jueves, 7 de febrero de 2008

Iniciativa para la defensa de las libertades democráticas


-I-
Justificación

Las personas que firmamos la presente declaración militamos en organizaciones sociales, sindicales y políticas comprometidas con los derechos humanos, con la justicia social y con la democracia política. Todos actuamos a título individual porque queremos respetar la autonomía y el pluralismo de nuestras respectivas organizaciones, y desde la diversidad de opiniones políticas que cada cual tiene, nos hemos puesto de acuerdo para crear un comité de defensa de las libertades que aspira a promover el compromiso militante de todos los demócratas.


Somos conscientes de que esta propuesta puede ser incomprendida por quienes estiman que el mero hecho de tener un sistema de partidos políticos y de elecciones libres es garantía suficiente de democracia política. El hecho añadido de que estemos plenamente integrados en la Unión Europea refuerza la percepción de que las libertades democráticas parecen consolidadas, y que la idea de un Comité de defensa de las mismas evoque el recuerdo de tiempos pretéritos, ya superados, de persecución política, de dictadura y represión. Sin embargo, y a poco que observemos con mirada crítica la realidad que nos circunda, apreciaremos que la democracia en que vivimos no sólo es de baja calidad, sino que está incluso en peligro de retroceso.

La violencia política de ETA sigue persistiendo como un factor que conculca derechos humanos y distorsiona la convivencia democracia. La acumulación de secuestros, extorsiones económicas, actos de “kale borroka” y víctimas mortales hasta un total que se aproxima a cerca de 1000 personas en los 30 años de vigencia del sistema democrático, ofrece una idea de la magnitud de este problema. La nueva ruptura de la tregua de ETA ha puesto fin al enésimo intento de buscar una salida negociada, y el anuncio de su regreso a la acción armada amenaza con la apertura de un nuevo ciclo de violencia política que empantana la cuestión vasca en los mismos términos de sufrimiento, miedo, intolerancia y represión policial en que ha estado sumida en las últimas décadas. El hecho de que esa violencia se realice en nombre de la libertad nacional y del reconocimiento del derecho de autodeterminación, ni la justifica ni la hace más tolerable desde el punto de vista de los derechos humanos.

Ahora bien, si consideramos la cuestión de la calidad democrática desde el punto de vista de las “normas políticas del estado” bajo las que estamos obligados a vivir, se observará que en ese mismo lapso de tiempo se ha producido el encarcelamiento de varios miles de militantes abertzales sin que se haya podido demostrar la vinculación de muchos de ellos con la violencia de ETA, como en el reciente caso del sumario 18/98. También se ha producido el asesinato de varios decenas de militantes abertzales por el “terrorismo de estado” (GAL, etc.), y la tortura en las comisarías, denunciada sistemáticamente por Amnistía Internacional. En otro orden de cosas se puede apreciar la acumulación de un conjunto de leyes especiales como la ley antiterrorista y la ley de partidos entre otras, que cercenan las libertades democráticas, junto a hábitos jurídicos de corte neofranquista, acciones de gobierno y discursos políticos que están transformando el débil e insuficiente “estado democrático” nacido de la reforma de la dictadura, en un cada vez más degradado “estado fuerte” de bajo perfil democrático.

Afortunadamente, algunas de estas prácticas policiales han desaparecido, como en el caso de ciertas formas de “terrorismo de estado”, pero en cambio otras se han reforzado, como es el caso de las leyes especiales, la persecución de la izquierda abertzale o la prevaricación de los jueces en el encausamiento de las cuestiones relacionadas con el “problema vasco”. Estas medidas se presentan como democráticas por el mero hecho de ser “legales”; esto es, por haber sido aplicadas previa modificación de las leyes, pero eso no las convierte en políticas más democráticas que las actuaciones ilegales del “terrorismo de estado”, aunque resulten más tolerables desde el punto de vista de su imagen pública. El caso más paradigmático de esa identificación entre legalidad y derecho la tenemos en el procesamiento iniciado contra el Lehendakari y contra los representantes del PSE y de Batasuna en las conversaciones políticas para el final dialogado de la violencia. Cuando se criminaliza el diálogo político como se hace en este caso, no se puede dejar de pensar que el tantas veces invocado “estado español de derecho” se asemeja más a un estado policial que a un estado democrático.

El problema añadido es que todas las medidas de excepción se justifican con el pretexto de “combatir al terrorismo” o de frenar la “secesión vasca”, y en esa carrera de despropósitos del “todo vale contra ellas”, hemos asistido a una paulatina restauración del neofranquismo en las cúpulas dirigentes del Partido Popular, de la Conferencia Episcopal Española, del poder Judicial, y de algunos influyentes medios de comunicación de la derecha clásica. Desde estas instancias de poder se promueven políticas antidemocráticas, se criminaliza la disidencia de izquierda abertzale como sinónimo de colaboración con ETA, y se recuperan los viejos discursos totalitarios del nacional-catolicismo español, como únicos intérpretes de la identidad española, de la democracia y de la Constitución.

El colectivo de personas que promovemos esta iniciativa consideramos que no se debe banalizar la influencia de estos discursos y de estos poderes fácticos sobre el poder político y sobre la opinión pública. Sobre todo y particularmente en las condiciones de desmovilización social de las izquierdas y de exaltación patriótica española en que hoy vivimos, pues su influencia sobre la política es tan considerable que está haciendo retroceder la cultura democrática a niveles preconstitucionales.

En razón de ello, y sin olvidarnos de los problemas derivados de la violencia de ETA, nuestra preocupación también consistirá en desvelar la verdadera naturaleza de las leyes de excepción. El compromiso con la defensa de las libertades nos emplaza a trabajar por abolir esas leyes y reconstruir las bases de una cultura democrática que sea respetuosa de todas las identidades, de todos los derechos humanos para todas las personas, y de todos los derechos democráticos para todos los ciudadanos y para todos los pueblos.

De estas consideraciones generales deducimos la siguiente


-II-
Línea de actuación

1.- La iniciativa por la Defensa de las Libertades actuará contra la conculcación de los derechos humanos y contra el recorte de las libertades democráticas independientemente de quien o quienes los conculquen y atropellen.

2.- La iniciativa por la Defensa de las Libertades promoverá una cultura democrática de respeto a la vida, de desobediencia civil a las leyes injustas, de movilización social y de acción ciudadana en favor de todos los derechos humanos y de todas las libertades democráticas para todas las personas, partidos políticos y nacionalidades del estado.

3.- La iniciativa por la Defensa de las Libertades no hará por tanto distinción entre unos derechos y otros, ni condicionará la defensa de unos derechos a la conquista previa de otros.

4.- La iniciativa por la Defensa de las Libertades se pronuncia radicalmente en contra de la aplicación de “soluciones policiales” a los problemas políticos, y promoverá en consecuencia las vías de la negociación entre ETA y el Estado para las cuestiones relativas a la violencia y a los presos políticos, y las vías del diálogo transversal entre partidos políticos y entre las instituciones vascas y las instituciones del Estado, para todas las cuestiones relativas al derecho de decisión, a la unidad político-territorial, y a la soberanía política de las partes.

Sobre la base de estos criterios, formulamos las siguientes


-III-
Demandas democráticas

1.- Demandamos a ETA el cese definitivo e incondicional de todas las formas de violencia política que ejerce. En esta demanda incluimos el cese de la “kale borroka” o violencia de baja intensidad, independientemente de quienes sean las organizaciones que la ejerzan. Consideramos que esa decisión facilitará la recuperación de la negociación política interrumpida con motivo de la tregua. Pero sobre todo y fundamentalmente, el cese de la violencia debe realizarse por razones de ética política. Esto es, porque las reivindicaciones democráticas requieren la utilización de métodos democráticos respetuosos de los derechos humanos y situados a la misma altura moral que la democracia que se reivindica.

2.- Demandamos al Estado español una política activa contra la tortura y contra la prolongación indefinida de las condenas a los presos políticos, basada en:
La presencia letrada y la filmación obligatoria de todos los interrogatorios policiales
El acercamiento de los presos vascos a las cárceles vascas
La aplicación de la legislación ordinaria para la concesión del 3º grado y para la excarcelación de todos los presos políticos que estén enfermos o que hayan cumplido las ¾ partes de su condena
La derogación de la “doctrina Parot”

3.- Demandamos al Estado español la abolición de las leyes de excepción a cuyo amparo se ha producido la ilegalización de Batasuna, el encarcelamiento de sus dirigentes, la persecución de las organizaciones juveniles vinculadas a ella, la invalidación de sus candidaturas electorales y los procesamientos del Lehendakari junto a dirigentes del PSE y de Batasuna. Muy en particular
La derogación de toda la legislación antiterrorista
La derogación de la Ley de Partidos Políticos
La disolución de la Audiencia Nacional y todos los Tribunales especiales creados al amparo de la legislación antiterrorista
El restablecimiento efectivo del derecho de libre asociación para todas las organizaciones ilegalizadas de la izquierda abertzale.

4.- Demandamos al Estado español una política activa contra la judialización de la política y contra la politización de la justicia. Muy en particular,
La anulación de las sentencias del proceso 18/98 y la puesta en libertad de todas y todos los encausados en ese proceso
La paralización de todos los procesos en curso al albur de la aplicación de la Ley de Partidos Políticos
La democratización del poder judicial a fin de garantizar su independencia efectiva, la revocación de cargos y la depuración democrática de todos los jueces de probada adscripción a las organizaciones e ideologías neofranquistas. En esa perspectiva general, demandamos la creación de un poder judicial vasco, así como el control desde el Parlamento Vasco de todas las actuaciones judiciales que estén relacionadas con su ámbito territorial.

5.- Abogamos por la construcción de una nueva cultura democrática contra la intolerancia política,
Que tomando como referencia las ideas de paz, justicia, democracia y reconciliación, promueva una ley vasca de la memoria histórica basada en el reconocimiento de todas las víctimas de la violencia política desde la guerra civil y la dictadura franquista a las víctimas de ETA, del GAL, o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Una cultura democrática que sea respetuosa de todas las identidades nacionales, que promueva la igualdad de las lenguas y la normalización en el uso social del euskera, la transversalidad y el diálogo político en base al respeto de los principios democráticos universales, el derecho de las nacionalidades a decidir libremente su futuro, la solidaridad entre los pueblos y el pacto entre sus instituciones de autogobierno
Una cultura democrática que fomente la justicia social, la distribución de riqueza y la participación ciudadana en la extensión de los ideales de progreso, libertad, igualdad, paz y solidaridad

6.- Solicitamos al Estado español el reconocimiento del derecho del pueblo vasco a decidir su futuro político en libertad, comprometiéndose a respetar la voluntad ciudadana que pueda expresarse en cuantas consultas democráticas tengan a bien realizar sus instituciones de autogobierno.

Askatasun Demokratikoen Defentsarako Ekimena
-I-
Justifikazioa

Adierazpen hau sinatzen dugunok, giza eskubide, justizia sozial eta demokrazia politikoaren alde diharduten gizarte erakunde, sindikatu eta alderdi politikoetako kideak gara. Gure erakundeen autonomia eta aniztasuna errespetatu beharrez, gutako bakoitza bere izenean ari da, eta gure artean dauden iritzi politikoen aniztasunetik abiaturik ados jarri gara demokrata guztien konpromiso militantea bultzatu nahi duen askatasunen defentsarako batzorde bat sortzeko.

Zenbaitzuen ustez aski da alderdi politikoz eta hauteskunde librez osatutako sistema politiko bat izatea demokrazia politikoa bermatzeko, eta jakina, badakigu horiei ulertezina gerta dakiekeela gure proposamena. Bestalde, Europar Batasunean erabat integratuta gaudenez sinetsita gaude askatasun demokratikoak erabat errotuta daudela gure artean eta, hortaz, askatasun demokratikoen defentsarako Batzorde bat iraganeko kontu bat dela, jazarpen politikoa, diktadura eta errepresioa nagusi ziren garai haietako kontua alegia. Halere, gure inguruko errealitateari begirada zorrotz bat jaurti orduko berehala ohartuko gara bizi garen demokrazia hau kalitate gutxikoa dela eta, horrez gain, atzeraka hasteko arriskuan ere badagoela.

ETAren indarkeria politikoa hor dago beti, giza-eskubideak urratzen eta bizikidetza demokratikoa hondatzen. Sistema demokratikoa ezarri zenetik igaro diren 30 urte hauetan gertatu diren bahiketa, estortsio ekonomiko, kale borrokako ekintza eta ia 1000 heriotzek argi erakusten dute zein den arazoaren tamaina. ETAk bere azken suetena hautsi duenean zapuztuta geratu da konponbide negoziatuaren aldeko hamaikagarren saioa eta armak berriren berri hartzeko agertu duen deliberoak indarkeria politikoko beste ziklo baten atarian jarri gaitu, euskal arazoa berriro amilduko duena azken hamarkadetan bizi izan dugun sufrimendu, beldur, intolerantzia eta errepresio polizialeko zurrunbilo beltzean. Indarkeria hori nazio askatasunaren eta autodeterminazio eskubidearen izenean egin izanak ez du batere onargarriago bihurtzen giza eskubideen ikuspegitik.

Aldiz, bizitzera behartuak gauden “Estatuko arau politikoen” ikuspegitik aztertzen badugu kalitate demokratikoaren auzia, ikusiko dugu demokraziako 30 urteko epe horretan bertan milaka militante abertzale kartzelaratu dituztela nahiz eta askotan batere frogatu ez ETAren indarkeriarekin zerikusirik dutenik, oraintsu 18/98 sumarioarekin gertatu den bezala. Ikusi dugu Estatu terrorismoak (GAL, e.a.) zenbait dozena militante abertzale hil dituela eta ikusi ditugu baita ere komisarietako torturak, Amnistia Internazionalek sistematikoki salatuak. Orobat, askatasun demokratikoak kolpatzen dituzten hamaika lege berezi onartu dira, hala nola legeria antiterrorista eta alderdien legea, eta aspaldi honetan ugarituz doazen kutsu neofrankistako ohitura juridikoek, gobernuaren ekintzek eta diskurtso politiko jakin batzuek, profil demokratiko txikiko “Estatu indartsu” bat bihurtu dute diktaduraren erreformatik sortutako harako “Estatu demokratiko” ahula.

Zorionez, jarduera polizial horietako batzuk —esaterako, “Estatu terrorismoko” zenbait ekintza— bukatu egin dira, baina beste batzuk aldiz indartu, hala nola lege bereziak, ezker abertzalearen aurkako jazarpena eta “euskal gatazkarekin” zerikusia duten gaiak epaitzerakoan epaile zenbaitek egindako prebarikazioak. Sinestarazi nahi zaigu neurri horiek demokratikoak direla “legezkoak” direlako, hau da, legeak aurrez aldatu ondoren aplikatu direlako. Horrek ordea ez ditu politika horiek “Estatu terrorismoko” ekintza ilegalak baino demokratikoagoak egiten, nahiz eta iritzi publikoaren aurrean itxura onargarriagoa duten. Legalitate eta zuzenbidearen arteko identifikazio horrek badu gure artean adibide paradigmatiko bat: indarkeriarekin bukatzeko asmoz elkarrekin hitz egiteagatik Lehendakariari eta PSE eta Batasunako ordezkariei egin zaien epaiketa. Elkarrizketa politikoa kriminalizatzen denean, kasu horretan egin den bezala, nola ez pentsatu “Espainiako Zuzenbide Estatua” delako hori hurbilago dagoela Polizia Estatu batetik Estatu demokratiko batetik baino?

Arazoa da salbuespen neurri horiek guztiak zuritzen direla “terrorismoaren aurkako borrokarekin” edo “euskal sezesioa” eragotzi beharrarekin, eta zentzugabekeriazko lasterketa horretan “etsaien aurka dena zilegi” filosofiaren azpian astiro-astiro neofrankismoa berpizten ikusi dugu Partido Popularraren agintaritza-mailetan, Espainiako Apezpikuen Konferentziako buruzagitzan, botere judizialean eta betiko eskuineko komunikabide boteretsu zenbaiten zuzendaritzan. Botere gune horietatik politika antidemokratikoak bultzatzen dira, ezker abertzalearen disidentzia kriminalizatzen da, disidentzia eta ETA maila berean jarriz, eta nazional-katolizismo espainiarraren aspaldiko diskurtso totalitarioak berreskuratzen dira, eurak balira bezala nortasun espainiarraren, demokraziaren eta Konstituzioaren interprete bakarrak.

Ekimen hau bultzatzen dugun lagun taldeak uste dugu ez dela gutxietsi behar diskurtso eta indar faktiko horiek botere politiko eta iritzi publikoaren gainean duten eragina, batez ere, une honetan ezkerrak bizi duen desmobilizazio sozialeko egoeran eta pairatzen ari garen patriotismo espainiarreko sukarraldi honetan, eragin horren indarrez kultura demokratikoa maila prekonstituzionaletara jaisten ari da eta.

Horregatik, eta batere ahaztu gabe ETAren indarkeriak dakartzan arazoak, salbuespen legeen benetako izaera ikusaraztea da gure eginkizuna. Askatasunaren alde dugun konpromisoak behartzen gaitu lege horiek ezeztatzen saiatzera eta kultura demokratiko baten oinarriak berreraikitzen ahalegintzera, kultura bat zeinetan nortasun guztiak, pertsona guztien giza-eskubide guztiak eta hiritar eta herri guztien eskubide demokratiko guztiak errespetatuko diren.

Gogoeta orokor horietatik heldu da ondoko


-II-
Jarduera-lerroa

1.- Askatasunen Defentsarako ekimen hau giza-eskubideen urraketaren eta eskubide demokratikoen murrizketaren aurka arituko da, urraketa eta murrizketa horiek nork egiten dituen begiratu gabe.

2.- Askatasunen Defentsarako ekimenak kultura demokratiko bat bultzatuko du oinarritzat harturik biziaren errespetua, bidegabeko legeen aurkako desobedientzia zibila, gizarte mobilizazioa eta pertsona, alderdi politiko eta Estatuko nazionalitate guztien giza-eskubide eta askatasun demokratikoen aldeko ekintza hiritarra.

3.- Askatasunen Defentsarako ekimenak ez du beraz bereizketarik egingo eskubide batzuen eta besteen artean, eta eskubide batzuk defendatzeko ez du baldintzatzat jarriko beste batzuk aurrez bermatu beharra.

4.- Askatasunen Defentsarako ekimenak errotik arbuiatzen ditu arazo politikoei “konponbide polizialak” emateko saioak eta, hortaz, negoziazio bideak bultzatuko ditu ETAren eta Estatuaren artean indarkeria eta preso politikoei dagozkien gaiak konpontzeko, eta elkarrizketa transbertsalaren bidea, aldiz, alderdi politiko, euskal erakunde eta Estatuko erakundeen artean, erabakitzeko eskubidearen, batasun politiko-territorialaren eta alde bien soberania politikoaren inguruko gaietarako.

Irizpide horietatik abiaturik, hona hemen gure


-III-
Eskari demokratikoak

1.- ETAri eskatzen diogu gera ditzala behin-betiko eta baldintzarik gabe indarkeria politikoko bere ekintza guztiak. Bukatu beharreko ekintza horien artean daude “kale borroka” edo intentsitate gutxiko indarkeria ekintzak, edozein izanik ere horiek burutzen dituen erakundea. Uste dugu horrelako erabaki bat hartu ondoren errazago izango litzatekeela negoziazio politikoaren bidera itzultzea, azken suetena hautsi zenetik itxita geratu ondoren. Baina, batez ere, gauza guztien gainetik indarkeriarekin bukatu behar da etika politikoak hala agintzen duelako, hau da, errebindikazio demokratikoak bide demokratikoetatik egin behar direlako, giza eskubideak errespetatuz eta norberak errebindikatzen duen demokrazia horren maila moral berean kokatuz.

2.- Estatu espainiarrari politika irmo bat eskatzen diogu torturaren aurka eta preso politikoen mugagabeko luzapenaren aurka, ondoko neurriak hartzeko eskatuz:
Letratuen presentzia eta galdaketa polizial guztien filmazioa
Euskal presoak Euskal Herriko espetxeetara hurbiltzea
Legeria arrunta aplika dadila hirugarren gradua emateko eta gaixorik dauden edo kondenaren ¾ beteta dituzten preso politikoak askatzeko
“Parot doktrina” ezeztatzea

3.- Estatu espainiarrari eskatzen diogu ezeztatu ditzala salbuespen legeak zeinen babesean gertatu diren Batasunaren ilegalizazioa, Batasunako buruzagien kartzelaratzea, Batasunarekin lotutako gazte erakundeen aurkako jazarpena, hautagai-zerrenden baliogabetzea eta Lehendakariaren nola PSEko eta Batasunako buruzagien auziperatzea. Eta ondoko puntuak bereziki:
Legeria antiterrorista osorik indargabetzea
Alderdi Politikoen Legea indargabetzea
Audientzia Nazionala eta legeria antiterroristaren itzalean sortu diren Epaimahai berezi guztiak ezeztatzea
Berriro indarrean jartzea ezker abertzaleko erakunde ilegalizatu guztientzat askatasunez elkartzeko eskubidea

4.- Estatu espainiarrari eskatzen diogu politika irmo bat har dezala politikaren judizializazioa eta justiziaren politizazioa borrokatzeko. Bereziki,
Ezezta ditzala 18/98 epaiketako epaiak eta aske jar ditzala prozesu horretako auziperatu guztiak
Bertan behera utz ditzala Alderdi Politikoen Legearen gerizpean abiatu diren auzi guztiak
Demokratizatu dezala botere judiziala, benetan independentea izan dadin, kargu gabe utz ditzala erakunde eta ideologia neofrankistekin harreman frogatua duten epaile guztiak eta depurazio demokratikoa bultza dezala. Ildo horretan sakonduz, eskatzen dugu botere judizial euskaldun bat sortzea eta Euskal Legebiltzarrak kontrola ditzala bere lurralde-esparruarekin zerikusia duten ekintza judizial guztiak.

5.- Intolerantzia politikoaren aurkako kultura demokratiko berri bat eraiki nahi dugu, ezaugarri hauek izango dituena:

Oinarritzat harturik bakea, justizia, demokrazia eta errekontziliazioa, memoria historikoaren euskal lege bat bultzatu behar da indarkeria politikoaren biktima guztiak aintzat hartuz gerra zibiletik hasi eta, Francoren diktaduran barrena, ETA, GAL eta Estatuko segurtasun indarren biktimetaraino.
Kultura demokratiko berriak nortasun nazional guztiak errespetatuko ditu, hizkuntzen arteko berdintasuna eta euskararen erabilera sozialaren normalizazioa bultzatuko du, eta baita ere zeharkakotasuna, printzipio demokratiko unibertsaletan oinarritutako elkarrizketa politikoa, nazionalitateek beren etorkizuna askatasunez erabakitzeko duten eskubidea, herrien arteko elkartasuna eta autogobernuko erakundeen arteko ituna.
Kultura demokratiko berriak justizia soziala eta aberastasunaren banaketa sustatuko du eta hiritarren parte-hartzea bultzatuko du aurrerakuntza, askatasun, berdintasun, bake eta elkartasuneko idealen zabalkundean.
6.- Estatu espainiarrari eskatzen diogu aitortu dezala Euskal Herriak bere etorkizun politikoa askatasunez erabakitzeko daukan eskubidea, eta hitza eman dezala herritarrek euskal autogobernuko erakundeen galdeketa demokratikoen bitartez adierazi duten borondatea beteko duela.
LEHENENGO SINATZAILEEN ZERRENDA
LISTA DE PRIMEROS Y PRIMERAS FIRMANTES
Agirre, Borja (de la Posada de los Abrazos)
Agirre Oraá, José María (Lokarriko Koordinatzailea, Araba)
Ajangiz, Rafa (Profesor de la EHU-UPV)
Alcedo, José
Aresti, Nerea (de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia)
Arzak, Iñaki (Lokarriko Koordinatzailea, Gipuzkoa)
Arzubiaga, Enrique (del taller de ecología de Gernika)
Askunze, Carlos (de Itaka)
Bakaikoa, Joseba (Capuchino)
Bárcena, Iñaki (de Ekologistak Martxan)
Barrutia, Jesús María
Belandia, Rubén (del sindicato STEE-EILAS)
Bilbao, Jesús María
Bilbao, Román (Consiliario de Pastoral Obrera)
Bilbao Cos, Iosu (de Ekologistak Martxan)
Brankas, Marta (de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia)
Burusko, Blanca (Lokarriko Koordinatzailea, Nafarroa)
Cantero, Alberto (de Itaka)
Castaños, José Ramón (de Ezker Gogoa)
De la Fuente, Mikel (Colectivo Elkarbide, profesor de la EHU-UPV)
Delgado, Jabi (Presidente de EGK-Consejo de la Juventud de Euskadi)
Elordui, Jon (de HOAC)
Espilla, Jokin (del sindicato ESK)
Fernández, Arantza
Fernández de Garaialde, Arantza (del sindicato STEE-EILAS)
Fraile, Marcelino (de Ezker Batua)
García, Loli (Sindicalista)
García Ríos, Loli
Gómez, Mariano (de Ezker Gogoa)
Guaza, Andoni (Gizarte Hezitzailea)
Hernández, Juan (Colectivo Elkarbide, profesor de la EHU-UPV)
Hernández Abaitua, Ricardo (del taller de ecología de Gernika)
Ibarra, Pedro (Colectivo Elkarbide, profesor de la EHU-UPV)
Idoiaga, Petxo (Colectivo Elkarbide, profesor de la EHU-UPV)
Iriarte, Javier (de Etxerat)
Isuskiza, Natxo (Sacerdote)
Izagirre, Juantxu (de Gernika Batzordea)
Izagirre, Mikel (Representante de IU-EB en las Juntas de Gipuzkoa)
Lekue, Emilio (del sindicato ESK)
Llona, Miren (de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia)
Longarte, José Luis (de Pastoral Obrera de Bizkaia)
Marcos, Álvaro (de Ezker Gogoa)
Martín Urreta, J. Ramón (de Ekologistak Martxan)
Matute, Oskar (Parlamentario de Ezker Batua)
Mendibil, Txema
Mendizabal Iriondo, Andoni (Lokarriko Koordinatzailea, Bizkaia)
Mera, Igor (del sindicato ESK)
Muñoz, Celia (del sindicato ESK)
Murgia, Iosu (Representante de Aralar en las Juntas de Bizkaia)
Rekagorri, Lidia (de Ezker Alternatiboa)
Romeo, Aitor (Kultura teknikaria)
Sanz, Anabel (de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia)
Sarasua, Xabier (de Aralar)
Undabarrena, Asier (Zuzenbidean lizentziatua)
Uzkudun, Jesús (Sindicalista)
Vellisca, Oskar (Abogado)
Vesga, Begoña (de Ezker Batua)
Zabalo, Patxi (Colectivo Elkarbide, profesor de la EHU-UPV)
Zabalo, Txema (del sindicato STEE-EILAS)
Zulaika, Juan María