Firman también este artículo Baleren Bakaikoa, Luis Bandrés, Jon G. Olaskoaga, Patxi Zabalo y Xabier Ezeizabarrena, miembros todos de la iniciativa universitaria Elkarbide
No podemos mirar para otro lado. Ni a un solo lado. Tenemos que parar esto. Por una parte, la suspensión de ANV y EHAK, las detenciones de los dirigentes de Batasuna, el empleo de torturas en comisarías, los sumarios no garantistas como el 18/98, el cierre de medios de comunicación o los próximos procesos contra Egunkaria y Udabiltza o la judicialización de la política -caso Atutxa-Knörr-Bilbao, imputación al lehendakari- no son tolerables desde el respeto a los principios democráticos y los derechos políticos. Por otra parte, la violencia armada y los sabotajes como formas de lucha no tienen espacio político en los regímenes democráticos. Antes o después, quienes los ejercen o quienes los sostienen perderán toda legitimidad. Más aún, la violencia de ETA, además de matar y de ser una amenaza permanente contra los derechos humanos, cercena derechos civiles como el derecho de todas las personas y opciones políticas a defender libremente sus posiciones.
Desde luego, ETA sabía que la ruptura de la tregua traería la ilegalización de cualquier representación política de Batasuna. Y, desde su militarismo, la rompió. Pero eso no convierte la actual Ley de Partidos ni las indiscriminadas, repetidas y politizadas actuaciones judiciales en instrumentos de defensa legítima de la democracia. Todo no vale con la excusa de la eficacia antiterrorista: degrada a un Estado de Derecho.
La tesis de que todo aquel que no condene expresamente a ETA es, también, ETA constituye una desfachatez que quiebra el sentido común y la objetividad judicial. Para excluir a Batasuna del espacio político público sólo debería caber la constatación de una participación en los atentados contra personas, bienes o derechos. Es evidente que eso no ha ocurrido. Son un sinsentido las nuevas figuras judiciales que denuncian los 300 juristas europeos de la Iniciativa de Observación Internacional: el «terrorismo pacífico o desarmado» y el «terrorista sin saberlo».
La conjunción de medidas legales, resoluciones judiciales y actuaciones policiales contra Batasuna constituye una estrategia política que viola derechos democráticos básicos y, en especial, el derecho a que una opción política pueda defender sus propuestas, y sea la sociedad la que le dé o quite su apoyo. Sacarla ahora del sistema cuando antaño se quería que entrara es una apuesta propia de una democracia que no cree en sí misma y rezuma electoralismo.
Pero, además, esa estrategia carece de límites. Nada se salva de su incontrolada onda expansiva (Fundación Zumalabe, Egunkaria...). Ni siquiera las más altas instituciones vascas como la Mesa del Parlamento o el propio lehendakari, imputado por dialogar y a quien todavía le falta sufrir lo que venga por su compromiso con una 'consulta'. Se ponen obstáculos, un día sí y otro también, para desanimar a la sociedad y desviar el abordaje de los problemas de fondo.
La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, en nombre de la defensa de la democracia, compiten con el propio Gobierno por ir más allá de todo límite democrático. La excepción ya es la norma. Salvando las distancias entre los gobiernos de Zapatero y de Aznar respecto al diálogo político para la paz, ambos se han apalancado, en lo relativo a las libertades y derechos vinculados al conflicto vasco, en la estela del antiterrorismo preventivo de Bush desde el 11-S.
Tenemos que parar todo esto antes de que se consolide un agujero negro por el que, sin mesura alguna, vayan degradándose libertades y derechos. Lo peor que podría ocurrirnos como ciudadanía es que, cansados de las gestiones fracasadas -entre Gobierno y ETA para la paz y entre los partidos para la normalización democrática- desistiésemos de expresarnos en la esfera pública. Si queremos evitar una prolongación interminable de los conflictos hay que subir el volumen y el tono de la voz de la sociedad civil. La cuestión misma del derecho a decidir no es un territorio propiedad de las instituciones, ni la sociedad civil debe verla como algo ajeno.
Cuando el lehendakari hizo pública su hoja de ruta subrayó que el déficit principal de las anteriores propuestas estribó en el limitado peso que había tenido la sociedad civil. El riesgo sigue siendo el mismo. Excepto la iniciativa Erabaki, en la que también participamos, la movilización ciudadana apenas está pesando en el proceso.
Pero no basta con denunciar injusticias. También hay que empujar en la dirección de las soluciones. Por todo ello deben abordarse, de forma simultánea y sin condicionarse entre sí, los tres problemas que pueden convertirnos en un país viable o inviable: libertades, ETA y derecho de decisión.
Por nuestra parte asumimos un triple compromiso.
-El compromiso de no callarnos para parar esta degradación de derechos y libertades que constituyen las ilegalizaciones, las detenciones de miembros de una fuerza política así como la continuidad de prácticas de torturas en comisarías. Para ello, como colectivo universitario que somos, explicaremos esta situación por otras universidades del mundo y recabaremos su apoyo.
-Las mismas voces que nos alzamos contra esas injusticias hemos de exigir la definitiva paralización de ETA. No se trata sólo de negarle a ETA el derecho a representar a nadie o de insistir en sus efectos destructivos. Se trata, además, de que convirtamos en un clamor que esa violencia política constituye en sí misma una violación de nuestros derechos democráticos.
-Sostenemos el derecho de la sociedad vasca a decidir su futuro político. La convocatoria de consulta fijada por el lehendakari para el 25 de octubre -salvo que previamente haya un acuerdo con Madrid- es una fecha de referencia para constatar que hay un doble problema, de violencia y de falta de reconocimiento jurídico pactado de nuestra realidad nacional; y que requiere un final dialogado de la violencia (si no hay violencia) y una propuesta de acuerdo de normalización. Paralelamente se haría camino al andar si, como ámbito de concreción del derecho a decidir, se trabajara el contenido del preacuerdo de Loyola de 2006, ya sea entre partidos o en una comisión parlamentaria, desde el punto y momento mismo en que estuvieron de acuerdo PSE-EE, PNV y Batasuna.
Para empujar en esta triple dirección vamos a proponer, desde la pluralidad, un gran acuerdo de la sociedad civil vasca, a través de instituciones como los sindicatos, las iglesias, las universidades o los movimientos sociales, y que pudiera culminar en una gran manifestación de amplio espectro después de las elecciones.
No podemos mirar para otro lado. Ni a un solo lado. Tenemos que parar esto. Por una parte, la suspensión de ANV y EHAK, las detenciones de los dirigentes de Batasuna, el empleo de torturas en comisarías, los sumarios no garantistas como el 18/98, el cierre de medios de comunicación o los próximos procesos contra Egunkaria y Udabiltza o la judicialización de la política -caso Atutxa-Knörr-Bilbao, imputación al lehendakari- no son tolerables desde el respeto a los principios democráticos y los derechos políticos. Por otra parte, la violencia armada y los sabotajes como formas de lucha no tienen espacio político en los regímenes democráticos. Antes o después, quienes los ejercen o quienes los sostienen perderán toda legitimidad. Más aún, la violencia de ETA, además de matar y de ser una amenaza permanente contra los derechos humanos, cercena derechos civiles como el derecho de todas las personas y opciones políticas a defender libremente sus posiciones.
Desde luego, ETA sabía que la ruptura de la tregua traería la ilegalización de cualquier representación política de Batasuna. Y, desde su militarismo, la rompió. Pero eso no convierte la actual Ley de Partidos ni las indiscriminadas, repetidas y politizadas actuaciones judiciales en instrumentos de defensa legítima de la democracia. Todo no vale con la excusa de la eficacia antiterrorista: degrada a un Estado de Derecho.
La tesis de que todo aquel que no condene expresamente a ETA es, también, ETA constituye una desfachatez que quiebra el sentido común y la objetividad judicial. Para excluir a Batasuna del espacio político público sólo debería caber la constatación de una participación en los atentados contra personas, bienes o derechos. Es evidente que eso no ha ocurrido. Son un sinsentido las nuevas figuras judiciales que denuncian los 300 juristas europeos de la Iniciativa de Observación Internacional: el «terrorismo pacífico o desarmado» y el «terrorista sin saberlo».
La conjunción de medidas legales, resoluciones judiciales y actuaciones policiales contra Batasuna constituye una estrategia política que viola derechos democráticos básicos y, en especial, el derecho a que una opción política pueda defender sus propuestas, y sea la sociedad la que le dé o quite su apoyo. Sacarla ahora del sistema cuando antaño se quería que entrara es una apuesta propia de una democracia que no cree en sí misma y rezuma electoralismo.
Pero, además, esa estrategia carece de límites. Nada se salva de su incontrolada onda expansiva (Fundación Zumalabe, Egunkaria...). Ni siquiera las más altas instituciones vascas como la Mesa del Parlamento o el propio lehendakari, imputado por dialogar y a quien todavía le falta sufrir lo que venga por su compromiso con una 'consulta'. Se ponen obstáculos, un día sí y otro también, para desanimar a la sociedad y desviar el abordaje de los problemas de fondo.
La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, en nombre de la defensa de la democracia, compiten con el propio Gobierno por ir más allá de todo límite democrático. La excepción ya es la norma. Salvando las distancias entre los gobiernos de Zapatero y de Aznar respecto al diálogo político para la paz, ambos se han apalancado, en lo relativo a las libertades y derechos vinculados al conflicto vasco, en la estela del antiterrorismo preventivo de Bush desde el 11-S.
Tenemos que parar todo esto antes de que se consolide un agujero negro por el que, sin mesura alguna, vayan degradándose libertades y derechos. Lo peor que podría ocurrirnos como ciudadanía es que, cansados de las gestiones fracasadas -entre Gobierno y ETA para la paz y entre los partidos para la normalización democrática- desistiésemos de expresarnos en la esfera pública. Si queremos evitar una prolongación interminable de los conflictos hay que subir el volumen y el tono de la voz de la sociedad civil. La cuestión misma del derecho a decidir no es un territorio propiedad de las instituciones, ni la sociedad civil debe verla como algo ajeno.
Cuando el lehendakari hizo pública su hoja de ruta subrayó que el déficit principal de las anteriores propuestas estribó en el limitado peso que había tenido la sociedad civil. El riesgo sigue siendo el mismo. Excepto la iniciativa Erabaki, en la que también participamos, la movilización ciudadana apenas está pesando en el proceso.
Pero no basta con denunciar injusticias. También hay que empujar en la dirección de las soluciones. Por todo ello deben abordarse, de forma simultánea y sin condicionarse entre sí, los tres problemas que pueden convertirnos en un país viable o inviable: libertades, ETA y derecho de decisión.
Por nuestra parte asumimos un triple compromiso.
-El compromiso de no callarnos para parar esta degradación de derechos y libertades que constituyen las ilegalizaciones, las detenciones de miembros de una fuerza política así como la continuidad de prácticas de torturas en comisarías. Para ello, como colectivo universitario que somos, explicaremos esta situación por otras universidades del mundo y recabaremos su apoyo.
-Las mismas voces que nos alzamos contra esas injusticias hemos de exigir la definitiva paralización de ETA. No se trata sólo de negarle a ETA el derecho a representar a nadie o de insistir en sus efectos destructivos. Se trata, además, de que convirtamos en un clamor que esa violencia política constituye en sí misma una violación de nuestros derechos democráticos.
-Sostenemos el derecho de la sociedad vasca a decidir su futuro político. La convocatoria de consulta fijada por el lehendakari para el 25 de octubre -salvo que previamente haya un acuerdo con Madrid- es una fecha de referencia para constatar que hay un doble problema, de violencia y de falta de reconocimiento jurídico pactado de nuestra realidad nacional; y que requiere un final dialogado de la violencia (si no hay violencia) y una propuesta de acuerdo de normalización. Paralelamente se haría camino al andar si, como ámbito de concreción del derecho a decidir, se trabajara el contenido del preacuerdo de Loyola de 2006, ya sea entre partidos o en una comisión parlamentaria, desde el punto y momento mismo en que estuvieron de acuerdo PSE-EE, PNV y Batasuna.
Para empujar en esta triple dirección vamos a proponer, desde la pluralidad, un gran acuerdo de la sociedad civil vasca, a través de instituciones como los sindicatos, las iglesias, las universidades o los movimientos sociales, y que pudiera culminar en una gran manifestación de amplio espectro después de las elecciones.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario