con el IRA y, finalmente, llegaron a los Acuerdos de Viernes Santo que abrieron paso a un proceso de paz, diálogo y negociación sin exclusiones y sin límites sobre las materias a tratar que ha conducido al cese de la violencia armada en Irlanda del Norte.
Desde que se vio frustrado el proceso de paz abierto tras la declaración de alto el fuego de ETA en marzo de 2006 la orientación del gobierno de Zapatero ha sido la adaptación creciente a las presiones del bloque de derechas hegemonizado por el PP y la opción en la práctica por la vía represiva como la única para “solucionar” el conflicto vasco. Es cierto que el retorno a la acción armada y, sobre todo, los atentados mortales cometidos por ETA no han ayudado a frenar esa escalada ni, en el caso de que continúe actuando, ayudarán al desarrollo de un amplio movimiento de solidaridad con la izquierda abertzale y la defensa de derechos fundamentales. Pero, en cualquier caso, si el gobierno actual y el que surja de las elecciones del 9 de marzo, junto con el poder judicial, siguen por el camino emprendido con estas medidas, no sólo se agravará el conflicto vasco sino que con él nuestras libertades y derechos básicos se verán más restringidos y atacados.
Sabemos que estas medidas judiciales no vienen sólas: forman parte no sólo de esa “guerra global contra el terror” desencadenada tras el 11-S de 2001 -que pretende justificar guerras ilegales e injustas como las de Iraq (sin que hayan sido procesados por ello quienes las desencadenaron: Bush, Blair y Aznar...) y toda una legislación “antiterrorista” cada vez más de excepción, incluida la tortura, dentro de EEUU y la UE- sino también de una serie de agresiones a las diversas formas de disidencia que se dan dentro del Estado español, ya sea a través de la denuncia de la monarquía, de la lucha contra los despidos, de la movilización antifascista o de la okupación de viviendas vacías.
Solidarizándonos con quienes sufren ahora estas medidas judiciales no sólo estamos contribuyendo a impedir la agravación del conflicto vasco sino también lo hacemos a favor de la defensa de nuestras libertades y derechos en el Estado español y a escala internacional. Urge, por tanto, desarrollar toda la pedagogía política necesaria para crear las condiciones de una amplia respuesta frente a estas decisiones judiciales que ayude a la reapertura tras el 9 de marzo de un proceso de paz, diálogo y negociación que conduzca a la solución democrática del conflicto vasco mediante el reconocimiento del derecho del pueblo vasco a su autodeterminación. Un proceso que debería ir acompañado por medidas como la derogación de la Ley de Partidos, la disolución de la Audiencia Nacional y el acercamiento de los presos a sus lugares de origen, así como por el cese definitivo de la acción armada de ETA. Espacio Alternativo se compromete a impulsar esa labor y a hacerlo de la forma más unitaria posible con todas aquellas organizaciones políticas y sociales que estén dispuestas a desarrollarla en las próximas semanas y meses.
10 de febrero de 2008
Declaración de Espacio Alternativo
Las decisiones adoptadas por el juez Garzón, por las cuales, entre otras medidas, se impide la presentación de ANV a las elecciones generales y se “suspende” por tres años, prorrogables a cinco, las actividades tanto de este partido como EHAK, suponen una vez más la criminalización de un amplio sector de la ciudadanía vasca mediante la vulneración de sus derechos básicos de asociación, participación y representación política. En este caso, además, la argumentación según la cual ANV y EHAK “estaban en el umbral de convertirse en organizaciones terroristas”, refleja un nuevo paso adelante en la instauración de un “Derecho Penal del enemigo” que tiende a extender cada vez más la categoría de “terroristas” a un número creciente de ciudadanos y ciudadanas por el mero hecho de compartir los objetivos defendidos por organizaciones armadas calificadas como “terroristas”.
El hecho de que la Sala Especial del Tribunal Supremo no haya aceptado todas las peticiones de la Abogacía del Estado no permite generar tampoco esperanza alguna de que por esa vía pueda frenarse la dinámica abierta hacia la definitiva ilegalización de ambas formaciones políticas. Ya sea mediante la coartada del “entorno” o, ahora, del “umbral” parece que, como ya pudimos comprobar en la sentencia sobre el Sumario 18/98, la tendencia a incluir el nuevo y absurdo concepto de “terrorismo desarmado” como tipo penal, así como la instauración del principio de presunción de culpabilidad frente al de la presunción de inocencia, va a proseguir y se convertirá en imparable si la mayoría de la ciudadanía no reacciona frente a lo que está suponiendo un golpe mortal al Estado de derecho.
Lo más grave de estas medidas es que van acompañadas de otras dirigidas contra representantes de otras fuerzas políticas vascas por el mero hecho de haber dialogado con Batasuna o por no haber ilegalizado en su momento a su grupo parlamentario. Ni siquiera los gobiernos británicos, antes con Margaret Thatcher y luego con John Major y Toni Blair, llegaron tan lejos: al contrario, dialogaron con el Sinn Fein, nunca ilegalizaron a esta formación política pese a sus estrechos vínculos con el IRA y, finalmente, llegaron a los Acuerdos de Viernes Santo que abrieron paso a un proceso de paz, diálogo y negociación sin exclusiones y sin límites sobre las materias a tratar que ha conducido al cese de la violencia armada en Irlanda del Norte.
Desde que se vio frustrado el proceso de paz abierto tras la declaración de alto el fuego de ETA en marzo de 2006 la orientación del gobierno de Zapatero ha sido la adaptación creciente a las presiones del bloque de derechas hegemonizado por el PP y la opción en la práctica por la vía represiva como la única para “solucionar” el conflicto vasco. Es cierto que el retorno a la acción armada y, sobre todo, los atentados mortales cometidos por ETA no han ayudado a frenar esa escalada ni, en el caso de que continúe actuando, ayudarán al desarrollo de un amplio movimiento de solidaridad con la izquierda abertzale y la defensa de derechos fundamentales. Pero, en cualquier caso, si el gobierno actual y el que surja de las elecciones del 9 de marzo, junto con el poder judicial, siguen por el camino emprendido con estas medidas, no sólo se agravará el conflicto vasco sino que con él nuestras libertades y derechos básicos se verán más restringidos y atacados.
Sabemos que estas medidas judiciales no vienen sólas: forman parte no sólo de esa “guerra global contra el terror” desencadenada tras el 11-S de 2001 -que pretende justificar guerras ilegales e injustas como las de Iraq (sin que hayan sido procesados por ello quienes las desencadenaron: Bush, Blair y Aznar...) y toda una legislación “antiterrorista” cada vez más de excepción, incluida la tortura, dentro de EEUU y la UE- sino también de una serie de agresiones a las diversas formas de disidencia que se dan dentro del Estado español, ya sea a través de la denuncia de la monarquía, de la lucha contra los despidos, de la movilización antifascista o de la okupación de viviendas vacías.
Solidarizándonos con quienes sufren ahora estas medidas judiciales no sólo estamos contribuyendo a impedir la agravación del conflicto vasco sino también lo hacemos a favor de la defensa de nuestras libertades y derechos en el Estado español y a escala internacional. Urge, por tanto, desarrollar toda la pedagogía política necesaria para crear las condiciones de una amplia respuesta frente a estas decisiones judiciales que ayude a la reapertura tras el 9 de marzo de un proceso de paz, diálogo y negociación que conduzca a la solución democrática del conflicto vasco mediante el reconocimiento del derecho del pueblo vasco a su autodeterminación. Un proceso que debería ir acompañado por medidas como la derogación de la Ley de Partidos, la disolución de la Audiencia Nacional y el acercamiento de los presos a sus lugares de origen, así como por el cese definitivo de la acción armada de ETA. Espacio Alternativo se compromete a impulsar esa labor y a hacerlo de la forma más unitaria posible con todas aquellas organizaciones políticas y sociales que estén dispuestas a desarrollarla en las próximas semanas y meses.
10 de febrero de 2008
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