viernes, 28 de noviembre de 2008

DESLEGITIMACIÓN DE LA VIOLENCIA Y VALORES DEMOCRÁTICOS



"El buen ciudadano o ciudadana es el que se rebela contra las leyes injustas. Es por ello que la aspiración colectiva a la paz no puede ser entendida como acatamiento al orden existente ni como renuncia voluntaria a la lucha por la profundización democrática, por la justicia social o por otros modelos de desarrollo. La deslegitimación de la violencia será un acto positivo si sirve para construir una nueva legitimación del derecho a la disidencia, a la desobediencia civil y a la insumisión política contra las situaciones de injusticia."

Tribuna de opinión para la Revista de Gesto por Paz “Bake Hitzak”

José Ramón Castaños
Asociación Ezker Gogoa

1.- VIOLENCIA POLITICA Y REPRESION DE ESTADO



La nueva ruptura de la tregua ha puesto fin al enésimo intento de buscar una salida negociada, y el regreso de ETA a la acción armada amenaza con la apertura de un nuevo ciclo de violencia política que empantanará la cuestión vasca en los mismos términos de sufrimiento, intolerancia y represión policial en que ha estado sumida en las últimas décadas.
La violencia política de ETA sigue atormentado la política vasca 50 años después de constituirse como movimiento político de izquierda abertzale. La acumulación de víctimas mortales se aproxima a 1000 personas en el curso de su historia, aunque para hacerse una idea de la magnitud del problema hay que referirse también a los actos de “kale borroka”, a los secuestros y a las extorsiones económicas.
La represión del estado no ha sido de menor intensidad. En un primer momento respondió con métodos terroristas: asesinato de varias decenas de militantes abertzales por “aparatos de estado” (GAL y otros), añadidos a los métodos clásicos de la represión policial: encarcelamiento de varias decenas de miles de personas, torturas en comisaría para obtener inculpaciones, dispersión de presos, etc.
Afortunadamente, algunas de estas prácticas han desaparecido, como es el caso de ciertas formas de “terrorismo de estado”, pero en cambio otras se han reforzado a través de legislaciones especiales como la ley antiterrorista y la ley de partidos, pensada para la ilegalización de Batasuna, o los tribunales de excepción como la Audiencia Nacional, pensados para emitir sentencias sin tener que demostrar con pruebas fehacientes los delitos de colaboración con el terrorismo a que son acusados sistemáticamente los dirigentes de la izquierda abertzale, la supresión de las redenciones de penas y la instauración de hecho de la cadena perpetua..
La violencia de ETA y la represión del Estado no son equiparables aunque ambas buscan legitimarse como violencias de respuesta a la agresión del otro. Ambas practican una doble moral: cada cual denuncia al otro porque conculca los derechos humanos, pero ninguna reconoce que también ella los conculca. Este hecho no debe conducirnos al relativismo moral ni a la equidistancia entre ellas. Quienes militamos en la izquierda estamos interesados en que la deslegitimación de ETA no se traduzca en legitimación del estado ni en persecución de la disidencia política como ocurre en la actualidad, pues no se puede construir un discurso coherente sobre los derechos humanos sin incorporar a ellos las ideas de libertad, igualdad, democracia, justicia y desobediencia contra las leyes injustas.

2.- EL CAMINO NO SERÁ CORTO

La violencia política está ampliamente deslegitimada en la sociedad vasca. La mayoría social no tolera ya más asesinatos políticos, pero aún así, la violencia persiste como un factor duradero que conculca derechos humanos y bloquea salidas políticas.
ETA tiene raíces profundas en la sociedad vasca. Se ha consolidado en el tiempo (su historia se remonta 50 años atrás). Se ha legitimado históricamente en la lucha contra la dictadura franquista primero, y en la oposición al centralismo español después, y ha creado, finalmente, un movimiento político de izquierda abertzale que representa al 12% del electorado vasco, con algunas oscilaciones según sea la fase de la actividad de ETA. Estos hechos demuestran por sí mismos que la solución del problema no será fácil pues requiere un cambio de cultura política en todos los agentes que actúan en el conflicto. De ETA en primer lugar, pues la violencia política que ejerce en nombre de la libertad nacional no la justifica ni la hace más tolerable desde el punto de vista de los derechos humanos. De la izquierda abertzale en segundo lugar, pues el silencio ante los crímenes de ETA no sólo alienta su acción, sino que deslegitima socialmente a la propia izquierda abertzale. Ese cambio de cultura debe llegar finalmente a la mayoría de los agentes sociales y políticos, pues sin ellos no será posible el consenso ciudadano en las medidas de profundización democrática que la situación requiere.


3.- LEGALIDAD POLITICA Y DERECHO DEMOCRATICO

El Estado español justifica las medidas de excepción contra la izquierda abertzale con el pretexto de “combatir el terrorismo”. A veces se habla incluso de frenar la “secesión vasca” (que se considera como un proyecto antidemocrático en si mismo), y casi siempre se apela a la Constitución como un texto sagrado; como si fuera de ella no existiera posibilidad alguna de “convivencia democrática”.
En la literatura política de los “políticamente correctos” se da por seguro que las leyes de excepción son políticas democráticas de Estado por el mero hecho de que han sido adoptadas desde mayorías parlamentarias muy holgadas, o porque han obtenido el apoyo incondicional de Partidos, Sindicatos, asociaciones patronales, medios de comunicación, intelectuales, jueces y jerarcas de la Iglesia. Pero este amplísimo consenso que tienen no las convierte a su pesar en políticas democráticas. Entre otras cosas, porque no se puede identificar groseramente la legalidad política con el derecho democrático, ni la legitimación social que el Estado obtiene a través de esos agentes sociales y políticos en prueba irrefutable de “razón democrática”. El consentimiento ciudadano en una determinada política de estado no es razón suficiente para justificarla, de igual modo que el hecho de tener un sistema de partidos políticos y de elecciones libres no es garantía suficiente de democracia política.
El sistema político español es una democracia de baja calidad con tendencias acusadas al retroceso. Los hechos que confirman esta aseveración están en la memoria de todos. Basta recordar, por ejemplo, que la Constitución afirma la “unidad indisoluble de España” (negación del derecho de autodeterminación de las nacionalidades); que los partidos políticos que se alternan en la gestión del estado (PP y PSOE) promueven siempre, cada uno a su modo, la injerencia del Estado sobre el autogobierno de las nacionalidades (recorte de competencias, rechazo en Cortes del nuevo proyecto de Estatuto aprobado por el Parlamento Vasco; “cepillado” del Estatuto catalán, anulación de la consulta ciudadana promovida por el Gobierno Vasco, etc.). Lo peor de todo es que estas políticas de afirmación centralista se asientan en discursos nacionalistas españoles (negación de otras naciones que no sean la nación española y proclamación de un supuesto derecho de Estado que se sitúa siempre por encima de la voluntad de los pueblos). En este discurso convergen el centralismo liberal y republicano de las “culturas de izquierda” con el ideario conservador del nacional-catolicismo de las derechas clásicas, empujando hacia atrás la evolución del sistema democrático

4.- CULTURA DEMOCRATICA Y MONOPOLIO DE LA VIOLENCIA

La deslegitimación de la violencia debe hacerse para legitimar otros métodos de lucha y de acción política contra las injusticias del sistema social y político dominante. La izquierda nunca debe transferir al Estado la legitimidad de la lucha contra ETA porque en esa “delegación de funciones” se legitiman sus injusticias. Dicho sea de paso, tampoco se puede otorgar al Estado el monopolio de la violencia porque sabemos que el uso que de ella hace es y ha sido siempre favorable a los intereses de las clases dominantes. Todos los pacifistas del mundo saben que la oposición a la guerra y las garantías de paz están en el desarme unilateral de los Estados. De igual modo y por los mismos motivos, el control sobre la violencia debe pasar del estado a la sociedad civil.
Tampoco puede invocarse la “razón de Estado” como argumento democrático en la deslegitimación de la violencia porque los discursos relativos al acatamiento de la ley como paradigma del buen ciudadano han sido siempre discursos interesados en crear ciudadanos sumisos al orden impuesto por los grupos de poder. El buen ciudadano o ciudadana no es el que cumple la Ley sin preguntarse antes si la Ley es o no una Ley justa. El buen ciudadano o ciudadana es el que se rebela contra las leyes injustas. Es por ello que la aspiración colectiva a la paz no puede ser entendida como acatamiento al orden existente ni como renuncia voluntaria a la lucha por la profundización democrática, por la justicia social o por otros modelos de desarrollo. La deslegitimación de la violencia será un acto positivo si sirve para construir una nueva legitimación del derecho a la disidencia, a la desobediencia civil y a la insumisión política contra las situaciones de injusticia.
El compromiso con la defensa de las libertades nos emplaza así a trabajar en dos direcciones complementarias: (1) en la crítica de ETA y en la demanda para que abandone libre y voluntariamente las armas, y (2), en la crítica del estado y en la demanda de soluciones democráticas al problema vasco. El problema no sólo consiste en restablecer la dialéctica entre fines y medios sino en construir a partir de ella una cultura de los derechos humanos que, junto al derecho a la vida, a la paz y a la democracia, incorpore el derecho de autodeterminación nacional y el derecho a la rebeldía política por métodos democráticos.
Las particularidades del caso vasco nos emplazan además a prestar especial atención al respeto de todas las identidades nacionales (particularmente de la identidad vasca porque está sometida al riesgo de asimilación por la identidad española a través del Estado), a la promoción del euskera hasta situarla en igualdad de condiciones con el castellano, y al diálogo político en base al respeto de los principios democráticos universales: el derecho de las nacionalidades a decidir libremente su futuro, la solidaridad entre los pueblos y el pacto entre sus instituciones de autogobierno


5.- DEMANDAMOS A E.T.A. EL FINAL VOLUNTARIO DE LA VIOLENCIA

En primer lugar y sobre todo, por razones de ética política. La contradicción entre fines y medios pervierte los objetivos y los proyectos libertarios. La justicia de un fin (la autodeterminación nacional en este caso), no justifica el método empleado por ETA (el asesinato político utilizado profusamente como medio de presión). Los métodos de acción tienen que ser justificados en sí mismos; esto es, con independencia de la justicia del fin en cuyo nombre se realizan. Ellos deben incluir en su propia naturaleza la justicia de los fines, y para que esto ocurra es todo punto necesario que ETA abandone voluntaria e incondicionalmente la acción armada.
En segundo lugar, por razones de utilidad práctica, pues el grado de violencia que ETA ejerce resulta intolerable desde el punto de vista de los derechos humanos y de la conciencia ciudadana La violencia de ETA perjudica sobre todo a la propia izquierda abertzale, pues lejos de contribuir a la obtención de mayorías sociales en apoyo de su proyecto político contribuye a su aislamiento y minorización.
En tercer lugar, porque la violencia de ETA somete a la izquierda abertzale a un ejercicio de hipocresía similar al que ejerció el régimen stalinista sobre los partidos comunistas hasta épocas recientes. Y, porque al igual que en esos casos, el silencio sobre los crímenes políticos cometidos en nombre de la libertad o del comunismo es sinónimo de complicidad. La teoría según la cual la crítica de ETA favorece al estado produce los efectos contrarios pues nadie en su sano juicio tomará en serio a quien reivindica al estado los derechos humanos y se niega a hacerlo cuando es ETA quien los conculca. Esa doble moral arruina el proyecto la izquierda abertzale.
Las reivindicaciones democráticas requieren la utilización de métodos democráticos respetuosos de los derechos humanos y situados a la misma altura moral que la democracia que se reivindica.


6.- DEMANDAMOS AL ESTADO EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Porque en el estado español hay leyes injustas a cuyo amparo se atropellan los derechos humanos. Y no me refiero sólo al caso de las torturas en las dependencias policiales, denunciado insistentemente por Amnistia Internacional, ni a la prolongación arbitraria de las sentencias judiciales una vez que los presos políticos han cumplido sus condenas (doctrina Parot), ni a la dispersión injustificada de los presos políticos en cárceles muy alejadas de sus lugares de residencia. Me refiero también a todo el arsenal de leyes especiales como la “Ley de partidos” y la “Ley antiterrorista”, pensadas para dar una apariencia de legalidad a la persecución de la izquierda abertzale; o los Tribunales especiales como el de la Audiencia Nacional, que emiten sus sentencias por interés político, como en los casos del cierre de periódicos (Egin y Egunkaria), del encarcelamiento de la Mesa Nacional de Batasuna, o de la sentencia contra la Fundación Joxemi Zumalabe. La defensa efectiva de los derechos humanos exige la derogación de estas leyes y la disolución de estos Tribunales. Para juzgar los delitos de terrorismo se bastan y sobran las leyes ordinarias y los tribunales ordinarios, y todo lo que exceda de ellos debiera disolverse en razón al respeto de los derechos humanos


7.- UN PACTO DEMOCRÁTICO POR LA AUTODETERMINACION NACIONAL

Los mínimos democráticos para asegurar una convivencia democrática digna de tal nombre en Euskadi debieran garantizar el derecho del pueblo vasco a decidir su futuro político sin límites previos ni injerencias externas.
En primer lugar, porque el reconocimiento del derecho de autodeterminación no equivale a más nacionalismo sino a más democracia. En segundo lugar, porque la minoría de ciudadanos vascos que se oponen al reconocimiento de este derecho no debiera apoyarse en la fuerza del Estado español ni en la letra escrita de la Constitución española para vetar el reconocimiento de ese derecho a la mayoría social que lo reclama. En tercer lugar, porque la autodeterminación no prefigura ni la independencia nacional ni el federalismo, ni la libre unión, ni cualquier otro modelo de relación entre nacionalidades. Ella sólo es un procedimiento de consulta para que las sociedades puedan decidir entre todas las opciones posibles. De ahí su carácter democrático.
El pacto para la convivencia que aquí se propone está pensado en modelos confederales de relación igualitaria entre nacionalidades, pues el sistema político que se deriva de la aplicación de este concepto permite combinar la soberanía nacional de cada parte con la solidaridad política entre ellas. El modelo confederal incluye garantías de no injerencia del Estado en el autogobierno vasco sobre las materias reservadas a su soberanía exclusiva, al tiempo que obliga a la solidaridad compartida con los otros pueblos del Estado sobre todas las materias de interés común. Nunca está de más insistir en los dos aspectos de esa relación


8.- PAZ Y DEMOCRACIA

Antes de cerrar esta tribuna de opinión me gustaría hacer una observación sobre la propuesta que se nos hace desde algunos foros de debate político, emplazándonos a renunciar al derecho de autodeterminación para no conceder a ETA una victoria sobrevenida a un supuesto abandono voluntario de las armas.
Yo no comparto esta opinión.
En primer lugar, porque la paz y la democracia son dos aspiraciones colectivas que deben ser reconocidas a cambio de nada. El derecho a la vida, la paz, entendida como ausencia de violencia política, es una demanda que ETA debe reconocer como un valor en sí mismo aunque el Estado español no reconozca el derecho de autodeterminación del pueblo vasco. Por idénticos motivos, y con independencia de la acción de ETA, el estado español está obligado a reconocer el derecho de decisión de los ciudadanos vascos en razón a los principios de la democracia. Los ciudadanos vascos tenemos derecho a exigir democracia (reconocimiento del derecho a decidir), independientemente de la acción de ETA, de igual modo a como reclamamos de ella el abandono voluntario de la violencia aunque el Estado no reconozca aquél derecho.
Estas dos aspiraciones resumen a la perfección lo que casi todo el mundo sabe: que los derechos humanos y las libertades democráticas no son mercancías que pueden regatearse en el bazar de la política, sino principios inspiradores de la convivencia democrática. Su realización práctica nunca será la victoria sobrevenida de ETA ni la victoria sobrevenida del Estado. Ela será, en caso de realizarse, la victoria colectiva de la razón y del derecho.

Bilbao 5 de octubre de 2008


(Nota del Blogero.- Este es un documento síntesis de principios y programa imprescindible para la conformación de cualquier izquierda revolucionaria que quiera construirse en Euskal Herria. Marce)