lunes, 7 de julio de 2008

Grandes oportunidades, grandes peligros



Pues bien en nuestro viaje veraniego “para comprender el mundo” vamos a empezar por Bolivia y como señala el autor de este artículo: …el texto del proyecto de Constitución Boliviana tiene importancia. Pone en cuestión el sistema liberal de control estatal sobre los pueblos oprimidos. Coloca nuevamente en el tablero, no sólo nacional sino mundial, el tema del reconocimiento de los derechos colectivos, el derecho a la autodeterminación de los pueblos oprimidos, y pone en discusión el sistema opresivo y homogeneizante del Estado-nación. Además de esto, establece de la forma más taxativa posible un conjunto de derechos individuales que parece colocar a Bolivia -al menos en el plano de la teoría- en el puesto más avanzado de la civilización humana actual…

Efectivamente Bolivia es, quizás, uno de los eslabones débiles del sistema hegemónico establecido por la civilización occidental capitalista en todo el planeta. Un sistema que ha establecido como pivote de su dominación política a los Estados-nación.

Pero la situación actual del movimiento de masas semiinsurrecional de octubre no esta exenta de peligros, en estos momentos atraviesa un punto de inflexión: donde el estado no tiene la capacidad ni la intención de modificar su carácter colonial… y las consignas burocráticas revestidas de una ideología pseudoandina, bajo el manto de la reciprocidad y la redistribución solo sirven a la paz burocrática neoburguesa vestida de ropaje indígena.

Afortunadamente el movimiento aun no ha sido derrotado, vaya por adelantado todo nuestro apoyo a su lucha y nuestra solidaridad internacionalista. Marce





Pablo Regalsky

El texto aprobado por la Asamblea Constituyente en Oruro el 9 de diciembre de 2007 es un triunfo importante para los movimientos indígenas, que excede el plano puramente discursivo y de “papel mojado” al que quedan generalmente reducidas las constituciones en América Latina.

Por un lado, lo que plantea el texto del proyecto de Constitución tiene importancia. Pone en cuestión el sistema liberal de control estatal sobre los pueblos oprimidos. Coloca nuevamente en el tablero, no sólo nacional sino mundial, el tema del reconocimiento de los derechos colectivos, el derecho a la autodeterminación de los pueblos oprimidos, y pone en discusión el sistema opresivo y homogeneizante del Estado-nación. Además de esto, establece de la forma más taxativa posible un conjunto de derechos individuales que parece colocar a Bolivia -al menos en el plano de la teoría- en el puesto más avanzado de la civilización humana actual.

Por otro lado, la circunstancia de este triunfo, independientemente del valor mismo del texto, ha vuelto a colocar a la llamada “derecha” en la defensiva. En este artículo, además de introducir algunos elementos para apreciar los avances del texto constitucional y también establecer lo que esto significó en términos de expresión y a la vez refuerzo a las luchas indígenas campesinas y obreras, intentaremos dar un breve vistazo a las relaciones de fuerza entre las clases (y los sistemas sociales) en términos de larga duración.
¿Es un triunfo de los movimientos sociales? Afirmativo, es una derrota política de una burguesía que se declara en retirada. ¿Es una transformación del Estado? Negativo, no lo es. ¡Es un programa para la acción! Y es, a la vez, una proclama civilizacional.

Un Estado, dos doctrinas jurídicas

El texto constitucional aprobado en la Asamblea es un texto que desde el punto de vista leguleyo podría considerarse contradictorio, incluso inaplicable. Bajo un mismo Estado existirán dos doctrinas jurídicas diferentes que quedarían territorializadas; una que continúa la tradición constitucional liberal vigente y cuyo principio fundamental es el respeto irrestricto a la propiedad privada, la otra –de inspiración indígena- que no desconoce la existencia de esta última pero no permite el ejercicio irrestricto de los derechos de propiedad privada. Depende de qué territorio se trate, se aplicaría una u otra doctrina.

Este es un planteamiento de reconocimiento pleno del pluralismo jurídico, lo que implica esa posibilidad. Las dos realidades jurídicas han existido desde siempre en Bolivia, existen en la práctica dos jurisdicciones superpuestas, la estatal-liberal y la indígena-campesina, que se ejercitan a través de dos sistemas de autoridad paralelas. El cambio es que hoy el texto constitucional plantea el reconocimiento abierto de la autoridad indígena y ya no estarán superpuestas, porque los territorios estarán delimitados en función del principio de autodeterminación de cada pueblo. Cada pueblo tiene el derecho a autodefinirse como población indígena, originaria campesina o como población intercultural. Esto por supuesto es una oportunidad y a la vez, implica un gran peligro.

¿Qué significa el pluralismo jurídico? Que cada pueblo indígena tiene derecho a gobernarse en su territorio en el marco de sus propias normas y elegir sus gobernantes de la forma que ellas lo establezcan. En los hechos significa el desconocimiento
del principio liberal que establece “un individuo-un voto” y el “derecho” al voto secreto. Desconoce el principio democrático burgués de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que hay una sola ley para todo ciudadano. Establece la igualdad del derecho colectivo frente al derecho individual. En la generalidad de los pueblos indígenas, al igual que en las asambleas obreras, se toman las decisiones -en ejercicio de la democracia popular- en asamblea pública, levantando la mano. Muchas veces se realiza de forma nominal: allí donde están reunidas muchas comunidades, por ejemplo en un congreso provincial de sindicatos agrarios o en un cabildo o asamblea de ayllus, cada comunidad delibera aparte y emite su voto a través de su representante en público. En otros casos las votaciones por mayoría no son determinantes sino que se subordinan al derecho a la participación equitativa, rigiendo el turno de rotación: aunque se elige públicamente la autoridad, en realidad rige un acuerdo de larga duración por el que la autoridad sale necesariamente de un determinado sector según le toca el turno ejercer la autoridad (lo mismo hace la Unión Europea con su presidencia). Todas estas normas tienen la finalidad de establecer el derecho de la mayoría a hacer respetar sus decisiones dentro de un equilibrio general.

La autoridad indígena originaria campesina ejerce la atribución de aplicar las normas comunales en su jurisdicción de una manera amplia. Una norma fundamental de la jurisdicción campesina originaria indígena es la que marca los límites al ejercicio de la propiedad privada. El derecho a la posesión de la tierra por parte de una familia que tiene derechos de herencia sobre ella no implica –desde la normativa consuetudinaria indígena- el derecho a disponer libremente de ella, no se la puede vender libremente, no se la puede cultivar o usar de cualquier forma, sino solamente en función de decisiones comunales específicas y que pueden modificarse de año en año. Para las empresas capitalistas, lo mismo que para quienes se manejan con una lógica de acumulación privada, estas normas significan un problema. No es que se impida la acumulación, como tampoco se excluye al capital, solamente se lo restringe de una manera que dificulta el proceso de diferenciación social y la acumulación en pocas manos del poder.

La autoridad indígena, a diferencia de la autoridad del Estado-nación, resume en sí la capacidad de juzgar así como la capacidad de gobernar. Esto supone que distintas autoridades, en territorios contiguos, podrían tener criterios diferentes para juzgar un mismo hecho. La justicia ordinaria, según el texto aprobado, no puede revisar los fallos de la autoridad indígena. El tribunal constitucional deberá considerar la jurisdicción indígena en igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria. El tribunal constitucional mismo deberá estar conformado por igual número de miembros que representan ambas jurisdicciones. Por supuesto que se plantean preguntas ¿Es esto viable en un país sometido a la esfera de influencia global del capitalismo, un país donde el capital financiero y el capital petrolero siguen siendo los que tienen las de ganar en el momento de poner las reglas de juego?

Esta es una somera explicación de ciertas partes del texto constitucional aprobado en la Asamblea Constituyente. Se trata de un triunfo retórico aún, es un texto aún sin valor legal alguno. Hay muchas piedras en el camino: por un lado el gobierno (al momento de escribir este texto) está negociando con los gobiernos departamentales en poder de la derecha un posible cambio (que sería completamente ilegal). El texto aprobado por la Asamblea debe ponerse a consideración del pueblo en un referéndum (por voto universal y secreto, o sea muy influenciable por los medios de comunicación dominados por la burguesía).

Aún así, se trata de un triunfo político pues el texto constitucional se constituye en un programa de acción para los movimientos indígenas originarios. Y no sólo para los movimientos indígenas campesinos. El movimiento indígena debe mucho de este triunfo a la posición adoptada por sectores avanzados del movimiento obrero, en particular a los mineros de Huanuni, que tuvieron una actuación decisiva en diciembre. Más adelante veremos la intervención minera en este proceso. Sin embargo es importante notar que el movimiento obrero no consiguió avances en el texto respecto al texto vigente, a más de los consabidos derechos retóricos al trabajo. Por el contrario, el cooperativismo minero, que es una amenaza no sólo sobre la única mina nacionalizada subsistente que es Huanuni, sino también sobre las mismas comunidades indígenas, ha obtenido dentro del texto garantías de intocabilidad sobre sus concesiones de explotación de recursos mineros tal como exigía. Esta es una de las contradicciones que afligen dentro del texto porque contradicen abiertamente el derecho ya establecido desde 1990 cuando Bolivia adhiere al Convenio 169 de la OIT que reconoce el derecho a la consulta previa para el caso de explotación de recursos naturales en territorios indígenas.

La situación es incierta aún

La situación al momento que la Asamblea Constituyente aprueba el texto era muy fluida. El Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), conformado por los prefectos de la llamada Media Luna del oriente boliviano, más los de Cochabamba y Sucre y cívicos de cinco departamentos, se había reunido en Sucre en diciembre de 2007 poco después de los disturbios que ocasionaron que los constituyentes debieran abandonar la ciudad en noviembre. Allí, el Conade definió declarar la aplicación inmediata de las autonomías departamentales a partir del 14 de diciembre, lanzamiento de los “estatutos autonómicos” y el desacato a la Constitución oficialista. Esa fecha era precisamente el día que la propia Asamblea Constituyente debía celebrar su última sesión en la que ratificaba el proyecto de Constitución, después que una comisión redactora “corrigiera” los posibles defectos del mismo. Además, la desobediencia civil apuntaba a desconocer el decreto que redujo la participación de los departamentos petroleros en la distribución del impuesto especial a los hidrocarburos. Los Comités cívicos cuentan con el respaldo político y económico de las empresas privadas de todo el país y no solo de Santa Cruz, en particular de la Asociación de Bancos (Asoban), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Exportadores y la Cámara de Hidrocarburos de Bolivia, todos estos organismos activos dentro del Comité Cívico. El Conade, con el soporte de estos sectores, pretendió entonces constituirse en un gobierno paralelo al de Evo Morales, que comande cinco de los nueve departamento del país.

Sin embargo, esos prefectos, unidos al mayor partido de la oposición, “Podemos”, encabezado por el ex presidente Tuto Quiroga, cometieron un grave error de cálculo al momento en que el período de sesiones de la Asamblea Constituyente estaba a punto de finalizar y la Asamblea aún no había podido avanzar en el proceso de aprobación del texto final. Después que el Congreso Nacional aprobara la prórroga del período de sesiones de la Constituyente hasta el 14 de diciembre (según la convocatoria, el período de vigencia de la Constituyente finalizaba el 6 de agosto de 2007), el gobierno decidió convocar a una comisión suprapartidaria, conformada por los partidos con representación en la Constituyente a fin de llegar a un acuerdo sobre el texto a aprobar. En esa comisión, dirigida por el vicepresidente García Linera, se llegó a ciertos acuerdos que, en realidad, permitían a la derecha y a los comités cívicos conseguir prácticamente todos sus objetivos. Esto significaba que el gobierno de Evo Morales, a título de garantizarse la gobernabilidad de su administración, apostaba a un texto que beneficiaba a la burguesía retrocediendo en ciertos aspectos, incluso con relación a la actual constitución liberal todavía en vigencia.

“Déjennos gobernar”

La “estrategia” fundamental que el gobierno -a través de la figura de García Linera- ha ensayado desde el principio de la administración de Evo Morales es decirles a las empresas y a sus voceros, los cívicos, “déjennos gobernar y hacemos lo que ustedes requieran”. Ya Evo lo había dicho incluso pocos días antes de asumir el gobierno, mientras realizaba su gira mundial donde puso de moda la famosa “chompa de alpaca”: “He comprendido que para ser un buen presidente tengo que lograr buenos negocios para los empresarios”. Se refería a los soyeros, agroexportadores y otras empresas beneficiarias del latifundismo. Pero la miopía de esa burguesía “esmirriada” no le ayuda: en parte lo explica su racismo. A tal punto no puede tolerar estar siendo gobernada por quien califican como “indio”, que no advierte que es el gobierno de Evo Morales el que le está garantizando sus intereses estratégicos, su propia viabilidad como clase propietaria, y que sólo en la medida que facilite la gobernabilidad de la administración de Evo hará posible una salida favorable a los intereses capitalistas a mediano plazo.

Bueno, ese ha sido su error: ese grupo de necios representantes de los comités cívicos y de Podemos siguió presionando al gobierno y negándose a firmar el acuerdo que les proponía García Linera, pese a que les estaba ofreciendo el oro y el moro. Al final, no le dejó salida al MAS. Los propios constituyentes se vieron acorralados entre esta derecha torpe y los movimientos sociales -en ese momento encabezados por los mineros de Huanuni y la Central Obrera de Oruro- que empezaban a impacientarse con la cobardía política del vicepresidente, de manera que el gobierno no tuvo más alternativa que dejarle la vía libre a su propia bancada para que apruebe “su” texto. Este texto, el único que había sido propuesto de forma coherente en el curso de la Asamblea, era el que había diseñado el Pacto de Unidad de las organizaciones indígenas, originarias y campesinas, de colonizadores y afrobolivianos, junto a un pequeño y eficiente equipo de asesores técnicos y ongs aliadas que vienen trabajando desde principios de 2005. Así es como entonces se aprobó, inesperadamente para todos, un texto que avanza de manera audaz en el campo de los derechos humanos tanto colectivos como individuales y que es probablemente el texto constitucional más avanzado desde el punto de vista democrático en el planeta. Lo interesante del caso es que frente a la redacción de esta Constitución, la clase media, que había sido aterrorizada por la prensa y por rumores de que este texto aseguraría la perpetuación del gobierno de Evo, además de la confiscación de sus casitas y sus terrenitos, quedó encantada ante un texto que en lo fundamental está bien elaborado y tiene consistencia.

Ahora bien, pese a que esa votación ponía a la derecha ante un hecho consumado y ahora ya no le quedaba más salida que enfrentarlo en el terreno del referéndum a realizarse en los próximos meses, no contaba con la ayuda inesperada, otra vez, del propio gobierno. El gobierno, en vez de sacar partido del hecho de que la población urbana se había rendido a la evidencia de que este texto era un avance de los derechos en todo sentido, se esfuerza por dar marcha atrás en la situación. A principios de enero Evo Morales convoca al diálogo a los prefectos bajo una agenda que no termina de definirse. Mientras que al principio la agenda parecía no contemplar el tema de la constitución, tema ya cerrado, el mismo día que se realiza la reunión aparece esta cuestión nuevamente. ¿Es falta de visión estratégica y de política de este gobierno? ¿Se puede hablar de cobardía política? La derecha no termina de precipitarse en la derrota por sus propios errores, cuando viene el gobierno a rescatarla. No parece ser cobardía. Parecería que el gobierno, instintivamente, entiende que su viabilidad está unida a la existencia de una derecha con capacidad de presión. De lo contrario el gobierno quedaría preso de su propia base social, los movimientos sociales.

Este es un gobierno-árbitro que lo que más teme no es que la derecha esté en condiciones de imponerle sus términos. Por el contrario, parecería que su instinto (pues no hay evidencia que hubiera una clara estrategia en el gobierno en su conjunto) lo empuja a favorecer que la derecha crezca lo suficiente como para colocar en vereda a los movimientos sociales y no puedan crecer en sus demandas.

De esta manera el gobierno no quedaría preso del programa radical con el que los movimientos sociales lo llevaron al poder: la llamada “Agenda de Octubre” (el momento de la insurrección que derribó al gobierno de Sánchez de Lozada). Por el contrario podría intentar resolver la crisis de Estado, la crisis del capitalismo “esmirriado” boliviano, tal como lo calificara Zavaleta, reforzando el actual Estado (neocolonial).

Quien parecería empujar con más firmeza esta estrategia del gobierno de convertirse en la expresión de la burguesía es su vicepresidente García Linera: su planteo desde un principio ha sido reforzar el Estado-nación, hacerlo nuevamente viable, intentado ganar como base de sustentación a una burguesía que vea en esta administración al garante de sus mejores negocios en muchas décadas /1.

La situación real está definida, por un lado, por la determinación de esta burguesía inviable y racista de, ya que no puede sacar al “indio” del Palacio Quemado porque se lo impide el apoyo que el gobierno recibe tanto de la OEA e implícitamente del gobierno de Estados Unidos como de Brasil y Chile, por lo menos convertirlo en su rehén. Pero por la otra, la situación también está signada por la esperanza y seguridad de parte de la gran mayoría de los movimientos sociales de que este gobierno es “suyo” y, por lo tanto, se le puede exigir que cumpla con la “Agenda de Octubre”.

Un momento de inflexión

Hasta aquí hemos visto, a través del triunfo que logran los movimientos indígenas y populares en la Asamblea Constituyente, que la relación de fuerzas establecida por el movimiento semiinsurreccional de octubre parecería no haberse modificado sustancialmente. Sin embargo, estamos en un momento de inflexión.

En primer lugar examinemos las relaciones de fuerza estructurales. Está claro que el Estado boliviano no ha modificado su naturaleza colonial. La actual administración, aunque esté dirigida por un movimiento político surgido de un proceso de levantamiento de las masas indígenas, no tiene la capacidad y tampoco la intención de modificar ese carácter colonial. Por el contrario, existen fuertes sectores no solo dentro del Estado (las fuerzas armadas, la policía, la iglesia, el poder judicial, una amplia mayoría del poder legislativo, toda la burocracia de la administración del poder ejecutivo, los ministerios, ni que hablar de las prefecturas y los municipios) que resisten cualquier intento de mínima modificación de la actual estructura del Estado. De hecho, una mayoría del aparato político que conforma el MAS está constituido por alcaldes, concejales, diputados, senadores, ministros, viceministros, y cientos de pequeños burócratas, muchos de ellos provenientes de los partidos de la burguesía como el MNR, ADN, UCS, MBL, etcétera y que se han pasado al carro del MAS. Con el actual gobierno se agregan los cuadros del MAS que pasan a formar parte del aparato administrativo del Estado. Parte de ese fenómeno es la incorporación de buena cantidad de dirigentes de las organizaciones indígenas y campesinas que se han asimilado a la vieja y esclerosada estructura burocrática del Estado y adoptan cotidianamente el antiguo ceremonial y protocolo de comportamiento burocrático. Al incorporarse, asumen una actitud de defensa no solo de sus nuevos pequeños intereses como burócratas que reciben un sueldo del Estado, sino de la misma estructura jerárquica y burocrática a la cual se han asimilado y que les permite gozar de esas pequeñas, a veces pequeñísimas, prebendas. También se puede encontrar ahora dentro de los ministerios y organismos administrativos de Estado a una pequeña nube de profesionales pseudoizquierdistas del PC y otros grupos, incluso ex militantes del POR que no tuvieron empacho en servir de consultores a los gobiernos neoliberales y ahora no saben hacer otra cosa que dar continuidad a las mismas propuestas y políticas que habían desarrollado en gobiernos anteriores. La reconstrucción de este aparato burocrático actúa como una pesada losa que parece inmovilizar a los movimientos sociales y es un proceso que ocurre a diario, pero a la vez es un proceso totalmente caótico, cada subsecretario toma sus propias iniciativas y a veces en una misma reunión se escuchan posiciones completamente diferentes, pero dentro de un caos armonioso. Las consignas burocráticas, las mismas realidades de un Estado colonial y anticampesino, ahora se las reviste de una ideología pseudoandina, bajo un manto de supuesta reciprocidad y redistribución, que sirve de nuevo manto ideológico a la paz burocrática neo-burguesa vestida de ropaje indígena.

“Revolución agraria”

Esta situación se verifica en el caso de la problemática de la tierra. La aprobación de las últimas modificaciones a la ley INRA /2 como resultado de movilizaciones campesinas
e indígenas, que debería permitir ahora la reversión de los latifundios improductivos que no cumplen función económico-social, no ha servido para recuperar hasta ahora ni un metro cuadrado de tierra ilegalmente apropiada por los latifundistas. Primero con la excusa de inundaciones a principios de 2007, y ahora sin necesidad de ninguna excusa, la “revolución agraria” se limita por el momento a prometer la mecanización de la agricultura campesina, una política totalmente inadecuada para los suelos andinos, y que sólo promete agravar la depredación de suelos y la caída de la productividad. En noviembre de 2007 se aprueba el Decreto 29215 que determina la expropiación con pago a precios de mercado de 180.000 hectáreas en el Chaco chuquisaqueño para entregar a las comunidades cautivas guaraníes /3.

La política del MAS, como explica Mayorga /4, un analista muy apreciado por los medios de comunicación, “está caracterizada por incertidumbre estratégica y flexibilidad táctica por ausencia de un proyecto político elaborado de manera programática, lo que explicaría la postura cambiante respecto al referéndum sobre las autonomías departamentales, así como los vaivenes respecto a la reforma educativa. Su capacidad de acción se traduce en una enorme flexibilidad táctica que se asienta en esa elasticidad programática. El manejo de una retórica radical (por parte del gobierno) neutraliza la izquierda y las moderadas decisiones de gobierno desbaratan los cuestionamientos desde la derecha, lo que le permite ocupar una amplia franja del centro político”. Mayorga se felicita de esta característica del MAS, porque permitiría recuperar la gobernabilidad del Estado que se perdió en el período de 2000 a 2005 como efecto de la movilización incontrolable de los movimientos sociales. Efectivamente, mientras se mantiene una retórica de nacionalización, tanto de los yacimientos de gas como de los recursos naturales en general, por el otro lado, el gobierno se enorgullece en publicitar las inversiones extranjeras en proyectos gigantes en minería, como el caso San Cristóbal o el Mutún, y en haber dado las garantías suficientes a las empresas petroleras como para que reanuden este año las inversiones en la exploración de hidrocarburos. La re-nacionalización del sistema de pensiones parece haber quedado sepultada y en cambio los fondos privados de pensiones se harán cargo del pago del nuevo bono Dignidad destinado a todos los ancianos, proveniente de la redistribución del ingreso impositivo de la producción de gas. Mientras tanto, de parte de las comunidades campesinas ni siquiera es posible reclamar contra la total contaminación e inutilización de sus tierras agrícolas por parte de las multinacionales mineras y, peor aún, de las cooperativas mineras.

La COD de Oruro /5, en cambio, considera que no existe espacio para esa política de conciliación: “El gobierno de Evo Morales surgido como consecuencia de las luchas sangrientas del pueblo contra la oligarquía, tiene como base de su política la concertación y la convivencia con el enemigo de clase, compuesto por los pocos ricos de este país, culpables de la pobreza, atraso y desempleo en nuestro país. En ese sentido, su política de pactos con la derecha que terminaron en acuerdos de claro retroceso para el pueblo, como se puede advertir en la Ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente y los acuerdos de la suprapartidaria, entre otras, nunca conformarán a la clase capitalista, detentadora del poder y de los gobiernos durante la casi totalidad del período republicano, así como también no serán solución definitiva a los problemas de nuestro pueblo empobrecido aunque mayoritario”.

La emergencia de la COD de Oruro y de una fuerte dirección clasista en Huanuni, que se han puesto claramente del lado de las organizaciones y pueblos indígenas campesinos, de alguna manera ha disminuido el margen de maniobra del gobierno y le ha obligado a inclinarse un poco más hacia la izquierda, de manera de evitar que la dirección obrera en emergencia le gane las espaldas. Eso explica que estos últimos días /6 el gobierno cada vez hable de forma más pesimista sobre la posibilidad de un acuerdo con los prefectos derechistas. La estrategia del gobierno de establecer un acuerdo político con los empresarios que de alguna manera convierta al MAS en su propia expresión política no es hueca. La bonanza de los altos precios de las materias primas, que ha permitido cuadruplicar los ingresos por exportaciones, lo permitiría. Lo demuestran también las cifras de las entidades financieras. Las reservas internacionales del Banco Central se han duplicado en un año. Los depósitos en moneda nacional en la banca se han incrementado de la misma manera y la cartera de préstamos también ha crecido en 60% /7. ¿Por qué, en tal situación de bonanza, aún es difícil un acuerdo y cuál parecería ser el proyecto estratégico del empresariado boliviano y la derecha que lo representa?

La lucha por la hegemonía y el traslado del eje geopolítico boliviano

Desde octubre de 2003, cuando Sánchez de Lozada y su gabinete, poco antes de huir del país, especularon con la posibilidad de trasladar su gobierno -y por lo tanto la sede de gobierno- a Santa Cruz, se dio nuevo impulso a lo que se dio en llamar las luchas regionales. Desde que se impone la “Agenda de Octubre”, cuando Carlos Mesa, inesperadamente para todos, acepta como parte de su programa de gobierno la convocatoria a una Asamblea Constituyente, empieza en serio el intento de trasladar la capital fuera de La Paz.

Es un hecho que el cerco de los movimientos sociales indígenas a La Paz, establecido en octubre de 2003 y que luego se repite en mayo-junio de 2005, no fue hasta ahora derrotado. Es más, está pendiente aún sobre las cabezas del sistema político como una espada de Damocles. Tanto en octubre de 2003 como en mayo-junio de 2005, con el antecedente de la crisis de febrero de 2003 que llevó al enfrentamiento armado entre policías y militares, el Estado está en una crisis que se debe, en buena medida, al cerco que han establecido los movimientos sociales sobre el gobierno y sobre su sede geográfica. El levantamiento social paralizó entonces al gobierno y al aparato estatal en su conjunto. La subida al gobierno de Evo Morales -un logro que es el resultado directo de las luchas populares pero en gran medida hay que atribuirlo a la estrategia de la Iglesia para neutralizar esas luchas- parece haber logrado un cuarto intermedio en las luchas sociales. La gente tiene cierta esperanza de que este gobierno “arregle” las cosas, aunque mantiene su vigilancia.

Dado que los sectores claves del aparato productivo nacional (la energía, la minería, las telecomunicaciones, la tierra, los bosques, los bancos, la prensa y la televisión) están en manos de multinacionales o de sus socios los sectores empresariales, latifundistas y/o lumpen burguesía boliviana, es poco lo que se presume que el gobierno pueda hacer, a más de sanear las finanzas del Estado elevando la recaudación impositiva. Esto último se lograría a través de la llamada “nacionalización de los recursos naturales” que modifica los contratos petroleros existentes -que nunca fueron anulados- de manera que el Estado perciba mayores ingresos por la explotación del gas. Se suponía que la Asamblea Constituyente era el escenario para cambiar radicalmente la situación generada por la privatización de las empresas y recursos del país, pero el propio gobierno se encargó de trabar al máximo esa posibilidad acordando con la derecha una ley de convocatoria que transformaba lo que debía ser un espacio de poder político fundacional y soberano en un ente ineficaz para hacer las transformaciones necesarias, subordinado al aparato político, judicial y administrativo establecido del Estado.

Peor aún, el gobierno ha permitido que la derecha ponga como condición para la realización de la Asamblea Constituyente, la previa realización de un referéndum autonómico vinculante. Este referéndum determinó que cualquier departamento donde haya sido aprobada la pregunta sobre autonomía departamental con una mayoría simple, se transforma en autónomo, una vez que se promulgue la nueva Constitución. Los constituyentes, tanto por la ley de Convocatoria a la Asamblea, como por el texto de la ley de referéndum, están obligados a avalar el resultado positivo de esa votación en un departamento, aunque la opinión nacional mayoritaria se demuestre en contra.

¿A qué apunta ese proyecto autonomista? ¿Acaso apunta a la disgregación nacional? Lo mismo se decía cuando se estaba librando la Guerra Federal que tuvo lugar en Bolivia en 1899. Sin embargo, el triunfo de los federalistas no derivó en el establecimiento de un sistema federal, sino en el traslado de la sede de gobierno a La Paz y el establecimiento de un sistema de gobierno centralista.

El interés actual del empresariado que respalda esta propuesta autonomista se expresaría en dos posibles salidas:

1. La salida política mínima a que aspiran consiste en que efectivamente no logran derrotar a los movimientos sociales durante todo o parte del gobierno de Evo Morales y se ven entonces en la necesidad de atrincherarse temporalmente en la sede de Santa Cruz, pero con prerrogativas y competencias que les permitan manejar la parte más jugosa del presupuesto nacional y aspirando también a manejar de la forma más directa posible -según las relaciones de fuerza que logren para la Asamblea Constituyente- los recursos naturales que ya sabemos: la tierra, el agua, los bosques, los recursos del subsuelo.
2. La máxima, consiste en lograr derrotar o confundir lo suficiente a los movimientos sociales para comenzar a trasladar, de hecho o de derecho, la sede de gobierno a Santa Cruz. Ese proceso puede comenzar bajo una apariencia de descentralización, o de traslado de organismos autárquicos o semiautárquicos, como por ejemplo YPFB, u otras entidades de gran peso económico a Santa Cruz. Aunque lograran solamente la autonomía, ya se estaría empezando a aplicar de hecho el traslado paulatino de la sede del gobierno nacional a Santa Cruz. Pero si la derecha lograra dividir y desmoralizar lo suficiente a los movimientos sociales, es posible un cambio rápido de escenario geopolítico. Esto puede efectivizarse si acorralan y reducen a la impotencia al gobierno de Evo Morales y le obligan a servir simplemente de administrador eficiente de un modelo neoliberal maquillado de populismo, sin ninguna transformación de fondo. Por ejemplo, sin que se logre la reversión de una porción significativa de los 50 millones de hectáreas de tierras ilegalmente distribuidas desde la Reforma Agraria de 1953 entre la nueva oligarquía. En la medida que el gobierno -para sostenerse en el sillón- deba acudir a la desmovilización y a la división de las organizaciones que lo apuntalaron para que gane las elecciones de 2005 y 2006, el mismo gobierno serviría como instrumento para lograr ese fin. La deslegitimación del gobierno lo volvería cada vez más débil y cada vez más vulnerable a las presiones de las camarillas empresariales y mafiosas, hasta que lo obliguen a rendirse y aceptar, él mismo, cambiarse de sede. Ese sería el proyecto estratégico del empresariado latifundiario y sus aliados mafiosos y petroleros.

Por supuesto, no apuntamos a que la “burguesía esmirriada” /8 y sus mafiosos se salgan con la suya y logren establecer este escenario político que describimos arriba; por el contrario estamos seguros de que los movimientos sociales sabrán derrotarlos a tiempo. Pero nuestro análisis pretende alertar contra sus verdaderas intenciones, que no se quedan en la autonomía departamental. Hay una forma para que los movimientos sociales, acompañados por aquellos que desde el gobierno están de su lado, puedan neutralizar esa estrategia y ganarles la batalla actual. Esa forma es, dicho de manera llana, revertir los latifundios.

Las implicancias civilizacionales del proceso actual

La crisis de Estado que se presenta en Bolivia nos obliga a utilizar un término un poco desgastado: aquello de “el eslabón más débil”. Efectivamente Bolivia es, quizás, uno de los eslabones débiles del sistema hegemónico establecido por la civilización occidental capitalista en todo el planeta. Un sistema que ha establecido como pivote de su dominación política a los Estados-nación. No hay duda de que estamos ante un período de declinación hegemónica, pero ¿de qué tipo es esa declinación hegemónica?

Nadie, ni siquiera al interior del gigante imperialista /9, se atreve a dudar de que los Estados Unidos hoy atraviesan una crisis de hegemonía, pero hay poco acuerdo sobre el significado de esa crisis. Otros gigantes imperiales han caído antes. Recordemos cómo el imperio inglés se ha desmoronado en la Segunda Guerra Mundial, pero ya hoy las características de la declinación hegemónica han cambiado fundamentalmente. En ningún momento, durante el proceso de relocalización del eje geo-hegemónico mundial que se traslada desde Inglaterra hacia los Estados Unidos, se había puesto en duda el sistema civilizatorio occidental mismo. Por el contrario, la reconstrucción de Europa, pero sobre todo el movimiento anticolonial y nacionalista de la post guerra, comenzando por la independencia de India y siguiendo por la descolonización de África se realizó siguiendo el modelo de “modernización”. En estos últimos casos, conducidos por las burguesías nacionales del Tercer Mundo, proponían un desarrollo capitalista basado en la “sustitución de importaciones”; hasta ahí nomás llegaban. También fue en ese período de transición interimperialista que se generó un vacío temporario de poder o, más bien, un período en el que las burocracias estatales mantuvieron su lealtad a los antiguos jefes imperiales, y así surgieron los movimientos nacionalistas en Latinoamérica, con fuerte arraigo en las burocracias militares y a los cuales se adhirió un sector importante de la clase obrera. Recordemos el peronismo, el APRA en Perú, Vargas en Brasil, MNR en Bolivia, etcétera, todos del mismo período de finales de la Segunda Guerra Mundial teñidos de discurso antiamericano pero, al menos en algunos casos, muy sospechosos de conducta pro inglesa, y que finalmente debieron ceder sin pena ni gloria ante el avance de los capitales americanos. Los años cincuenta se caracterizan porque entonces llega a su mayor auge el ciclo de expansión civilizatoria de la modernidad capitalista occidental: todos los países quedan integrados en la red de los Estados-nación que forman el mercado mundial capitalista. Es probable que incluso los países de la llamada esfera socialista, después de la Segunda Guerra, hayan quedado también semiintegrados en esa red, a consecuencia del propio proceso de regresión burocrática en que estaban sumidos. La lucha nacionalista revolucionaria entonces se entendía, paradójicamente, como la construcción de “verdaderos” Estados-nación, es decir, se acudía a la utopía de naciones “independientes” y “desarrolladas” según el mismo modelo que planteaba el imperialismo.

El actual período se caracteriza no solo por una creciente competencia interimperialista, existiendo de hecho ya tres grandes bloques que se disputan esferas de influencia económica, sino por una declinación civilizacional. El capitalismo a escala mundial ha sufrido una regresión que la clase obrera vive en carne propia: se ha vuelto al capitalismo salvaje, primitivo, al capitalismo basado en el trabajo a domicilio y otras formas que ahora ya no es el pequeño capitalista emergente el que las usa, sino el gran capital transnacional consolidado a escala global. Como consecuencia de esa regresión histórica la clase obrera se ve en disgregación física y políticamente y no se avizora el camino para su recuperación. Si bien hay grandes huelgas en los últimos tiempos, las realizan básicamente los obreros estatales, como es el caso de los sindicatos del transporte en Francia, Alemania y Hungría, porque la industria misma se ha vuelto trashumante. Pero en el nudo de la declinación se encuentra el problema de la crisis de legitimidad del Estado-nación. Desde el mismo momento que la civilización capitalista global basada en la red de estados nación se extendió por todo el planeta y dominó todo el mundo, comenzó su declinación. El Estado-nación, por otra parte, dejó de ser garante del nivel de vida de la población y se convirtió en el garante de la expansión del capital, exclusivamente. Y entonces sucede algo aparentemente contradictorio.

La gran amenaza que desafía al Occidente pareciera que ya no es el fantasma del comunismo, y ahora es retratada como el fantasma del “fundamentalismo” y el “terrorismo” islámico. El desafío que plantea el islamismo propone un tipo de civilización que ataca las bases del individualismo burgués que domina nuestra cultura. Aquí me incluyo, como incluyo a la mayoría (¿la totalidad?) de los marxistas occidentales que hasta ahora no han sabido dar una mínima respuesta a este nuevo proceso global, por más que ya lleva cerca de treinta años en expansión, desde la revolución iraniana. Lo paradójico es que a la crisis del capitalismo como civilización también le sucede la crisis del “comunismo real”, de los socialismos en un solo país, construidos sobre el modelo de la industrialización forzada. Entonces, al desafío islamista contra esa civilización liberal individualista que nos ha penetrado hasta los huesos, se suma la emergencia indígena que recorre Latinoamérica. Hasta ahora esa emergencia ha dado pasos tibios y a tropezones, sin encontrar un camino independiente. Cuando se ha encontrado en posición dominante, como ha sido octubre de 2003, la corriente que supuestamente representaba los intereses de campesinos indígenas ha rehuido ese propio camino, ha vuelto a asumir la ruta de los derrotados, en este caso de los neoliberales que estaban en plena huida. Para peor, se disfrazan de nacionalistas y llegan al extremo de reivindicar el Estado-nación colonial y su soberanía, es decir, los supuestos representantes del movimiento indígena terminan negándose a sí mismos. Hasta ahora no ha surgido una corriente indígena latinoamericana con el suficiente coraje como para plantarse y asumirse como alternativa civilizatoria y reclamar la devolución total de la soberanía al pueblo, a los pueblos.

Sin embargo, cuando los pueblos indígenas se sientan a deliberar surgen espléndidas ideas como las que dieron contenido a la propuesta de Constitución que elaboró el Pacto de Unidad de las organizaciones indígenas originarias campesinas de Bolivia. Esa experiencia nos demuestra que es posible una respuesta a la crisis civilizatoria. Es la hora ya de crear un frente indígena y obrero que recupere esa extraordinaria experiencia y se plantee desterrar de una vez la corrupta cultura liberal capitalista, incluida su versión seudo-nacionalista.

Pablo Regalsky es antropólogo, CENDA, Cochabamba, Bolivia. Autor de “Etnicidad y clase. El Estado boliviano y las estrategias andinas de manejo de su espacio”, La Paz, CEIDIS/CESU-UMSS/CENDA y Plural editores, 2003. En Herramienta Nº31 publicó “América Latina: Bolivia indígena y campesina. Una larga marcha para liberar sus territorios y un contexto para el gobierno de Evo Morales”. pabloa@albatros.cnb.net [Publicado en Herramienta www.herramienta.com.ar. Agradecemos al autor y a la revista la autorización para su publicación en VIENTO SUR.]

1/ En varias publicaciones está clara esa posición, particularmente en Tinkazos, 20 de junio de 2006, donde dialoga con Juan Carlos Urenda, el ideólogo del autonomismo cruceño, y también en Fuentes, F. “The struggle for Bolivia’s future” en Monthly Review 59 (4), septiembre de 2004, donde se refleja claramente la política de Evo y García L. de lograr un acuerdo con las Fuerzas Armadas en base a la recreación de un “Pacto militar campesino” y al reforzamiento económico de las mismas y a ganar el apoyo de “las clases medias” con una política moderada.
2/ Instituto Nacional de Reforma Agraria, ley dictada en 1996 bajo el gobierno de Sánchez de Lozada y reformada últimamente en 2006 bajo Evo Morales.
3/ http://www.la-razon.com/versiones/20071129_006105/nota_250_513106.htm.
4/ Mayorga, Fernando. 2007. Encrucijadas: ensayos sobre democracia y reforma estatal en Bolivia. CESU-UMSS Edition. Cochabamba: Gente Común.
5/ Declaración de la Central Obrera de Oruro, diciembre 2007.
6/ Este artículo se terminó de redactar el 8 de febrero de 2008.
7/ UDAPE. 2006. “Economía y Política Económica 2006.” La Paz: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas.
8/ Es la denominación que le dio Zavaleta M, René. 1987. El Poder Dual. Cochabamba: Los amigos del libro.
9/ Ver New York Times, Khanna, Parag 2008 Waving Goodbye to Hegemony, en http://www.nytimes.
com/2008/01/27/magazine/27world-t.html. ei=5087&em=&en=626eef41b0e68c4e&ex=1201496400&pagewanted=all.


Bibliografía
• Mayorga, F., 2007, “Encrucijadas: ensayos sobre democracia y reforma estatal en Bolivia”, CESU-UMSS Edition, Cochabamba.
• Gente Común. UDAPE, 2006, “Economía y Política Económica 2006”. La Paz: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas.
• Zavaleta M, René, 1987, “El Poder Dual”, Cochabamba, Los amigos del libro.

VIENTO SUR Número 97/Mayo 2008


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domingo, 6 de julio de 2008

La deuda, el Banco del Sur y la construcción del socialismo del siglo XXI


En estos placidos días de vacaciones de julio y agosto se tiene más tiempo y muchos se dedican a leer caras guías de viajes y los más afortunados preparan viajes a los más lejanos lugares. Según las estadisticas a causa de la crisis se han retraido estos largos viajes, salvo en Euskadi que parece ser que se dispone de ahorros y rentas olgadas. Sin embargo, en este artículo y en algunos otros que iran apareciendo trataremos de apuntar otras explicaciones de lo que "esta pasando", para intentar comprender el mundo que nos toca vivir y así poder disponer de la opción de transformarlo, no solo de consumirlo y agotarlo. Empezaremos estas reflexiones por un imprescindible artículo de Eric Toussaint sobre la politica y la economía en America Latina. Publicada en Viento Sur Nº97. Marce.

Eric Toussaint

Dos tendencias opuestas están actuando en América Latina. De una parte, el gobierno de los Estados Unidos y los países de la Unión Europea logran sellar con los países de la región acuerdos bilaterales de libre cambio que son favorables a sus empresas. Las privatizaciones masivas de los años 1980 y 1990 han sido aprovechadas por éstas para tomar el control de un gran número de sectores económicas vitales para el desarrollo. Los flujos de capitales van de la región hacia los países más industrializados vía el reembolso de la deuda, la repatriación de las ganancias de las transnacionales del Norte y la huida de capitales organizada por los capitalistas latinoamericanos. La deuda pública interna está en fuerte aumento. La parte de los salarios en la renta nacional disminuye en beneficio el capital. Las condiciones de vida se estancan y los más explotados se empobrecen un poco más, incluso si algunos programas de asistencia pública limitan los estragos (Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador).

De otra parte, las numerosas movilizaciones populares de los últimos años se traducen en la elección de gobiernos algunos de los cuales intentan invertir el curso histórico de los treinta últimos años y enfrentarse a la primera tendencia descrita más arriba reinstaurando un control público sobre los recursos naturales del país (Venezuela, Bolivia, Ecuador), sobre otros sectores clave de la economía (Venezuela) y haciendo fracasar ciertos proyectos estratégicos de los Estados Unidos (fracaso del ALCA en noviembre de 2005 y dificultades de puesta en marcha del Plan Colombia a causa de la oposición de Venezuela, Ecuador /1 y Bolivia). Ciertos gobiernos emprenden reformas sociales llevando a cabo una política redistributiva. Venezuela desde 1999, Bolivia desde 2006 y Ecuador desde 2007 han emprendido una modificación de su constitución en un sentido democrático. Los signos de toma de distancias en relación al Banco Mundial y al FMI se multiplican: Ecuador ha expulsado al representante permanente del Banco Mundial en Quito a fines de abril de 2007, Venezuela contempla retirarse del Banco Mundial y del FMI, Bolivia no reconoce ya la autoridad del CIRDI (filial del Banco Mundial encargada de resolver los litigios en materia de inversión). Dicho esto, más allá de estos signos de mal humor, ninguno de estos tres países ha abandonado hasta ahora el FMI y el Banco Mundial.

Por otra parte, la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) que reúne a Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua y, como observadores, a Ecuador y Haití, ejerce un importante poder de atracción. En fin, la construcción del socialismo se ha vuelto a plantear desde finales de 2004 como orientación oficial de varios gobiernos, comenzando por el de Venezuela. Esta perspectiva encuentra un eco muy importante a nivel popular y numerosos movimientos sociales apoyan el proyecto.
América Latina vuelve desde lejos. Comencemos por un repaso del pasado, analizando la acción de dos instituciones que simbolizan la ola neoliberal.

El enorme pasivo de la intervención del Banco Mundial y del FMI.

La intervención del Banco Mundial y del FMI desde los años 1950 en América Latina está marcada por las prioridades de la política exterior del gobierno de Washington. Las instituciones de Bretton Woods apoyaron al dictador Anastasio Somoza en Nicaragua durante cerca de 30 años hasta su derrocamiento en 1979 /2.
En Guatemala, el Banco y el Fondo boicotearon el gobierno progresista y democrático de Jacobo Arbenz en 1954 y se apresuraron a conceder su apoyo a la junta militar puesta en pie por instigación de Washington.

En el Cono Sur de América Latina, el Banco y el Fondo sabotearon sistemáticamente los regímenes democráticos que emprendían reformas hacia más justicia: oposición al presidente brasileño Kubitschek desde 1958 cuando éste rechazó las condiciones fijadas por el FMI luego boicot para su sucesor, el presidente Joao Goulart, cuando éste anunció una reforma agraria y la nacionalización del petróleo en 1963. Desde la puesta en pie de la junta militar en abril de 1964, el FMI y el BM corren a darle su apoyo. Harán igual en septiembre de 1973 tras el aplastamiento de la experiencia del socialismo chileno de Salvador Allende por el general Augusto Pinochet.

En marzo de 1976 en Argentina, el FMI da su apoyo a la dictadura del general Videla. Todas las dictaduras militares de América Latina y el Caribe recibieron el apoyo del FMI y del BM porque eran aliadas de Washington y subordinaban su política económica a los intereses de las transnacionales de América del Norte. Cada gobierno que pone en práctica una política de justicia social e intenta reforzar la soberanía del país encuentra en su camino las instituciones de Bretton Woods. Las clases dominantes locales (oligarquía terrateniente y burguesía) no pueden quejarse pues encuentran en esas instituciones un apoyo en su resistencia a las reformas sociales. Añadamos que el Chile de Pinochet y la Argentina de Videla constituyeron verdaderos terrenos de ensayo de las políticas neoliberales que, bajo formas adaptadas, fueron luego aplicadas en los países más industrializados, comenzando por la Gran Bretaña de Margaret Thatcher a partir de 1979 o los Estados Unidos de Ronald Reagan en 1981.

La crisis de la deuda de 1982 y la aplicación del Consenso de Washington.
En 1982, cuando estalla la crisis de la deuda que afecta de lleno al conjunto de América Latina y el Caribe, el Banco Mundial y el FMI que habían empujado a los países de la región a endeudarse alegremente (la deuda externa pública de la región se multiplicó por 11 entre 1970 y 1982, pasando de 16 a 178 millardos de dólares /3) utilizan el arma del sobreendeudamiento para imponer las políticas que serán codificadas más tarde en el Consenso de Washington: privatizaciones masivas, mayor apertura económica, abandono del control de cambios y de los movimientos de capitales, reducción de los gastos sociales, aumento de las tasas de interés locales, precarización del trabajo. Los capitales que habían afluido a la región bajo la forma de préstamos durante el decenio de 1970 toman la dirección de los países industrializados a partir de 1982 bajo la forma de reembolso de la deuda y de huida de capitales.

El arma de la deuda ha permitido a Washington prescindir de las dictaduras para imponer su política. Los gobiernos que reemplazan a las juntas militares a partir de la segunda mitad del decenio de 1980 aplican dócilmente las consignas. La imposición de las políticas neoliberales desemboca en explosiones sociales pero éstas son duramente reprimidas por gobiernos “democráticos”. De la revuelta popular de abril de 1985 en Santo Domingo contra el plan del FMI impuesto por el gobierno del PRD socialdemócrata al argentinazo de diciembre de 2001 contra el gobierno de centro izquierda de Fernando de la Rua pasando por el caracazo del 27 de febrero de 1989 contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez (vicepresidente de la Internacional Socialista), los levantamientos son numerosos. El rechazo del Consenso de Washington aplicado por el FMI y el BM se generaliza a escala de América Latina y acaba por desembocar en un nuevo giro hacia la izquierda a partir de la elección de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela en 1998.

El cambio de los años 2000.
Como consecuencia del inmenso levantamiento del pueblo argentino en diciembre de 2001 que conllevó la caída del presidente de la Rua, las autoridades argentinas, bajo la presión de la calle, deciden desafiar abiertamente al FMI y al BM suspendiendo hasta marzo de 2005 el pago de la deuda pública externa a los acreedores privados y al Club de París. Los gobiernos peronistas de Rodríguez Saa, Duhalde y Kirchner que se suceden a partir de finales de 2001 evitan la ruptura directa con las instituciones de Bretton Woods (que son reembolsadas) pero contribuyen a debilitarlas demostrando que es posible suspender de forma prolongada el pago de la deuda a los acreedores privados y a los gobiernos de los países más industrializados a la vez que se reinicia el crecimiento económico y se impone a los acreedores un acuerdo por el que éstos aceptan una reducción de la mitad de las sumas reclamadas.

En agosto de 2002, el FMI obtiene de Lula, candidato a la presidencia del Brasil, que se comprometa a respetar los compromisos tomados con él por Fernando Enrique Cardoso que termina su mandato. El gobierno de Lula, instalado a partir de 2003, respeta escrupulosamente la política recomendada por el FMI y el BM. Esto les da un respiro.

Abundancia de las reservas de cambio.
A partir de 2005, a escala de una mayoría de países en desarrollo, un cambio coyuntural en la situación económica mundial modifica de forma favorable sus relaciones con los acreedores de los países más industrializados /4. Los cursos de las materias primas y de ciertos productos agrícolas están al alza mientras las primas de riesgo que pagan para pedir prestados capitales son históricamente bajas. En consecuencia, acumulan importantes ingresos de exportación en divisas fuertes a la vez que pagan una tasa de interés (prima de riesgo incluida) inferior a los veinticinco años precedentes. Las reservas de cambio de los países de América Latina y del Caribe han más que doblado entre 2002 y 2007 (pasando de 157 a más de 350 millardos de dólares). Varios gobiernos (Argentina, Brasil, México, Uruguay, Venezuela, Thailandia, Indonesia, Corea del Sur...) se aprovecharán de ello para saldar su cuentas con el FMI, lo que les reprochan numerosos movimientos que luchan por la anulación de la deuda. Reprochan a los gobiernos la legitimación de la deuda exigida por el FMI y derrochar capitales que habrían sido bienvenidos para llevar a cabo políticas sociales. Los gobiernos replican que esto les permite retomar su entera libertad respecto a una institución que impone políticas impopulares.

¿Qué hacen hasta ahora la mayor parte de los gobiernos de América Latina y del Caribe con las reservas de cambio? Tras haber utilizado una parte de éstas para reembolsar de forma anticipada a ciertos organismos internacionales, colocan el resto bajo la forma de bonos del Tesoro de los Estados Unidos o bajo la forma de depósitos en los bancos de los Estados Unidos (y marginalmente de otros países de los más industrializados). Prestan pues dinero público del Sur al Norte, en particular al principal país que les domina. Refuerzan de esta forma la posición del gobierno de Washington y de la economía de los Estados Unidos que tienen una necesidad vital de aporte en capitales extranjeros para contrapesar sus enormes déficits. Dan al dueño el bastón para golpearles. Pero esto no se queda ahí. La colocación de las reservas bajo forma de bonos del Tesoro de los Estados Unidos (u otros bonos de otros Tesoros) tiene generalmente por contrapartida nuevos préstamos. Esto puede parecer sorprendente pero en realidad, las cosas ocurren sencillamente así. De una parte, las reservas en divisas son colocadas en el Norte; de otra, los poderes públicos de América Latina y de los demás continentes de la periferia piden prestado en el mercado interno o en el mercado internacional a fin de reembolsar la deuda pública. En todos los casos, la remuneración de las reservas colocadas en bonos de los Tesoros extranjeros o en líquido es inferior al interés entregado para tomar prestado. De ahí una pérdida para el Tesoro del país concernido. La pérdida es tanto más considerable en cuanto que los Estados Unidos reembolsan con una moneda en constante devaluación desde hace varios años.

Otro mecanismo perverso está en marcha: el hecho de tener reservas importantes en divisas bajo la responsabilidad del Banco Central de los países concernidos conlleva un aumento de la moneda nacional en circulación en el país. En efecto, el Banco Central entrega, a cambio de las divisas, moneda nacional a los agentes económicos que exportan. A fin de evitar un aumento de la inflación debida al excedente de moneda en circulación, el Banco central pide prestado a los bancos privados locales. Esto representa un coste suplementario para el Tesoro público /5.

Agua al molino de Hugo Chávez.
La relativa abundancia de reservas de cambio a disposición de los gobiernos de la región y el callejón sin salida en la utilización actual de éstas lleva agua al molino del presidente Hugo Chávez que propone desde hace algunos años la creación de un fondo humanitario internacional y desde 2006, la creación de un Banco del Sur.

En febrero de 2007, Argentina y Venezuela anunciaron la creación de ese Banco. Se les unieron pronto Bolivia, Ecuador y Paraguay. Brasil que dudó durante tres meses, acabó por firmar la declaración de Quito del 3 de mayo de 2007 en una cumbre de los ministros de Finanzas de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Venezuela. Uruguay podría igualmente unirse a la iniciativa.

Varios proyectos están aún sobre la mesa pero un consenso parece desprenderse en varios puntos. El Banco del Sur reunirá al menos seis o siete países de América del Sur (la puerta está abierta a los demás) y tendrá por función financiar el desarrollo en la región. Hay también una voluntad de crear un fondo monetario de estabilización /6. Existe ya un Fondo Latinoamericano de Reserva (FLAR), que podría ser transformado /7.

Y si esto no es posible, se creará un nuevo fondo. Su objetivo: hacer frente a ataques especulativos y a otros choques externos poniendo en común una parte de las reservas de cambio de los países miembros. Se trata de prescindir del FMI, pero con una ambición suplementaria: poner en pie una unidad de cuenta que podría un día llegar acabar en una moneda común. En claro, crear el equivalente al ecu europeo antes de la creación del euro. Actualmente, los intercambios comerciales entre países de América del Sur se ajustan en dólares. Sin embargo Argentina y Brasil acaban de afirmar que tenían la intención de ajustar sus intercambios mutuos, de un valor anual de 15 millardos de dólares, en pesos argentinos y en reales. El futuro dirá si llegarán a ello.

En la reunión de Quito de comienzos de mayo de 2007, la delegación de Ecuador planteó una concepción revolucionaria del Banco del Sur (y del Fondo). Se trata de crear una institución que funcione sobre una base profundamente democrática, exactamente al contrario que el BM, del FMI y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El Banco del Sur será un instrumento particularmente encargado de poner en aplicación los tratados internacionales sobre los derechos humanos, sociales y culturales, mientras que el Banco Mundial dice que no está ligado por esos tratados. El Banco del Sur deberá financiar proyectos públicos mientras que las instituciones existentes privilegian el sector privado. Por otra parte, el Banco del Sur debería, si los jefes de Estado se ponen de acuerdo, fundarse en el principio de “un país, un voto”. Actualmente, en el Banco Mundial, el FMI y el BID, el derecho de voto de los países depende de su aporte inicial, lo que no es democrático. Además, los dirigentes y empleados del Banco del Sur serán responsables ante la justicia, contrariamente a los del BM, protegidos por una inmunidad total que no se levanta mas que si el Banco quiere. Pagarán impuestos, lo que no es el caso del Banco Mundial. Los archivos serán del dominio público, mientras que la regla contraria está en vigor en el FMI y el Banco Mundial. En fin, el nuevo Banco no se endeudará en el mercado de capitales. Su capital será proporcionado por los países miembros que lo financiarán mediante un aporte inicial en capital, con préstamos, pero también con tasas tipo Tobin.

En el fondo, se presentan dos grandes opciones: 1) Poner en pie un banco que apoye un proyecto neodesarrollista (apoyo a la expansión regional de empresas capitalistas como la argentina Techint, las brasileñas especializadas en ingeniería civil o Petrobras) que tome por modelo la construcción europea donde dominan los intereses del gran capital. 2) Dotarse de un instrumento de financiación de políticas económicas, sociales y culturales que rompan con la lógica de la búsqueda del beneficio y den la prioridad a la integración económica, social y cultural aplicando los diferentes pactos que garantizan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Los gobiernos de Brasil y de Argentina defienden la primera opción mientras que los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia están inclinados a comprometerse a favor de la otra opción. La negociación sigue en curso pues Brasil ha multiplicado los motivos de un retraso. Es probable que el compromiso se haga alrededor de la primera opción.

Otros temas están en debate entre los gobiernos: ¿tendrá cada país el mismo peso en las estructuras de decisión? ¿Los funcionarios de la nueva institución tendrán derecho a los privilegios y a la impunidad de que disfrutan los funcionarios del FMI, del BM y del BID y demás instituciones internacionales? ¿Cuáles serán las garantías de transparencia y de control? Los movimientos sociales de América Latina y de otras partes intentan influir conjuntamente sobre las negociaciones a favor de la segunda opción y han publicado dos cartas abiertas a los jefes de estado que participan en las negociaciones /8. El acto fundador del Banco del Sur ha sido firmado el 9 de diciembre de 2007 en Buenos Aires por seis presidentes de América del Sur: Néstor Kirchner (Argentina), Luiz Inacio Lula da Silva (Brasil), Nicanor Duarte (Paraguay), Rafael Correa (Ecuador), Evo Morales (Bolivia) y Hugo Chávez (Venezuela). En los meses que vienen los debates mencionados más arriba deberán ser zanjados.

La importancia de la adhesión de Brasil al Banco del Sur.
Hay sin embargo que señalar que Brasil, conforme a la política económica y social y a la política exterior del gobierno Lula, ve sobre todo este Banco del Sur como un instrumento de política comercial, habla esencialmente de bloque económico y toma como modelo, sin ningún aspecto crítico, la Unión Europea (UE). Sin embargo la Unión Europea, tal cual, no constituye en absoluto un modelo desde el punto de vista de los pueblos. Por supuesto, hay aspectos positivos importantes: el hecho de tener una moneda común, un espacio en el que las fronteras internas están suprimidas y permiten una amplia circulación de las personas. Pero es cierto que el modelo actual de la Unión Europea favorece la aplicación de políticas neoliberales, favorece bastante más la circulación de capitales que la circulación de personas, puesto que entre los nuevos estados miembros, en el Este, hay ciertas restricciones al desplazamiento de esas personas.

La UE mantiene una competencia muy fuerte entre las y los trabajadores. En el marco de la UE, no ha habido nivelación hacia arriba de la legislación laboral y de las obligaciones patronales hacia los trabajadores. Se asiste en el seno de la UE a un desplazamiento, particularmente del Este, de trabajadores que son sobreexplotados y puestos en competencia con los trabajadores de la parte occidental de Europa, de forma que arrastren hacia abajo las condiciones de trabajo y los salarios del conjunto de los trabajadores de la región. Ahí donde hay aún sistemas de seguridad social favorables, como en Hungría, en el marco de la participación en la UE, se intenta privatizarlos.

Esta visión acrítica en relación a la UE, expresada por Brasil, es seguramente compartida por otros gobiernos de América latina: bien se hacen ilusiones sobre la UE, bien, lo que es más probable, con completo conocimiento de causa, comparten la idea de que hay más bien que privilegiar un modelo que está muy cercano del neoliberalismo, encuentran que Europa está muy bien bajo su forma actual.

Dado el peso de la economía brasileña en América Latina, la participación de Brasil da una fuerza de salida al Banco significativamente más importante. El problema con Brasil, es la orientación del gobierno de Lula y del modelo económico y social que pone en práctica. Está claro que la integración de Brasil en el Banco del Sur refuerza la opción neodesarrollista capitalista. Brasil está en el Banco del Sur porque no puede estar ausente de él: si los fundamentos del Banco del Sur no hubieran sido construidos a iniciativa de Venezuela y de Argentina, Brasil no hubiera siquiera hablado de ello. Pero para mantener su papel económico regional dominante, Brasil no puede estar ausente del Banco del Sur. Si nos ponemos en el lugar de Ecuador, Venezuela y Bolivia, se puede comprender que estos gobiernos vean el interés de tener a Brasil en el Banco del Sur, porque es una potencia económica importante y porque quieren mantener una buena relación con Brasil para evitar que refuerce su aproximación a los Estados Unidos, lo que debilitaría la región frente a la agresividad de Washington. Hay un verdadero juego diplomático y geoestratégico.

¿Qué tendencia va a ganar a escala regional?
El gobierno actual de Paraguay es un gobierno de derechas pero ese gobierno podría ser reemplazado como consecuencia de las elecciones presidenciales de este año. Un cura de izquierdas podría ganar las elecciones [el 20 de abril, Fernando Lugo ha sido elegido presidente de Paraguay]. Del lado de Argentina, hay una retórica anti FMI y antineoliberal pero el gobierno argentino adopta una orientación de refuerzo del capitalismo en Argentina. Hay de hecho dos grandes iniciativas de integración latinoamericana hoy: de una parte, el MERCOSUR que se extiende y de otra parte el ALBA. El MERCOSUR comprende en su inicio a Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Venezuela, que intenta una alianza regional más fuerte en oposición a los intereses de los Estados Unidos, quiere sumarse al MERCOSUR /9, Bolivia también, y Ecuador está presente como observador. Se tiene pues un bloque económico que se define principalmente por las relaciones comerciales y económicas y está dominado por un modelo capitalista. Este bloque permite reforzar los intercambios y favorece un cierto tipo de integración regional.

Luego se presenta otra alternativa, el ALBA, la Alternativa Bolivariana para las Américas, en la que participan Venezuela, Cuba y Bolivia, a las que se añade Nicaragua. Parece que Ecuador podría unirse a esta iniciativa. El gobierno de Haití sigue de cerca pero su margen de maniobra es muy estrecho en relación con los Estados Unidos. El ALBA es un reagrupamiento político y económico que tiene como eje central Cuba, Venezuela y Bolivia. Los gobiernos de estos tres países afirman explícitamente que su orientación apunta a realizar el “socialismo del siglo XXI”, una orientación anticapitalista y antiimperialista, basada en la solidaridad entre los pueblos.

Estamos pues en un contexto completamente particular en América Latina y en el Caribe, donde dos tipos de proyectos, en parte en competencia, coexisten puesto que varios países son miembros de los dos. Venezuela y Bolivia están en el MERCOSUR y en el ALBA; por el contrario, Brasil no está en el ALBA, pues el ALBA tiene claramente una orientación mucho más a la izquierda que el MERCOSUR, y porque Cuba está en él. Brasil, sin estar opuesto a Cuba, afirma claramente su amistad respecto al gobierno de Washington.

El Banco del Sur está entre los dos, aunque más cercano a MERCOSUR que al ALBA. No incluye miembros clave del ALBA, comenzando por Cuba. Por supuesto, sería lógico que el Banco del Sur, en el futuro, se extendiera al Caribe y a América Central, y por qué no a México si hubiera un cambio de gobierno, y que desarrollara relaciones privilegiadas con los países en desarrollo de los demás continentes, es decir África y Asia. MERCOSUR es un bloque esencialmente económico, en gran medida dominado por Brasil. Brasil es de hecho un “subimperialismo”, una potencia económica en la región que domina a sus socios económicos. Se trate de Argentina, Venezuela, Ecuador o Paraguay, estos países tienen una balanza comercial negativa con Brasil. Brasil exporta hacia ellos mucho más que lo que ellos exportan a Brasil. Brasil está dotado de empresas transnacionales como Petrobras que dominan sectores económicos clave de sus vecinos. Petrobras domina, con otras transnacionales, el gas y el petróleo boliviano; otras empresas brasileñas dominan Paraguay. El MERCOSUR, dominado por Brasil aliado a Argentina, se parece más bien a la Unión Europea dominada por el dúo franco-alemán, con una dominante neoliberal capitalista, mientras que el ALBA es un proyecto más político que económico, más basado en intercambios de tipo trueque y donaciones. Hay importantes donaciones de Venezuela a Nicaragua, Bolivia y Haití. El ALBA es un proyecto verdaderamente interesante. ¿Qué es lo que va a resultar determinante? La orientación política de los gobiernos, de los partidos políticos y la lucha de los movimientos sociales.

El problema de la deuda pública no está resuelto.
La deuda externa pública de América Latina se ha multiplicado por 25 entre 1970 y 2006. Mientras tanto, América Latina ha sin embargo reembolsado 91 veces el montante debido en 1970. Desde 1983, cada año, los gobiernos de América Latina y del Caribe han reembolsado mucho más de lo que los diferentes acreedores les han prestado. La amplitud y la velocidad de la transferencia han aumentado a partir de 1997. En 2006, los gobiernos de los países de América Latina han tomado prestados 50,5 millardos de dólares y han reembolsado ¡97! En definitiva, la hemorragia financiera prosigue.

Y sin embargo, desde 2005, a parte del gobierno ecuatoriano, ningún gobierno latinoamericano pone en cuestión el reembolso de la deuda pública. Las importantes reservas de divisas combinadas a tasas de interés relativamente bajas en los mercados internacionales llevan a los gobiernos a adoptar una política laxista en materia de deuda. Nuevas deudas públicas son contratadas tanto a nivel externo como a nivel interno.

Esta última ha aumentado fuertemente estos últimos años. En Brasil, la deuda pública interna representa un montante tres veces más importante que la deuda pública externa.

Las burguesías latinoamericanas especializadas en el sector financiero juegan un papel perfectamente improductivo. Los bancos extranjeros fuertemente presentes hacen igual /10. Monopolizan el ahorro local o toman prestado en el extranjero a fin de prestar dinero a los poderes públicos para que éstos tengan de qué rembolsar los préstamos anteriores. Los bancos brasileños destinan más del 70% de sus medios financieros a los préstamos a los poderes públicos. Los bancos de los demás países latinoamericanos hacen igual. Hay que señalar que tienen tendencia a endeudarse más que lo razonable en los mercados financieros de los países más industrializados comenzando por el de los Estados Unidos donde las tasas de interés son bajas. Además, en este último caso, reembolsan con dólares que se devalúan cada día. Toman prestado a corto plazo a baja tasa de interés en el Norte para prestar a largo plazo en sus países a tasas de interés netamente más elevadas.

Sus enormes beneficios provienen de este diferencial de tasa de interés. Este fenómeno no concierne solo a Brasil, Argentina, México, Colombia, Perú: es también el caso de Venezuela donde el sector financiero privado ha conocido una tasa de crecimiento anual superior al 30% en el curso de los tres últimos años mientras que el sector manufacturero ha conocido una tasa muy claramente inferior /11. En un contexto de fuerte crisis del sector financiero en los Estados Unidos y en Europa y de inestabilidad de las tasas de interés /12, es probable que la situación de los bancos activos en América Latina va a verse afectada. No están excluidas quiebras. Su salvamento puede una vez más quedar a cargo de los poderes públicos si no se tiene cuidado. Si Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa quieren realmente ir hacia el socialismo del siglo XXI, deberán particularmente enfrentarse al sector financiero privado de su país a fin de poner fin a su papel puramente parásito.

Alternativas en relación a la deuda.
Es posible poner en práctica una estrategia alternativa. Si los gobiernos de los PED desean poner en cuestión el pago de la deuda pública, estarían actualmente en la mejor posición para hacerlo pues tienen con qué enfrentarse a las amenazas de represalias por parte de los acreedores multilaterales, bilaterales y privados. El nivel de sus reservas les procura un enorme margen de maniobra.

Si Argentina ha podido ella sola enfrentarse a los acreedores privados entre finales de 2001 y comienzos de 2005 (reclamaban la reanudación del pago de una deuda con ellos que representaba alrededor de 100 millardos de dólares) y obtener concesiones significativas, se puede imaginar sin dificultades la fuerza que tendría un frente de varios países.

Es el momento de poner en marcha auditorias de la deuda /13. Un frente de los países por el no pago podría igualmente adelantar la exigencia de reembolso de la deuda histórica y ecológica contraída por los países más industrializados. La opinión pública y los movimientos sociales serían en gran medida favorables a la adopción de una actitud legítima y digna por los gobiernos del Sur.

¿Qué socialismo?
Tras el rechazo del 2 de diciembre de 2007 de su proyecto de reforma constitucional /14, Hugo Chávez ha declarado de forma autocrítica que había sobrestimado la voluntad de la gente de ir hacia el socialismo. Ciertamente, hay que sacar otra conclusión que parte de la constatación siguiente: el socialismo no ha sido claramente definido durante la campaña por el referéndum constitucional.

Ahora bien, las experiencias caricaturescas del socialismo en el siglo XX dejan, es lo menos que puede decirse, un gusto amargo en la boca. En la cabeza de mucha gente, el socialismo no es sinónimo de felicidad y de libertad. Para optar por el socialismo, hay que tener sólidos argumentos. Por otra parte, el socialismo no se decreta por una constitución. Es una construcción concreta. Si no se precisa en positivo lo que significaría la realización del socialismo y los pasos que hay que dar para alcanzarla, la cosa queda totalmente abstracta. Peor el socialismo puede evocar el peligro de deriva autoritaria.

Al general retirado Raúl Baduel le resultaba fácil decir que hay que rechazar el proyecto de nueva constitución principalmente porque ésta no define el socialismo. Declaraba: “la palabra socialismo no tiene un significado uniforme y puede incluir regímenes como el de Pol Pot en Camboya y la Unión Soviética estalinista, hasta el llamado socialismo nórdico o el socialismo democrático europeo. ¿A qué socialismo se nos quiere llevar? ¿Por qué no se le dice al pueblo claramente hacia donde se piensa conducir a la nación? Tenemos como pueblo que exigir que se nos diga claramente el destino de nuestro futuro y no se nos mienta con un supuesto socialismo a la venezolana” /15.

Desde 2004, Hugo Chávez tiene el mérito de relanzar como jefe de Estado el debate sobre la necesidad de una perspectiva socialista para el siglo XXI. Es tiempo de dar un contenido preciso a esta perspectiva a fin de que cada vez más ciudadanos la adopten como un medio necesario para llegar a la justicia social y al fin de todas las formas de opresión.

[Este texto es la contribución del autor al libro “le Volcan latino-américain”, de próxima publicación.]

Eric Toussaint, doctor en ciencias políticas, presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo -Bélgica-, autor de Banque mondiale: le Coup d’Etat permanent. L’Agenda caché du Consensus de Washington, coédition CADTM / Syllepse / CETIM, Liège/Paris/Genève, 2006, 310 pages; autor de La bolsa o la vida, Las finanzas contra los pueblos, ed. Gakoa.; coautor con Damien Millet de 50 preguntas 50 respuestas: sobre la deuda, el FMI y el Banco Mundial. Icaria Editorial.


1/ El presidente ecuatoriano Rafael Correa ha anunciado que no renovaría la concesión de la base militar de Manta al gobierno de los Estados Unidos cuando ésta llegue a su término en 2009.
2/ Para una presentación detallada del apoyo del BM y del FMI a las dictaduras, ver Toussaint, E. (2006). Banque mondiale: le Coup d’Etat permanent. L’agenda caché du Consensus de Washington, Liège-Paris,CADTM-Syllepse. Ver también: Kapur, D., Lewis, J. P., Webb, Richard. (1997). The World Bank, Its First Half Century, Volume 1: History, Brookings Institution Press, Washington, D.C., 1275 p.
3/ Banque mondiale, Global Development Finance, Washington D.C., 2006.
4/ Toussaint, E. Banque du Sud, contexte international et alternatives, agosto 2006, http://www.-cadtm.org/article.php3?id_article=1998.
5/ Banque mondiale, Global Development Finance, Washington D. C., 2006, p. 154.
6/ La adhesión de Venezuela a esta propuesta no está garantizada pues al principio Hugo Chávez deseaba que el Banco reuniera la función de banco de desarrollo y de fondo monetario de estabilización.
7/ Forman parte cinco países andinos (Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela) y un país de América Central, Costa Rica.
8/ Carta abierta a los presidentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Venezuela. Por un Banco del Sur acorde a los derechos, necesidades, potencial y vocación democrática de los pueblos. http://www.cadtm.org/spip.php?article2721. 26 de junio de 2007. Así mismo, Segunda carta abierta a los Señores Presidentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela, en http://www.cadtm.org/spip.php?article2967, 2 de diciembre de 2007.
9/ A pesar de la opinión positiva del gobierno de Lula, la cámara de diputados y el senado brasileños, dominados por la derecha se opusieron en 2007 a la adhesión de Venezuela. El gobierno brasileño no ha abandonado la partida y la decisión será sometida de nuevo al parlamento en 2008.
10/ Los grandes bancos de los Estados Unidos y de España dominan ampliamente.
11/ Según el estudio de Mark Weisbrot y Luis Sandoval, cuyo contenido es muy favorable al gobierno de Chávez, el sector financiero privado ha conocido un crecimiento del 37,9% en 2004, del 34,6% en 2005 y del 39,2% en 2006 mientras que el sector público (incluyendo a todos los sectores) no ha conocido más que un crecimiento del 12,5% en 2004, 4,1% en 2005, 2,9% en 2006. El sector manufacturero privado y publico han conocido una tasa de crecimiento del 21,4% en 2004, del 9,5% en 2005 y del 10,4% en 2006. Ver Weisbrot, M. y Sandoval, L. (2007) La Economía Venezolana en tiempos de Chávez, Washington, Center for Economic and Policy Research, www.cepr.net.
12/ Toussaint, E. ¿El mundo al revés? En http://www.cadtm.org/spip.php?article2951&var_recherche=El%20mundo%20al%20rev%C3%A9s.
13/ El autor es miembro desde julio de la comisión de auditoria integral de la deuda pública externa e interna de Ecuador, puesta en pie en julio de 2007 por el presidente Rafael Correa y que debe entregar sus conclusiones en julio de 2008.
14/ Los ciudadanos debían emitir dos votos pues los cambios constitucionales estaban repartidos en dos partes: el bloque A y el bloque B. A fecha de 7 de diciembre de 2007, los resultados definitivos eran los siguientes: 4.404 .626 votos para el Si en el bloque A, es decir el 49,34% contra 4.521.494 votos por el No, el 50,65% (es decir menos de 120.000 votos de diferencia). En el bloque B, 4.360.014 votos por el sí (48,99%) contra 4.539.707 por el No (51 ,01%), es decir cerca de 180.000 votos de diferencia.
15/ http://www.raulbaduel.blogspot.com.

VIENTO SUR Número 97/Mayo 2008



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sábado, 5 de julio de 2008

San Fermines 78: 30 años sin justicia, 30 años de memoria militante


30 años sin justicia, 30 años de recuerdo militante de quien fue nuestro compañero de organización e ideales Germán Rodriguez "Garin". Miles de personas fueron testigos de la agresión llevada a cabo por la policía nacional en la plaza de toros pamplonica el 8 de julio de 1978.

El motivo o excusa, una pancarta que pedía la "libertad de los presos", la razón de aquella, la especial política represiva que desde el tardo franquismo y transición se venía llevando a cabo contra el movimiento obrero y popular vascos.

El resultado, el asesinato de nuestro compañero Germán Rodriguez "Garin" militante entonces de LKI (organización vasca de la IV Internacional) y anteriormente de ETA(VI)-LCR y de la organización juvenil "Iraultza Taldeak", de numerosos heridos de bala, y de la posterior muerte en la huelga solidaria desarrollada en todo Euskadi de Joseba Barandiarán.

La habitual impunidad hacia los crímenes del Estado, la rastrera política tendente a eliminar de la memoria pública cualquier vestigio como la estela o monolito que recordaba a Germán, se ha enfrentado a la voluntad de los sectores populares que han reivindicado y seguimos haciéndolo- las necesarias Verdad, Reparación y Justicia- desde 1978 hasta hoy.

El esfuerzo militante para que la memoria sobre aquellos hechos y víctimas como Germán ha hecho que se haya podido recuperar la estela, quitada por la alcaldía de pamplona- y que documentales como el de Oroitarria, piedra de toque, refuerzen el recuerdo y la lucha por mantener y transmitir el eco renovado de los ideales de aquellas generaciones de luchadores.


Vídeo que resume los hechos acontecidos en Pamplona en 1978

http://www.youtube.com/watch?v=ZEUikZ252wA&eurl=http://www.apurtu.org/

San Fermines 78 Gogoan
Convocatorias para el 8 de julio: “Ahora justicia”
13:00 Concentración y homenaje frente a la estela de Germán (av. Roncesvalles)
-- Actuación de Fermín Balentzia (cantante), Saioa Alkaiza (bertsolari) y la txaranga Jarauta 69

20:30 Salida de las peñas de la plaza de toros y pasacalles desde la estela.
Convocan: Sanfermines 78 gogoan!, las peñas de Iruñea y el Movimiento pro-amnistia de Nafarroa.



GERMAN RODRIGUEZ IRAULTZAILE ERORIA



Gaztea zen oso German Rodríguez hil zutenean. 23 urte zituen Iruñeko Orreaga etorbidean poliziek jaurtiriko bala batek heriotza eman zionean. Berak bezala, milaka gazte eta helduk aurre egin zioten zezen plazan FOP-eko agenteek egindako erasoari, lehenago Iruñeko kaleetan sarritan egin izan zuten gisan. Izan ere, 1973ko ekainean jazotako lehen greba orokorretik, nafarrek eskarmentu handia zuten horrelako borroketan. Ez zen beraz lehen aldia hildakoak zeudena –Jose Luis Cano lekuko–, baina San Fermin festen bihotzean izandako neurrigabeko errepresio hura ez zen ordura arte ezagutzen. Dena den, ez zen kasualitatea izan German polizien demasia horren biktima zuzena izatea. Arreba Conchak berari eskainitako azken agurrean garbi esan zuen: “Aspaldidanik, kontzientzia politikoa bereganatu zuenetik, borrokan ziharduelako buru belarri”.
Gazteak “hemen eta han” iraultzaren bila
Germanen belaunaldia nerabea zen Burgosko epaiketaren kontrako mobilizazioak gertatu zirenean. Gazteegiak parte hartzeko, baina aski helduak politikaren bideari ekiteko. Izan ere, hurrengo urteetan, bi euskarri izan zituzten politikara hurbiltzeko: gazteentzako mendi taldeak –Gaztedi, C.D. Navarra, Hemen eta Han...– eta ikasleen artean sortzen ari ziren batzordeak, CEN –Nafarroako Ikasleek Batzordeak– deiturikoak. Germanentzat, Iruñeko hainbat gaztek martxan jarritako Hemen eta Han mendi taldea politizaziorako lehen eskola izan zen. Horren barruan sortu ziren lehen formazio taldeak, eztabaidak eta lerrokatze politikoak.

Euskaltzaleak zirelako ETA zuten ortzemuga nagusia. Haatik, erakunde horrek 1969tik Iruñean zuen lehen langile taldeari berehala gehitu zitzaion ikasle gazte taldea, gehienbat Hemen eta Han taldean biltzen zena. Etengabeko eztabaiden garaia zen; langileria iraultzaren ardatz bilakatu nahi izateak eta askok beren burua marxistatzat jotzeak egundoko eremu ideologiko zabala ireki zuen ETAren barruan, VI. asanbladan ikusi zen bezala.

Jakina denez, marxismoa onartzearekin batera, ETArekin bat egin zutenek zer korronte eta estrategiari atxiki eztabaidatu zuten Burgosko prozesuaren osteko abagunean. Eztabaida horiek pil-pilean jarri ziren 1972ko udaberritik aurrera, mayo eta mino deitutakoen arteko desadostasunak azaleratuz. Horrela, Espainiako Estatutik kanpo zeuden buruzagi gehienak troskismora hurbildu ziren bitartean, barne aldeko ETAk beste zatiketa baten ondorioak jasan zituen.

Kinka horretan Germanek eta beste gazte batzuek ETA(VI)ren aldeko, hau da, mayoen aldeko talde bat osatu zuten. Germanekin batera, Koldo Lasak, Ramon Contrerasek, Jotajota Goñik eta beste batzuek osatu zuten erakunde horrek ikasleen artean izan zuen estreinako taldea Nafarroan. Beraiek izanen ziren, CEN-en bitartez, berrosatzen ari zen ikasle mugimenduan korronte marxista iraultzailearen sustatzaileak.

Bestalde, Germanek erakunde horren barruan gero eta ardura handiagoa eskuratu zuen, klandestinitatean zeuden beste liberatu batzuk, hala nola Jose Millan Fitero eta Jose Vicente Idoiaga Jesus edo Petto laguntzeko. Gaztea bazen ere, maila teorikoan hainbat ekarpen garrantzitsu egin zituen Garin izengoitia erabiliz, erakundearen berritze ideologikoari ekiteko asmoz.

1973az geroztik, eguneroko borrokei gero eta arreta gehiago jarri zieten sextakoek, Iruñerriko lantokietan mugimendu erreibindikatzaile indartsuagoa sumatzen hasiak baitziren. Esaterako, urte horretako urtarrilean Torfinasak egindako greba gogorra –Felipe Huarte nagusiaren bahiketarekin amaitu zena– eta ekainean Motor Iberica-ko lankideekin izandako elkartasuna. Azkeneko horrek Nafarroako langile guztiak kalera eraman zituen eta estreinako aldiz greba orokorrak Iruñerria astindu zuen bere osotasunean, baita eskualde guztietako gune industrialak ere. German eta bere burkideek diktadurarekin amaitzeko teorizatzen zuten greba orokorraren antzeko zerbait zegoen martxan. Noaingo Motor Ibericako lagunei elkartasuna adierazteko egindako mobilizazioek lehen aldiz nafar langileriaren indarra erakutsi zuen eta polizia ez zen gauza izan manifestazio eta pikete jendetsuen bidez hedatu zen greba geldiarazteko.
Lehen atxiloketa: Inor salatu baino...
ETA(VI)koak beraien teoriak –piketeen erabilpena, sindikatu bertikal frankistatik kanpo jardutea, greba orokor iraultzailearen ideia zabaltzea...– lantokietara zein kalera eramaten saiatu ziren, bai fabriketan zituzten kideen bitartez eta baita egunez egun kaleratu zituzten esku-orrien bidez ere. Horren ondorioz, hainbat tokitan, Imenasan esate baterako, eragin handia izan zuen aldarri iraultzaileak. Baina aldi berean, errepresioak zuzenean jo zien erakunde horren partaide esanguratsu askori: alde batetik Iñaki Beorlegi preso hartu zuten –Hernanira joan zen greba orokorraren berri emateko, eta hor bertan atxilotu zuten–; bestetik, German bera ere erori zen polizien eskutan, ekainaren 20ko gauez.

Germanen erorketa Juan Jose Akerreta margolariaren Iruñeko lantokiaren erabilpenak ekarri zuen. ETA sextakoek eta ustez FRAPekoek erabiltzen zuten lokala, eta azkenekoek leku hori “kantatu” ostean poliziak maleta bat aurkitu zuen bertan ETAren propagandarekin, horrela hasi ziren erakunde horren lorratzaren atzetik. Hortaz, Beorlegi eta German bide desberdinetik eraman zituzten komisaldegira. ETA(VI)ren bi zelulen buruak atzeman zituztenez, erakundea guztiz desegiteko pagotxa ederra zuten Sainzek eta polizia enparauek. Baina batak eta besteak isiltasunari eutsi zioten atxilo aldian. Iñaki Beorlegiren lankideek argi eta garbi esan zuten ez zirela lanera itzuliko bera askatu arte; horregatik, greba luza ez zedin, isuna jarri eta kalean utzi beste erremediorik ez zuten izan. Germani dagokionez, komisaldegian itaunketa luzea egin zioten; berak ez zuen ezer esan. Poliziak ederki zekien San Anton kalean harrapaturiko propaganda zein erakunderena zen eta hara bideratu zituzten galdera guztiak, arrakastarik gabe baina. Azkenean, German kartzelaratzeko FRAPeko aktibistekin nahastu behar izan zuten, “asociación ilegal” delakoan parte hartzea leporatuz.

Urtebete eta 5 hilabete luze eman zituen preso iruindarrak. 1974ko abenduan, epaitegitik igaro ostean, libre gelditu zen. Hilabete gehienak Iruñeko kartzelan egin zituen FRAPekoekin eta etengabe sartzen ari ziren beste militante askorekin: ETAkoak, GACekoak... Carabanchelgo espetxean ere izan zen hilabete pare batez; han izan zuen aukera bere erakundeko burkide askorekin egoteko. Izan ere, Madrilgo espetxeko hirugarren galerian LCR-ETA(VI)ko kide ugari zeuden orduan eta “Unibertsitate Gorria”ren antzeko zerbait zuten eraturik, IV Internazionalaren testuak jorratzeko, besteak beste.

Kaleratu ostean, Nafarroan “erreta” zegoelako, urtebete egin zuen Bizkaia aldean. Barne lanetan aritu zen hor, erakundeak oso ugari zituen agerkariak –Zutik, Inprekor, Combate, Proletario...– kaleratzen. Jardun horretan aritu zen Franco hil arte, diktadorea desagertu ondorengo egoera berriak Iruñera itzultzeko aukera eman baitzion. Ordurako, askatasun egarria aseezina zen. Amnistia lortzeko borrokez gain, eskubide demokratikoen eta nazionalen aldeko aldarriak gero eta oihartzun handiagoa zuten,
erregimenaren ordezkariek betiko makila errepresiboari eutsi zioten bitartean. Oraindik legalizaziotik at zeuden alderdiak hazi egin ziren eta militantzia sare trinkoak osatu zituzten talde guztien artean.

Bestetik, gazte erakundeak eratzeko tenorea zegoen. Izan ere, alderdi gehienak arlo politiko desberdinak lantzen hasiak ziren, eta emakumeen edo gazteen arazoez aritzeko beharra ikusi zuten. Germanen korronte politikoak, hau da, IV Internazionalak, bazuen nolabaiteko eskarmentua horretan, lehenago ere hainbat tokitan gazte taldeak sortu baitzituzten. Espainiako Estatuan aldiz gauza berria zen hori. Germanek, ikasle mugimendutik zetozen beste hainbat gazterekin “Iraultza Taldeak” sortu zituen Euskal Herrian, eta Estatuan JCR (Juventudes Comunistas Revolucionarias) deituriko taldeak egituratzen hasi ziren. Gazte politika hori aurrera eramateko, 1976ko udan Montpellierren egindako biltzarra gakoa izan zen. Hara joan behar izan zuen iruindarrak, muga ezkutuan igaroz. Biltzar horretako erabakiak beste nazioetan ezagutarazteko tokian tokiko bilerak antolatu ziren. Euskaldunek Arantzazun izan zuten berea, Francoren heriotzaren lehen urtemugan hain zuzen ere. German gazteen ordezkari joan zen eta beste guztiak bezala atxilotu egin zuten biltzarra hasi bezain laster. Iruñeko poliziak orduan baieztatu ahal izan zuen 1973ko ekainetik zekitena. Baina testuinguru politikoa arras desberdina zen jadanik. Legalizazioren ataka gainditu gabe bazuten ere, legalitatea irabazten ari ziren horrelako taldeak, eta egun batzuk polizia-etxean igaro ondoren guzti den-denak kalean geratu ziren.
Internazionalismotik auzoko iraultza txikira
Trantsizioan, Euskal Herrian amnistiaren aldeko mobilizazioek jendea kalera atera zuten behin eta berriro. Manifestazio eta grebek lantokiak, ikastetxeak eta plazak zipristindu zituzten etengabe. Amnistia orokorraren eskaera izan zen orduko lelo eta akuilu nagusia. Gainera, alderdien legalizazioa eta erreformaren oinarri izanen ziren 1977ko ekaineko hauteskundeak gero eta hurbilago zeuden.

Testuinguru berri horretan, Germanek militantzian jarraitu zuen, baina buruzagitza politikotik kanpo. Nekazal Perituen Eskolako ikasketei berriz heldu zien eta lagun batzuekin –Joakin Huarte, Patxi Erdozain, Patxi Lauzurika…– eskola horrek zituen gabeziak salatzeko eta konpontzen saiatzeko aukera izan zuen. Dena den, ikasle mugimendua apal zebilen oraindik, eta askok bezala, beste gizarte mugimenduetara jo zuen. Buru-belarri sartu zen Iruñeko Alde Zaharreko Elkartean. Auzo horretako bihotzean zegoen Kaldereria kalean ganbaratxo bat zuen aterpe. Horrela, Jaime Morras, Lidia Biurrun eta lagun berriekin, barrioak zituen gabezia eta mehatxuei aurre egiten hasi zen.

Lehen udal hauteskundeak burutu gabe zeuden arren eta Iruñeko udalbatza gero eta egoera kritikoagoan egonik ere, aparkalekuak egiteko hainbat proiektu azaldu ziren. Horietako bat Iruñeko zezen plazaren inguruan aurreikusi zen; lorategia kendu eta bertako platanondo ederrak bota nahi zituen Udalak, parking handi bat martxan jartzeko. Hori zela eta, 1978ko udaberrian gogor aritu ziren auzo elkartekoak proiektu horren aurka. Bestalde, Alde Zaharrak zituen arazoak –etxebizitzen egoera zaharkitua, eremu berdeen urritasuna, komertzioaren huste prozesua…– aztertzeko ikerketa lan talde eredugarria bultzatu zuten, eta jakina, German izan zen horren guztiaren gatza eta piperra. Haiek izanen ziren bere azken borrokak, garaiko argazkietan ikusten diren aldarrikapen eta salaketa festa erakargarri haiek.
San Fermin 1978, festan eraila
Hortik gutxira, zezen plaza horren inguruan, sekula inori bururatu zekiokeen erasoa egin zuten ordena publikoaren ustezko defendatzaileek. Ezaguna denez, “Amnistia osoa” eskatzen zuen pankarta izan zen ekintza horren aitzakia. Ez zen gauza berria horrelako eskaerek oihartzunik izatea zezen plazan; beste urtetan ere kantuen bitartez eta peñek kaleraturiko pankarten bidez, aldarriak eta protestak ugari izaten ziren. German preso zegoen urtean, adibidez, 1973ko San Ferminetan, peñetako lagunek atxilotuak askatzeko eskatu zuten harmailetan zezenketa amaitu ostean. Orduan poliziak megafoniaz mehatxatu zituen protestan zeudenak, baina kontua ez zen gehiagora iritsi. 1978an, aldiz, errepresio gosea askoz handiagoa zen. Urte horretako maiatzaren lehena istilu eta atxilotuekin amaitu zen Iruñean. Hortik egun batzuetara, eskuin-muturreko kideak eta hainbat guardia zibil Iruñeko Alde Zaharrean ibili ziren liskarrak eragiten; LKI-ko egoitza eraso zuten eta poliziak atxilotu egin zituen bertara babes bila sartu ziren 47 pertsona.

Polizia Nazionalaren burua, Fernando Avila komandantea, harrotuta zebilen Iruñera iritsiz geroztik. Berak eta Rubio komisario nagusiak agindu zuten grisen oldarra San Ferminetan, pankartaren aitzakiaz. Hasieratik suzko armak erabili zituzten zezen plazan, balen ondorioz harmailetan lehen zaurituak eraginez. Gainera, ondorengo orduetan inguruko kaleetan izandako enfrentamenduek gauzak larriagotu zituzten. German eraso horien lekuko zuzena izan zen, arratsalde horretan zezen plazan baitzen betiko lagunekin –Laura Biurrun, Jotajota Goñi, Koldo Lasa...– eta Frantziako LCRko hainbat kiderekin, Bordeleko Alain Remoiville horien artean. Poliziak plazaratu zirenean taldea sakabanatu egin zen, batzuk lagun frantsesei plazatik irteten laguntzeko, beste batzuk erasotzaileei aurre egiteko. Azkenean denak atera ziren, baina jakina, kalean borroka desorekatu hark jarraitu zuen.

Jadanik Iruñea osora hedaturik zegoen ezustekoari heriotzaren zama zetorkion. Poliziak erabilitako gehiegizko indarrak eta amorruak gogor jo zuen –hurrengo egunean, oraindik, “axolarik ez hiltzen baduzue” zioten agenteek irratien bidez–. Horrela erail zuten German. Zezen plazatik gertu, Carlos III.a etorbideak eta Orreaga kaleak bat egiten duten tokian, Germanek ikaskide eta burkide zuen Patxi Lauzurikarekin bat egin zuen. Hortik gutxira, polizia atzera zihoala zirudiela, German, Patxi eta gainerakoak pozik zeuden hori pentsatuz, baina hainbat polizia jeep batetik jaitsi eta cetmez tirokatu zuten berriro jendea. Bertan erori zen German, bala batek buruan jota. Patxi Lauzurikak lagunduta Nafarroako ospitalera eraman zuten bizkor; ez zuen gehiago konortea berreskuratu eta gau horretan bere azken arnasa eman zuen. Arreba Conchak hilerrian esandakoa erabateko egia zen. Bere korronte politikoaren leloari helduz, etengabeko iraultza, etengabeko borroka izan zuen jokabide eredugarri bezain zintzoa.

Tomado de la revista ARGIA nº 2142


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Exigimos una manifestación a nivel europeo contra la ampliación de la jornada laboral hasta las 65 h


A.A.: "Sociedad Europea, partidos y asociaciones sindicales/ European Society, parties and trade unions"

Exigimos una manifestación a nivel europeo contra la ampliación de la jornada laboral hasta las 65 horas semanales para llevar nuestra voz al Parlamento Europeo


Los ministros de Trabajo de la Unión Europea aprobaron, con la abstención de España, Hungría, Grecia, Chipre y Bélgica, ampliar la jornada laboral hasta un máximo de 65 horas semanales (esto es, entre 12 y 13 horas semanales).

La Organización Internacional del Trabajo, hace 91 años, consagró el derecho social a la jornada de 48 horas semanales. Con la nueva medida se está destruyendo de un plumazo todo aquello por lo que el movimiento obrero, desde sus inicios, ha estado luchando: 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de educación.

Con medidas anti-sociales e impopulares como esta, Europa se está alejando de la ciudadanía y sus problemas reales. No es justo que en tiempos de crisis económica sean los trabajadores, las personas de menores recursos, quienes deban pagar trabajando más, sin posibilidad de ampliar sus horas de ocio o el tiempo con sus familias.

Por otra parte, más horas de trabajo no implica un aumento de la productividad y de la competitividad económica europea. Mientras la crisis persista, los precios sigan subiendo, el petróleo se mantenga al alza y el consumo se contraiga, millones de empleos se verán amenazados doblemente, ahora también por la coacción empresarial que puede derivarse de la asunción de esta medida. Puede que para tener un contrato laboral haya que aceptar este “voluntario” ofrecimiento patronal de trabajar hasta 12 y 13 horas diarias.

Queremos que se retire esta medida, que sea rechazada en el Parlamento, que los eurodiputados piensen en los trabajadores, en sus familias, en todos los problemas que acarrearían para ellos y sus familias más horas de trabajo.

Pedimos también a todas las organizaciones políticas, sindicales y sociales a los que va dirigida esta petición que no sólo se rechace verbalmente esta medida. Queremos dar la oportunidad a todos los ciudadanos europeos de expresar su negativa al retroceso en los derechos laborales.

Todos, el mismo día, a la misma hora, toda Europa unida por fin, desde la ciudadanía, desde su base cívica, manifestémonos para exigir una Europa Social que garantice los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras.


FIRMA PARA INSTAR A LOS PARTIDOS, SINDICATOS Y ASOCIACIONES EUROPEAS A UNA MOVILIZACIÓN CONTRA ESTA MEDIDA

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We demand a demonstration on Europe against the extension of working hours to 65 hours a week, to bring our voice to the European Parliament

Labour ministers of the European Union adopted, with the abstention of Spain, Hungary, Greece, Cyprus and Belgium, extending the workday to a maximum of 65 hours per week (it is between 12 and 13 hours a day).

The International Labour Organization, 91 years ago, enshrined the social right to working 48 hours a week. With this new measure is being destroyed everything that the labour movement since its inception, has been fighting: 8 hours, 8 hours of sleep and 8 hours of education.

With this anti-social and unpopular measure, Europe is moving away from citizenship and its real problems. It is unfair that in times of economic crisis are workers, people with fewer resources, who must also pay more work, without possibility of extending their hours of leisure time with their families.

Moreover, more hours of work does not imply an increase in productivity and economic competitiveness in Europe. As the crisis persists, prices continue to rise, oil is kept to hike and consumption contract, millions of jobs will be doubly threatened, now also by coercion business that may result from taking this measure. Perhaps to have a formal contract has to accept this "voluntary" offer by employers to work until 12 and 13 hours a day.

We want to remove this measure, we want to reject it in Parliament, MEPs consider that the workers, their families, all that would cause problems for themselves and their families working longer hours.

We also call upon all political organizations, trade unions and social whom it is aimed not only that this request be rejected verbally this measure. We want to provide an opportunity for all European citizens to express their refusal to retreat in labor rights.

Everybody int the same day at the same time, all united Europe at long last, since citizenship, since its basic civic lets protest to require a Social Europe that guarantees the rights of all workers.


Signed in order to urge political parties, unions and european associations to a mobilization against this measure.


5 de Julio de 2008

( Los abajo firmantes )


FIRMAR
http://www.firmasonline.com/1Firmas/camp1.asp?C=1565

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viernes, 4 de julio de 2008

¿Qué hacer?

Ion Andoni del Amo

Insiste Juan José Ibarretxe, con convicción y de forma incluso entusiasta, acerca de la trascendencia del momento político. Es la primera vez en la historia, afirma, que la sociedad vasca, aún en los ámbitos limitados de Araba, Guipúzcoa y Bizkaia, vamos a ser consultados. “El propio debate, se sustancia como se sustancie, marcará un antes y un después”, sentencia, y concluye convencido que “se ha abierto la puerta del derecho a decidir del pueblo vasco y esa puerta ya no se va a volver a cerrar”.

Probablemente tenga razón. Desde luego, no se le puede negar a Ibarretxe, además de entusiasmo y convicción, una loable capacidad de iniciativa y riesgo político. Sin embargo, la iniciativa de consulta parece acumular en torno a ella más dudas y recelos que entusiasmos. Desde muchos sectores soberanistas se mira a la propuesta de Ibarretxe como las vacas al tren. Este contexto de problemas candentes (...) plantea una cuestión de resonancia histórica: ¿Qué hacer?. Más allá del propio pleno del 27 y sus circunstancias posteriores, como estrategia a medio plazo.

Para empezar, hemos de coincidir con Ibarretxe en la trascendencia del momento político. No por la propuesta de consulta en sí, que también, sino porque vivimos un contexto de transición determinado por el agotamiento del marco estatutario y la amplitud y difusión social del debate en torno al derecho a decidir. El propio Ibarretxe enmarca su propuesta en ese debate de fondo. Este marco de transición nos retrotrae al menos diez años atrás; precisamente, su dilatada duración es una de sus características y fuente de incertidumbre. Y es que acontece que las estrategias que han sido capaces de generar este contexto de transición política parecen incapaces de alumbrar un nuevo escenario. Tanto la estrategia de lucha armada y negociación con el Estado, como la de acomodación autonomista (en el fondo complementaria de la anterior, pues su fuerza depende de la capacidad de desactivarla) tropiezan con su dependencia de la voluntad negociadora de un Estado que ha amortizado a su favor los efectos de la lucha armada y que se encuentra cómodo en una situación de impasse que a quien más desgasta es a las fuerzas soberanistas, atrapadas en un bloqueo estratégico. En este contexto, Ibarretxe intenta otra cosa.

Pues bien, a la hora de evaluar esa ‘otra cosa’ conviene, por claridad analítica, distinguir entre el contenido formal de la propuesta y su contexto político, porque esta dicotomía es la que explica en gran medida la valoración y actitud ambivalente ante la misma. Así, en cuanto a contenido formal, la propuesta de consulta se sitúa en el marco de la vía civil a la soberanía. Esta estrategia se basa en la consolidación de mayorías sociales y políticas soberanistas en las instituciones autonómicas, para desbordarlas y convertirlas en instituciones soberanas. Puesto que la nación es, ante todo, una definición social y su eficacia no deriva de su veracidad histórica o científica, sino del éxito de su difusión en el medio social, se trata de expresar la amplitud de la difusión de la idea nacional vasca y su derecho a decidir. Al debate en torno a la soberanía y la capacidad de decisión se responde con la posibilidad de una consulta en la que la propia sociedad vasca se auto-constituye en sujeto político. La cuestión de la soberanía se transforma en una cuestión de respeto democrático a la voluntad popular. Además, se trata de una estrategia más endógena, al depender más de la propia acumulación de fuerzas y menos de la disposición negociadora del Estado. Ibarretxe lleva años intentando esta vía, pero no sólo él, también EH fue un buen exponente o el propio sindicalismo abertzale. Sin embargo, aparece en todos los ámbitos mezclada con otras estrategias, lo que dificulta su viabilidad. La propuesta de consulta de Ibarretxe es su plasmación más lograda hasta el momento. Más allá del contenido de las preguntas, el propio hecho de la consulta, en efecto, es ya histórico y constituye un acto de soberanía; de ahí la reacción del nacionalismo español en sus versiones amable y ultra.

No se puede acusar a la propuesta de Ibarretxe de despreocupación por la teoría. Antes bien, lo contrario. Y es que las dudas que genera la propuesta provienen básicamente del otro aspecto considerado, su contexto político. Ibarretxe parece haber forzado la inclusión de su hoja de ruta en la ponencia política de su partido, provocando con ello la salida de Josu Jon Imaz. Pero la dirección de su partido la asume a duras penas y, además, se le nota. Intentar una vía civil a la soberanía requiere confrontar democráticamente con el Estado, incluso mediante la desobediencia civil. Requiere, por tanto, una acumulación de fuerzas soberanistas que garantice su viabilidad, algo con lo que Ibarretxe no parece contar. El Lehendakari no despeja las dudas ante una eventual prohibición de la consulta por el Tribunal Constitucional español, y Urkullu las despeja en el sentido contrario, de obediencia. Si Ibarretxe ha utilizado a menudo la metáfora del paso del buey, su partido aparece como una piedra de arrastre demasiado pesada, hasta el punto de que los dos partidos menores del tripartito aparecen a veces como su mayor apoyo. Pero las dudas afectan también al propio Lehendakari, que ha empleado contra las consultas sobre el TAV los mismos argumentos que ahora otros utilizan contra su propuesta. Y que no ha buscado una acumulación efectiva de fuerzas más allá del tripartito, no ya con la izquierda abertzale, sino con un elemento tan importante como el sindicalismo abertzale, al que aporrea con chiringuitos neoliberales como ese supuesto Tribunal de la Competencia.

Las dudas, por tanto, no refieren tanto al camino propuesto, como al conductor, a la solvencia del PNV para llevarlo a cabo, de lo que quedan pocas dudas, pero en sentido contrario. Ahora bien, esto no supone desechar la propuesta de consulta, sino todo lo contrario. La aprobación en el parlamento de Gasteiz permite dos retratos ilustrativos: el de la nula calidad democrática del Estado y el de la incapacidad del PNV para liderar una confrontación democrática con el mismo. Es cierto, sin duda, que en tales circunstancias, ante un pliegue del PNV, la consulta puede devenir en un elemento de frustración y desmovilización del soberanismo, al confrontarlo a sus límites y terminar en un proceso neoautonomista. Pero también abre importantes estructuras de oportunidad política para avanzar, si somos capaces de desbordar el conservadurismo de la dirección del PNV en un movimiento a favor de la desobediencia civil. Algo que quizás puede hacerse con Ibarretxe, pero no de su mano, pues ya ha demostrado que no busca acumulaciones más allá de organizaciones coristas y que no puede ir más allá de forzar hasta el límite el margen de movimiento que le deja el PNV, lo cual no es suficiente. Desbordar al PNV requiere aglutinar esa masa soberanista a su izquierda, actualmente caracterizada por la dispersión, disgregación y vacilación, que defienda la confrontación democrática, la participación y la consulta en todos los ámbitos. Articular un contrapeso soberanista a su izquierda, político y electoral, sin dependencias, que actúe como motor soberanista y de izquierda.

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España un pais exportador de la muerte

Existen discursos a los que los dirigentes políticos y actuales gobernantes prestan oídos sordos, pero si estos prender en la conciencia de la sociedad civil, no les quedara más remedio que acatarlos. No a la guerra, no a la ocupación de países soberanos y no a la exportación de armas. Reconversión ya de la industria militar. Marce.


DISCURSO PRONUNCIADO POR GERVASIO SÁNCHEZ (PERIODISTA Y FOTÓGRAFO) DURANTE LA ENTREGA DE LOS PREMIOS ORTEGA Y GASSET EL PASADO 7 DE MAYO.

"... Es verdad que me siento escandalizado cada vez que me topo con armas españolas en los olvidados campos de batalla del tercer mundo y que me avergüenzo de mis representantes políticos..."


En el acto estaban presentes la Vicepresidente del Gobierno, varias ministras y ministros, exministros del partido popular, la presidenta de la Comunidad de Madrid, el excalde de Madrid, el presidente del Senado y Centenares de personas...

Estimados miembros del jurado, señoras y señores:

Es para mí un gran honor recibir el Premio Ortega y Gasset de Fotografía convocado por El País, diario donde publiqué mis fotos iniciáticas de América Latina en la década de los ochenta y mis mejores trabajos realizados en diferentes conflictos del mundo durante la década de los noventa, muy especialmente las fotografías que tomé durante el cerco de Sarajevo.
….
Quiero dar las gracias a los responsables de Heraldo de Aragón, del Magazine de La Vanguardia y la Cadena Ser por respetar siempre mi trabajo como periodista y permitir que los protagonistas de mis historias, tantas veces seres humanos extraviados en los desaguaderos de la historia, tengan un espacio donde llorar y gritar.

No quiero olvidar a las organizaciones humanitarias Intermon Oxfam, Manos Unidas y Médicos Sin Fronteras, la compañía DKV SEGUROS y a mi editor Leopoldo Blume por apoyarme sin fisuras en los últimos doce años y permitir que el proyecto Vidas Minadas al que pertenece la fotografía premiada tenga vida propia y un largo recorrido que puede durar décadas.

Señoras y señores, aunque sólo tengo un hijo natural, Diego Sánchez, puedo decir que como Martín Luther King, el gran soñador afroamericano asesinado hace 40 años, también tengo otros cuatro hijos víctimas de las minas antipersonas: la mozambiqueña Sofía Elface Fumo, a la que ustedes han conocido junto a su hija Alia en la imagen premiada, que concentra todo el dolor de las víctimas, pero también la belleza de la vida y, sobre todo, la incansable lucha por la supervivencia y la dignidad de las víctimas, el camboyano Sokheurm Man, el bosnio Adis Smajic y la pequeña colombiana Mónica Paola Ojeda, que se quedó ciega tras ser víctima de una explosión a los ocho años.

Sí, son mis cuatro hijos adoptivos a los que he visto al borde de la muerte, he visto llorar, gritar de dolor, crecer, enamorarse, tener hijos, llegar a la universidad. Les aseguro que no hay nada más bello en el mundo que ver a una víctima de la guerra perseguir la felicidad.

Es verdad que la guerra funde nuestras mentes y nos roba los sueños, como se dice en la película Cuentos de la luna pálida de Kenji Mizoguchi.
Es verdad que las armas que circulan por los campos de batalla suelen fabricarse en países desarrollados como el nuestro, que fue un gran exportador de minas en el pasado y que hoy dedica muy poco esfuerzo a la ayuda a las víctimas de la minas y al desminado.

Es verdad que todos los gobiernos españoles desde el inicio de la transición encabezados por los presidentes Adolfo Suarez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero permitieron y permiten las ventas de armas españolas a países con conflictos internos o guerras abiertas.

Es verdad que en la anterior legislatura se ha duplicado la venta de armas españolas al mismo tiempo que el presidente incidía en su mensaje contra la guerra y que hoy fabriquemos cuatro tipos distintos de bombas de racimo cuyo comportamiento en el terreno es similar al de las minas antipersonas.

Es verdad que me siento escandalizado cada vez que me topo con armas españolas en los olvidados campos de batalla del tercer mundo y que me avergüenzo de mis representantes políticos.

Pero como Martin Luther King me quiero negar a creer que el banco de la justicia está en quiebra, y como él, yo también tengo un sueño: que, por fin, un presidente de un gobierno español tenga las agallas suficientes para poner fin al silencioso mercadeo de armas que convierte a nuestro país, nos guste o no, en un exportador de la muerte.

Muchas gracias.

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NaBai..... ala ez

Desde este blogs queremos recoger las reflexiones más interesantes sobre la situación y evolución de las izquierdas en Euskal Herria, aquí tenemos una ellas publicada en GARA

Iosu Gulina del Pueyo Fundador y ex militante de Aralar

No cabe hoy una actuación política honesta y coherente de izquierdas o democrática legitimando una de las mayores barbaridades democráticas, cometida precisamente por el PSOE-PSN


Hace unos años surgía NaBai, la plataforma electoral. Se presentaba como alternativa de cambio, coincidiendo con la Ley de Partidos y el endurecimiento de las políticas represivas e ilegalizaciones de los movimientos, organizaciones y plataformas electorales de la izquierda de Euskal Herria. Hoy tenemos bagaje suficiente para analizar y valorar esta coalición y su potencialidad como alternativa e instrumento de cambio social.

Para valorar si una fuerza política es o no alternativa de gobierno y/o cambio es necesario analizar, en primer lugar, cuál es su razón de ser, su contenido y proyecto ideológico y político. En segundo lugar qué proponen y pretenden para la sociedad, qué aportan de nuevo, diferente o encontrado con el Gobierno actual y, finalmente, los medios y políticas de alianzas que proponen.

En cuanto al primer punto, la composición de NaBai hace imposible una definición de carácter ideológico o estratégico. Es obvia la dificultad de lograr una identidad entre los dos grupos de la derecha y el centro nacionalista (PNV-EA), un grupo que se autodefine como de izquierdas y abertzale -en palabras de su coordinador general y actuaciones se puede considerar de centro izquierda- (Aralar) un grupito residual, navarro, español y con «sensibilidad vasquista» con más afán de protagonismo que arraigo social (Batzarre) y finalmente la aportación de un número de «independientes», palabra cuyo contenido ideológico-político es imposible de definir.

En lo que al segundo punto se refiere, y dado que debe ser consecuencia del nivel de definición ideológica, su oferta debe limitarse a los aspectos superficiales que conforman su denominador común. Así, mientras en lo referente al euskera y temas culturales parece posible cierto grado de cohesión, en temas de carácter local, urbanismo... dependerá del lugar donde se plantee y de la correlación de fuerzas entre ellos. En temas de carácter estratégico en Euskal Herria, como educación, sanidad, infraestructuras, política medioambiental y sostenibilidad..., como ocurre con el TAV, tendrán que callar, porque sus planteamientos llegan a ser encontrados. Habrá finalmente otros temas puntuales en los que ocurrirá como en el caso de la Ley del Aborto en el Congreso, donde Uxue Barcos se tendrá que seguir absteniendo, aunque no lo haga en lo referente a solidarizarse con las fuerzas de «orden público» del Estado español.

En cuanto al tercer aspecto, relativo a los medios y políticas de alianza, la práctica de estos años y lo aportado en su congreso muestran dos líneas de actuación: por una parte la apuesta exclusiva por las vías institucionales en detrimento de los movimientos sociales y por otra una política de alianzas que da la espalda al mayor grupo político de izquierdas, hoy ilegalizado con su consentimiento, y apuestan por un partido español y profundamente antivasco, con una práctica corrupta y de derechas como el PSN, otorgándole el carácter de fuerza de progreso y cambio social.

A la luz de estos ejes, la valoración de NaBai no deja lugar a dudas: ni ha sido, ni es, ni podrá ser en su actual configuración una alternativa real de cambio y transformación social, aunque -cosa muy diferente- en la medida en que vayan renunciando a las pocas notas de identidad logradas en torno a su posición nacional y se acerquen a los postulados de un centro progresista en lo social, es decir, en la medida en que se configuren como mera alternativa de gestión de gobierno, sí que podrían llegar a conformar una opción de gobierno junto con el PSN.

Por lo reflejado en prensa, la asamblea de NaBai se ha centrado en temas organizativos y de orden interno, sin aportar balance ni análisis político del recorrido realizado ni hacer una propuesta política de futuro para Nafarroa (de Euskal Herria ya hace tiempo que no hablan). Salvo la propuesta de Batzarre de minimizar aún más el contenido ideológico y alejarse del contenido nacionalista, la asamblea ha sido una «puesta a punto» organizativa para limar diferencias y contradicciones, en la que mientras Aralar apostaba por temas organizativos y por «elaborar una alternativa programática creíble», el PNV se centraba en la necesidad de atar bien atado el funcionamiento interno, para «resolver los problemas de encaje que han surgido»,y EA seguía con su guerra particular por su concepto de paz y la condena de la vulneración de los derechos humanos.

Nafarroa, como el resto de Euskal Herria, tiene en primer lugar el reto político de lograr un marco democrático donde, como hace años sabía predicar muy bien Aralar, quepan todos los proyectos, todas las ideas, todas las personas. No cabe hoy una actuación política honesta y coherente de izquierdas o democrática sin comprometerse con este primer objetivo básico, y legitimando una de las mayores barbaridades democráticas, cometida precisamente por el PSOE-PSN.

Desde esta primera premisa que marca el listón de la dignidad democrática, el trabajo para la transformación y el cambio social pasa por articular una política de alianzas entre todas las fuerzas de izquierda en base a potenciar los movimientos sociales y sindicales, y generar la fuerza que atraiga a otros sectores progresistas como algunos de los que hoy configuran NaBai, que si bien pueden ser aliados de cambio en determinados momentos y temas, la historia y la razón dejan claro que jamás han sido motor de transformación y cambio social. Este es el camino, y en él esperamos encontrarnos con todas las personas de izquierdas y abertzales que sin lugar a dudas hay entre los militantes de base y votantes de NaBai.


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La salud laboral en el Gobierno vasco sólo es propaganda


El problema de la salud laboral como muy bien nos recuerda habitualmente nuestro compañero de STEE-EILAS Ruben Belandia es hoy en día una de las manifestaciones más sangrantes del deterioro de las condiciones laborales y de vida de toda la clase asalariada y las cifras de muertes, accidentes y enfermedades del trabajo son su cuantificación más objetiva.
Pues bien, en este aspecto el propagandístico Gobierno Tripartito del PNV, EA y Ezker Batua, como demuestra el artículo de ELA que adjuntamos a continuación, también suspenden. Muy a pesar de los elogios en que se deshacen algunos sindicalistas y dirigentes de Ezker Batua sobre los acuerdos alcanzados por el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales dirigido por Javier Madrazo con los sindicatos y la patronal, la realidad que soportamos tanto los que trabajan para la administración como para la empresa privada es muy diferente. Algunos nos preguntamos donde esta el progresismo del Tripartito o el giro a la izquierda del que habla Ezker Batua. ¿Con quien esta Ezker Batua con el Gobierno o con los trabajadores y sus sindicatos? Mas allá de la propaganda, la pregunta se responde sola. Marce

Janire Domínguez E Izaskun Gana - DEIA

HEMOS oído en muchas ocasiones a los máximos responsables del Gobierno vasco y del Departamento de Justicia y Empleo mostrar su preocupación por la salud laboral. Nos dicen que es una prioridad. Nada más lejos de la realidad. Sólo es propaganda. Alguien puede pensar: ya están aquí los de ELA con su cantinela de siempre. Pero antes de decir esto, lean con atención y juzguen por sí mismos.

El Departamento de Justicia y Empleo del Gobierno vasco es el máximo responsable en la vigilancia de la salud. Esto conlleva velar por el incumplimiento de las leyes en todos los centros de trabajo, incluidos los propios del Gobierno vasco. A menudo nos hemos visto obligados a criticar sus actuaciones en esta materia: que le dedican poco presupuesto; que apenas hay inspectores (uno por cada 15.000 trabajadores, mientras en Europa hay uno por cada 5.000) ; que se realizan pocas inspecciones (en el sector industrial sólo un 12% de las empresas seleccionadas, y en la construcción únicamente un 30%); y que son de baja calidad... Todo esto es así, y lo sustentamos en los datos que ellos mismos nos proporcionan. Pero, sin duda, uno de los elementos que mejor definen el nivel de preocupación que tienen, es lo que hacen en su propia casa.

Y ¿qué hace el Departamento de Justicia en materia de salud laboral, con respecto a sus trabajadores y trabajadoras? Nada. La lista de incumplimientos es interminable: no se han realizado las evaluaciones de riesgo de los distintos centros; no se hace vigilancia de la salud; el derecho a la información y a obtener documentación no se respeta; el comité de seguridad y salud es inoperante porque según las agendas de algunos es imposible reunirse trimestralmente; los planes de emergencia no se han puesto en práctica nunca; los trabajadores y trabajadoras no han recibido formación alguna en materia de seguridad y salud; no existe un servicio de prevención propio...

Los y las trabajadoras de Justicia nos encontramos con chorros de aire acondicionado que inciden directamente sobre puestos de trabajo, lo que provoca lesiones y enfermedades. Se dan temperaturas inadecuadas, corrientes de aire, malos olores, iluminación inadecuada y deficiente limpieza de los terminales y conductos de aire.

No existen planes de autoprotección, lo que conlleva falta de seguridad ante cualquier ataque. No se han realizado simulacros ni existen medidas para casos de emergencia. Y si un día ocurriera una desgracia, las puertas de emergencia o no existen o están cerradas. Por cierto, ¿recuerdan un anuncio de televisión y radio en el que se insistía en que las puertas de emergencia tenían que estar siempre abiertas y despejadas? Lo pagó este departamento.

No existen medidas de protección de la maternidad. Ni se forma a los y las trabajadoras en materias como ergonomía. Tampoco existe nada con respecto al acoso laboral o el mobbing. En ámbitos como el Instituto Anatómico Forense, donde se usan y almacenan litros de sustancias tóxicas y altamente inflamables, la prevención es totalmente inadecuada. Además, el sistema de eliminación de gases potencialmente peligrosos no funciona adecuadamente y las máquinas de rayos X no cuentan con dosímetros para avisar de niveles de radiación peligrosas.

Todas éstas son infracciones en materia de prevención de riesgos laborales consideradas graves por el Real Decreto legislativo 57/2000 en el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Esto es lo que el departamento obliga al resto de empresas a cumplir y, si no lo hacen, les sanciona.

Desde ELA llevamos un año realizando un trabajo específico en esta materia. Hemos revisado cada puesto de trabajo en los palacios de Justicia de la CAPV. Hemos trasladado nuestras conclusiones al departamento y hemos constatado la nula voluntad política del Departamento de Justicia del Gobierno vasco de aplicar la ley de prevención de riesgos laborales.

En el año 2006 denunciamos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social los incumplimientos del departamento en los palacios de Justicia. Los requerimientos realizados por los inspectores de trabajo fueron incumplidos por el Gobierno vasco.

Posteriormente solicitamos a Osalan interviniera para que, a la vista de los incumplimientos, impusiera al Gobierno medidas correctoras. Todo esto se recoge en un procedimiento creado por el propio Gobierno vasco y que tiene como objeto castigar a las Administraciones públicas que no cumplan en materia de prevención de riesgos laborales. La respuesta fue sorprendente: han publicado un decreto por el que se crea una entidad para que vigile la salud en las Administraciones, pero no hay ni presupuesto ni personal para llevarlo a cabo. La gravedad de lo que ocurre y la falta de respuestas nos han llevado a denunciarlo públicamente.

En conclusión y con respecto a lo que el departamento debe hacer hacia dentro, nos encontramos con que quien debe garantizar el cumplimiento de la ley se debe autoinspeccionar y en consecuencia autosancionar.

Y, por otro lado, en relación a lo que como máxima autoridad debe hacer cumplir a las empresas, ¿qué mensaje les envía cuando él mismo es incapaz de garantizar la seguridad en sus propios puestos de trabajo? ¿Qué clase de ejemplo dan? No tenemos ninguna duda de que el modo en el que se toman la salud laboral de puertas adentro es el modo en el que lo hacen hacia fuera. Queda claro que no es una prioridad, es sólo gesto. Esto explica, a nuestro entender, la tranquilidad e impunidad que siente en esta materia la clase empresarial. Saben que todo es propaganda.

* Responsables de ELA en Salud Laboral y sector de Justicia.

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jueves, 3 de julio de 2008

Europa, marcha atrás - La Directiva de la verguenza

Aquí publicamos una valoración del compañero Oscar Arenas aparecida en DEIA sobre la aprobación de la reciente Directiva europea sobre los inmigrantes.

Oscar Arenas * CITE-CC.OO. Euskadi

CORREN tiempos de retroceso en Europa. Los miembros de la Unión parecen querer olvidar un pasado en el que algunos fueron pioneros en eso que se dio en llamar Estado social y democrático de derecho. El giro a la derecha no es ya algo de lo que alerten sólo las vanguardias de izquierda. En una realidad bien visible. De hecho, las sombras voluntariamente extendidas por las instituciones europeas difícilmente tapan los desmanes neoliberales que desfilan por nuestros periódicos y pantallas, como un lazo que se estrecha alrededor del cuello.

No hace falta rebuscar demasiado para encontrar ejemplos. Sin ir más lejos, en esas mismas instancias europeas se habla ya sin complejos y sin vergüenza (porque no la hay) de la ampliación de la jornada a 65 horas. Quizá nos hayamos perdido en algún tipo de pliegue en el espacio-tiempo, pero en un par de días hemos pasado de hablar de 35 horas a 65. Y esa diferencia en las cifras no es sólo una simple resta, es sobre todo la plasmación de la desviación asquerosamente neoliberal de esa gran Europa de la que formamos parte.

Y en este mismo contexto se inscribe la recién aprobada Directiva de retorno o Directiva de la vergüenza, nombre con el que se va extendiendo y que parece más acorde con su contenido. Para empezar, un dato curioso sobre la directiva: dedica casi el mismo espacio a justificar su necesidad y corrección jurídica, apelando a lo posible y a lo imposible, que lo que ocupan las disposiciones en sí. Casi como si los redactores quisieran armarse de ¿razones? ¿defensas pseudo-jurídicas? para lavar la mala conciencia que les genera el texto. Son, eso sí, argumentaciones endebles. Tanto como para que desde distintas instancias se ponga ya en cuestión la constitucionalidad de la directiva y se señale que posiblemente su contenido sea contrario a tratados internacionales (como el propio convenio europeo en materia de derechos humanos) firmados anteriormente por el Estado español. La directiva es la expresión formal y nada simbólica de esa voluntad de cierre de fronteras que manda en las instituciones europeas. Cierre relativo, puesto que como veremos, ni las grandes líneas políticas de la Unión en materia de inmigración ni la propia directiva están exentas de contradicciones.

El escasísimo texto dispositivo de la directiva establece principalmente cuatro puntos: a partir de ahora el tiempo máximo de retención en los centros de internamiento alcanza los 18 meses, durante el mismo la tutela judicial efectiva no existe, cualquier orden de expulsión dictada por un Estado miembro conlleva la prohibición de entrada en territorio de cualquier otro estado miembro por 5 años y los menores de edad no acompañados quedan en peor situación de la que ya estaban al ser separados de las personas no familiares con las que se encuentren.

Y así de anchos se quedaron nuestros representantes en el Parlamento Europeo. Las disposiciones aludidas no necesitan más comentarios ni explicaciones. La enormidad de lo que supone se puede sintetizar tanto como lo han querido hacer quienes redactaron (y aprobaron) el texto. El descrédito ético o moral de nuestras instituciones está servido y de nada vale ya argumentar a favor o en contra de estos tres simples, llanos e imperativos mandatos que la directiva establece para los Estados miembros.

Otras voces se centrarán de manera más profusa en esas disposiciones. Nosotros no, pero sí que nos gustaría comentar otro par de puntos que empequeñecidos por lo anterior, quizá pasemos por alto. Los redactores tuvieron la desvergüenza o la arrogancia de retratar perfectamente esta Unión Europea que estamos construyendo. Porque junto con las monstruosidades comentadas incluyeron dos pequeñas perlas más.

Por un lado, según el artículo 16.a de la directiva, el Estado que lleve a cabo la expulsión de una persona decretada por otro Estado miembro podrá solicitar a este último que le abone los gastos que le haya supuesto. El mismo texto que se olvida de los derechos fundamentales y de las garantías más básicas que operan a favor de las personas sí que se acuerda, sin embargo, de recordarle por ejemplo a Francia que le puede pedir a España que le pague los 2.000 euros que le ha costado mandar a alguien que tenía una orden de expulsión en España, a Ecuador, que para eso es su país. Qué valor. Qué vergüenza. Qué vulgares usureros.

Y más envalentonados aún, le recuerdan a los Estados miembros que si los centros de internamiento no tuvieran suficientes plazas y usan centros penitenciarios en su defecto, deben separar a las personas objeto de internamiento de la población reclusa. Y lo peor es que está redactado como si se tratase de una garantía tremenda que supusiera un gran paso en materia de derechos. En realidad no supone más que la constatación de un hecho: los centros de internamiento, los llamen como los llamen, no son diferentes de los centros penitenciarios. Es decir, aquí encontramos la imagen más expresiva, la mejor fotografía, de lo que es la política de inmigración para la Unión Europea: la definitiva criminalización de la inmigración irregular. Persona sin papeles=delincuente. Esto, en tiempos de Franco, habría sido más ambicioso incluso que la Ley de vagos y maleantes. Por una vez la Unión se ha quitado la máscara y casi llama a las cosas por su nombre.


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Globalización - La historia de las cosas

A veces navegando por Internet te encuentras cosas muy interesantes. En esta dirección:
http://brunoat.com/globalizacion/la-historia-de-las-cosas/
podéis encontrar un vídeo de 20 minutos muy pedagógico, sobre el modo de producción capitalista actual globalizado y sus nefastas consecuencias para el planeta y la humanidad. Nos alerta de las consecuencias del circulo consumista en que estamos inmersos y apunta hacia un cambio de rumbo en el modo de producción y en la conciencia de nuestro modo de vida. Espero que funcione el enlace y que os guste el contenido...

Aprovecho para añadir un artículo de Carlos Taibo sobre el petroleo y el crecimiento, que espero que nos haga pensar...



Petróleo, consumo, crecimiento
01.07.2008 -
CARLOS TAIBO PROFESOR DE CIENCIA POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Y COLABORADOR DE BAKEAZ

JESÚS FERRERO

Frente a la reunión planetaria de los grandes del sector del petróleo que tiene Madrid por escenario, son muchos los grupos que han decidido articular, a manera de respuesta, un encuentro alternativo. Creo que no me equivoco si afirmo que ese encuentro pretende llamar la atención, ante todo, sobre dos circunstancias: si la primera es el relieve que corresponde a genuinas guerras de rapiña orientadas a garantizar el control sobre recursos energéticos preciosos, la segunda subraya la condición irracional, y la insostenibilidad, de un modelo económico cual es el que se ha asentado al calor de la globalización en curso.

No hay mejor ejemplo del relieve de la primera de esas circunstancias que el que ofrece, claro, la intervención norteamericana en Irak. Aunque sería poco afortunado que explicásemos ésta en exclusiva sobre la base de la codicia energética de la Casa Blanca, se antoja difícil rebajar el peso de esta última. Tan es así que una vez más hay que recordar que cuando hablamos del fiasco militar estadounidense en Irak estamos dando cuenta de algo que, incuestionable, bien puede hacer que cerremos los ojos ante un hecho importante: las grandes transnacionales norteamericanas del sector militar, de la construcción civil y, cómo no, de la energía están obteniendo, sin embargo, pingües beneficios en ese atribulado país. Por detrás no hay sino una regla bien conocida en el magma de la globalización: mientras los beneficios se privatizan, las pérdidas, en cambio, se socializan.

Mayor interés tiene, sin embargo, la segunda de las circunstancias invocadas. Frente a lo que pudiera parecer, el hecho de que nos veamos en la obligación de afirmar que la economía del petróleo es la economía del crecimiento empieza a ser una fuente de descrédito para ambas. Y es que hoy sobran los datos que invitan a concluir que el idolatrado crecimiento económico no es esa fuente de bienestar que tantas veces se nos ha relatado. Ya sabemos que se traduce en agresiones medioambientales a menudo irreversibles, que provoca el progresivo agotamiento de recursos que no van a estar a disposición de las generaciones venideras y que, más allá de todo lo anterior, permite el asentamiento de un modo de vida esclavo que nos hace pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más consigamos consumir. Por momentos se hace evidente que, en un planeta lastrado por el cambio climático, por el engrosamiento sin control de la huella ecológica y por el encarecimiento de las materias primas energéticas, tenemos que empezar a pensar, al menos en los países ricos, en reducir drásticamente nuestros niveles de consumo y en articular, por la vía del decrecimiento, otro tipo de organización de las sociedades humanas.

Aunque lo anterior empieza a ser cada vez más claro para cada vez más gentes, llamativo resulta que el Gobierno español -sobre el papel tan avisado en lo que a estas cuestiones se refiere- porfíe en mantener las reglas del juego de un capitalismo depredador e inconsciente. Porque ninguna señal permite barruntar que se ha percatado de lo que tenemos entre manos o, en su defecto, que demuestra alguna voluntad de ruptura con respecto a connotados intereses empresariales. Ahí están, para certificarlo, su enloquecida apuesta en provecho de faraónicas infraestructuras que dentro de pocos años se hará evidente que son insostenibles, su designio de subvencionar con recursos públicos la adquisición de automóviles -en vez de estimular la progresiva retirada de éstos- o el increíble empeño en reactivar un sector, el de la construcción, que es la fuente de muchos de los males que acosan a una economía, la española, en la que, según una estimación, hay un millón de viviendas sin vender. Todos estos menesteres guardan, por cierto, estrechísima relación con un bien, el petróleo, que inevitablemente será más caro y más escaso. Pena es que, para cerrar el círculo, si uno escarba en lo que se escucha o se escribe en los cenáculos mediáticos, los únicos análisis serios sobre la crisis que se nos viene encima son los que formulan quienes defienden a capa y espada una energía, la nuclear, que -el uranio en proceso de agotamiento, los costes disparados, los efectos negativos sobre el cambio climático palpables y los residuos sin posibilidad de tratamiento- es pan para hoy y hambre para mañana.

Aunque esto pueda parecer hoy un argumento prescindible, tengo la certeza de que en muy poco tiempo se impondrá entre nosotros una discusión cada vez más seria sobre las presuntas bondades del consumo y del crecimiento, y sobre las presuntas capacidades del mercado para encarar lo que tenemos entre manos. No faltan al respecto, por cierto, los estudiosos que sugieren que sólo una buena recesión permitirá que espabilemos y hará que salte a la vista que quienes argumentamos como acabo de hacerlo no somos, por desgracia, catastrofistas: nos limitamos a señalar la catástrofe a la que nos conducen quienes prefieren no mirar más allá de lo que está llamado a ocurrir en unos pocos meses.


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