La salud laboral en el Gobierno vasco sólo es propaganda

El problema de la salud laboral como muy bien nos recuerda habitualmente nuestro compañero de STEE-EILAS Ruben Belandia es hoy en día una de las manifestaciones más sangrantes del deterioro de las condiciones laborales y de vida de toda la clase asalariada y las cifras de muertes, accidentes y enfermedades del trabajo son su cuantificación más objetiva.
Pues bien, en este aspecto el propagandístico Gobierno Tripartito del PNV, EA y Ezker Batua, como demuestra el artículo de ELA que adjuntamos a continuación, también suspenden. Muy a pesar de los elogios en que se deshacen algunos sindicalistas y dirigentes de Ezker Batua sobre los acuerdos alcanzados por el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales dirigido por Javier Madrazo con los sindicatos y la patronal, la realidad que soportamos tanto los que trabajan para la administración como para la empresa privada es muy diferente. Algunos nos preguntamos donde esta el progresismo del Tripartito o el giro a la izquierda del que habla Ezker Batua. ¿Con quien esta Ezker Batua con el Gobierno o con los trabajadores y sus sindicatos? Mas allá de la propaganda, la pregunta se responde sola. Marce

Janire Domínguez E Izaskun Gana - DEIA

HEMOS oído en muchas ocasiones a los máximos responsables del Gobierno vasco y del Departamento de Justicia y Empleo mostrar su preocupación por la salud laboral. Nos dicen que es una prioridad. Nada más lejos de la realidad. Sólo es propaganda. Alguien puede pensar: ya están aquí los de ELA con su cantinela de siempre. Pero antes de decir esto, lean con atención y juzguen por sí mismos.

El Departamento de Justicia y Empleo del Gobierno vasco es el máximo responsable en la vigilancia de la salud. Esto conlleva velar por el incumplimiento de las leyes en todos los centros de trabajo, incluidos los propios del Gobierno vasco. A menudo nos hemos visto obligados a criticar sus actuaciones en esta materia: que le dedican poco presupuesto; que apenas hay inspectores (uno por cada 15.000 trabajadores, mientras en Europa hay uno por cada 5.000) ; que se realizan pocas inspecciones (en el sector industrial sólo un 12% de las empresas seleccionadas, y en la construcción únicamente un 30%); y que son de baja calidad... Todo esto es así, y lo sustentamos en los datos que ellos mismos nos proporcionan. Pero, sin duda, uno de los elementos que mejor definen el nivel de preocupación que tienen, es lo que hacen en su propia casa.

Y ¿qué hace el Departamento de Justicia en materia de salud laboral, con respecto a sus trabajadores y trabajadoras? Nada. La lista de incumplimientos es interminable: no se han realizado las evaluaciones de riesgo de los distintos centros; no se hace vigilancia de la salud; el derecho a la información y a obtener documentación no se respeta; el comité de seguridad y salud es inoperante porque según las agendas de algunos es imposible reunirse trimestralmente; los planes de emergencia no se han puesto en práctica nunca; los trabajadores y trabajadoras no han recibido formación alguna en materia de seguridad y salud; no existe un servicio de prevención propio...

Los y las trabajadoras de Justicia nos encontramos con chorros de aire acondicionado que inciden directamente sobre puestos de trabajo, lo que provoca lesiones y enfermedades. Se dan temperaturas inadecuadas, corrientes de aire, malos olores, iluminación inadecuada y deficiente limpieza de los terminales y conductos de aire.

No existen planes de autoprotección, lo que conlleva falta de seguridad ante cualquier ataque. No se han realizado simulacros ni existen medidas para casos de emergencia. Y si un día ocurriera una desgracia, las puertas de emergencia o no existen o están cerradas. Por cierto, ¿recuerdan un anuncio de televisión y radio en el que se insistía en que las puertas de emergencia tenían que estar siempre abiertas y despejadas? Lo pagó este departamento.

No existen medidas de protección de la maternidad. Ni se forma a los y las trabajadoras en materias como ergonomía. Tampoco existe nada con respecto al acoso laboral o el mobbing. En ámbitos como el Instituto Anatómico Forense, donde se usan y almacenan litros de sustancias tóxicas y altamente inflamables, la prevención es totalmente inadecuada. Además, el sistema de eliminación de gases potencialmente peligrosos no funciona adecuadamente y las máquinas de rayos X no cuentan con dosímetros para avisar de niveles de radiación peligrosas.

Todas éstas son infracciones en materia de prevención de riesgos laborales consideradas graves por el Real Decreto legislativo 57/2000 en el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Esto es lo que el departamento obliga al resto de empresas a cumplir y, si no lo hacen, les sanciona.

Desde ELA llevamos un año realizando un trabajo específico en esta materia. Hemos revisado cada puesto de trabajo en los palacios de Justicia de la CAPV. Hemos trasladado nuestras conclusiones al departamento y hemos constatado la nula voluntad política del Departamento de Justicia del Gobierno vasco de aplicar la ley de prevención de riesgos laborales.

En el año 2006 denunciamos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social los incumplimientos del departamento en los palacios de Justicia. Los requerimientos realizados por los inspectores de trabajo fueron incumplidos por el Gobierno vasco.

Posteriormente solicitamos a Osalan interviniera para que, a la vista de los incumplimientos, impusiera al Gobierno medidas correctoras. Todo esto se recoge en un procedimiento creado por el propio Gobierno vasco y que tiene como objeto castigar a las Administraciones públicas que no cumplan en materia de prevención de riesgos laborales. La respuesta fue sorprendente: han publicado un decreto por el que se crea una entidad para que vigile la salud en las Administraciones, pero no hay ni presupuesto ni personal para llevarlo a cabo. La gravedad de lo que ocurre y la falta de respuestas nos han llevado a denunciarlo públicamente.

En conclusión y con respecto a lo que el departamento debe hacer hacia dentro, nos encontramos con que quien debe garantizar el cumplimiento de la ley se debe autoinspeccionar y en consecuencia autosancionar.

Y, por otro lado, en relación a lo que como máxima autoridad debe hacer cumplir a las empresas, ¿qué mensaje les envía cuando él mismo es incapaz de garantizar la seguridad en sus propios puestos de trabajo? ¿Qué clase de ejemplo dan? No tenemos ninguna duda de que el modo en el que se toman la salud laboral de puertas adentro es el modo en el que lo hacen hacia fuera. Queda claro que no es una prioridad, es sólo gesto. Esto explica, a nuestro entender, la tranquilidad e impunidad que siente en esta materia la clase empresarial. Saben que todo es propaganda.

* Responsables de ELA en Salud Laboral y sector de Justicia.