viernes, 10 de octubre de 2008

Montesquieu en coma y John Locke en la UVI

Pedro Ibarra y Ramón Zallo
Rebelión

Con las recientes bombas en Gasteiz, Ondarroa y Santoña y el asesinato del brigada Luis Conde, ETA ha mostrado además de su brutalidad, su incapacidad para leer en los acontecimientos y su decisión de impedir que sea la lucha política colectiva la que gestione sin tutelas los contenciosos. Paralelamente sigue colaborando, al alimón con la Ley de Partidos, en el hundimiento de la izquierda abertzale. ¡Qué cruz social! Tener que estar pagando los costes de aprendizaje de la eterna adolescencia criminal de ETA con cada uno de sus cambios generacionales. Cuando después de múltiples destrozos una generación llega a la conclusión de que no van hacia ninguna parte, le desplaza la siguiente, aun más ignara.

Paralelamente asistimos a un proceso de degeneración del Estado de Derecho. Se atribuye a Alfonso Guerra la expresión de “Montesquieu ha muerto”. La formulaba en 1985 -no se sabe si celebrando el fin de la independencia del poder judicial, o de su corporativismo, o de las dos cosas a la vez- porque las Cortes, o sea la mayoría parlamentaria socialista, mediante la Ley del Poder Judicial, iba a tener un Consejo General del Poder Judicial a su medida.




No llegamos tan lejos como el “bocas” de Guerra pero han pasado más de 20 años, y como en un acto ritual, se sigue asesinando simbólicamente a Montequieu, al padre de la doctrina de la separación de poderes (el legislativo, el ejecutivo y el judicial) y su fundamento: la vigilancia mutua. Matar simbólicamente al padre es un deporte muy humano pero cuando los herederos no le llegan al tobillo al progenitor –tal es el caso de la democracia española de tardía y débil construcción- la desmesura hace su aparición. Otro aprendizaje de torpes que también pagamos.

En efecto, la connivencia entre poderes se está agravando cualitativamente con los años mediante la lottizazione, las cuotas ideológicas. PSOE y PP se reparten influencias no ya en un órgano de gestión como el Consejo General del Poder Judicial sino en los altos tribunales (Tribunal Supremo, cuotas en la Audiencia Nacional) y el propio Tribunal Constitucional, organizado por afinidades. La confianza ciudadana en el buen hacer de la Justicia no ordinaria no puede sino caer en picado. Son los propios magistrados y su ambición los que la desalientan.

Las derivas no pueden ser más perniciosas: la Ley de Partidos fue homologada en su día por el TC; los tribunales hacen suya la tontería de “todo es ETA” mientras ilegalizan, de hecho, a una corriente social entera, dejándole sin derechos activos y pasivos electorales ni derecho de organización, con lo que la Constitución misma está suspendida para toda una categoría de ciudadanos. Como una epidemia sin control la emprenden a judicializar toda la política vasca: al Lehendakari y al jefe de su oposición les procesan por reunirse con Batasuna; a la presidencia de Parlamento vasco le condenan inmiscuyéndose en su organización; se condena a un movimiento social pacífico de desobediencia civil, como la Fundación Zumalabe, haciendo real el delito de opinión; se cierran periódicos, uno de ellos –Egunkaria- porque según del Olmo el euskera puede ser vehículo instrumental de ideas perniciosas; se encarcela a toda la cúpula de Batasuna; se realizan juicios sin garantías como el 18/98 y… ahora, a instancias del interés del ejecutivo de turno, la Justicia-margarita ilegaliza a conveniencia todo lo que suene a izquierda abertzale: Gestoras, ANV, EHAK. Están desatados.

Quienes todavía sientan orgullo por la democracia española deberían sicoanalizarse y meditar si la “razón de Estado” no ha contaminado su propio pensamiento.

Y ahora le toca el turno a John Locke, al padre del Constitucionalismo moderno. PSOE y PP también se han puesto de acuerdo en el interior del TC para quebrar la otra pata de la democracia: el constitucionalismo. Ambas corrientes son partidarias de una lectura talmúdica, restrictiva y formalista de una Constitución ya de por si problemática. La Constitución como muro desde el que impedir los cambios.

La doctrina constitucional que ha acompañado a la sentencia del TC sobre la Ley de Consulta no puede ser más rigorista. Por unanimidad le hacen decir a la Constitución que no existe el Pueblo Vasco como sujeto político (contradiciendo la disposición adicional de la propia Constitución o el preámbulo sobre la nación catalana en el nuevo Estatuto de Catalunya ); que ya nos podemos ir haciendo a la idea de que sobre lo vasco decide España; y que las autoridades autonómicas no pueden consultar a sus ciudadanías de manera no vinculante sobre temas importantes. O sea ni sujeto político, ni nación en la que contabilizarse ni democracia participativa.

El tiempo nos ha dado la razón a quienes no votamos a favor de esta Constitución, pero es que ¡ni se esfuerzan en hacerla amigable, compartible o interpretable! Vamos hacia atrás, a la peor de las lecturas. Las apisonadoras sustituyen a los puentes de integración.

Aquello de que mientras esté ETA no hay nada de qué hablar ha sido sustituido por otro mensaje, aún más duro y chusco: haya o no ETA, no es posible el cambio político o el derecho de decisión desde las mayorías institucionales vascas, desde la democracia de una nación. Eso nos deja una democracia esclerotizada, sin capacidad de respuesta a los problemas políticos. Se resolverán solo desde el cepillo jurídico-constitucional. No hay ni que debatir. El Derecho interpretado por los ayatollahs de toga, sustituye a la política y a la democracia misma. Y a lo más… interpretarían al dictado de las conveniencias de coyuntura del PSOE o del PP de turno.

Habrá que insistir y, mientras tanto... toc, toc, toc, ¿Hay alguien sensato y demócrata por ahí?